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PELIGRO DE UNA VISIÓN NEGATIVA EN DD. H

PELIGRO DE UNA VISIÓN NEGATIVA EN DD. H

Como lo han reconocido las Organizaciones No gubernamentales (ONG) nacionales y extranjeras, las entidades como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, y la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU), la situación de derechos humanos en Colombia es grave.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
07 de abril 1996 , 12:00 a. m.

Este reconocimiento, no debe llevarnos a ignorar que por primera vez en muchos años, el Gobierno ha tenido la voluntad política para asumir esta situación como un problema de Estado, adoptando importantes medidas tendientes a garantizar el respeto de los derechos humanos.

Uno de los derechos más violentado es el derecho a la vida. Las estadísticas de diferentes entidades coinciden en aproximadamente 25.000 muertes violentas durante 1995.

En esas condiciones, la inseguridad y la impunidad adquieren características de calamidad pública y por consiguiente no está bien politizar parcialmente la situación.

Justo es exigir justicia por los 2.000 asesinatos políticos, pero injusto no exigirla por las 23.000 restantes, en una especie de manejo maniqueo de las cifras que impide ver cómo, entre tantos problemas que nos agobian, uno de los principales es la violación del derecho a la vida por lo más variados actores violentos: delincuencia común, narcotráfico, guerrillas, paramilitares, agentes aislados del estado y otras formas delincuenciales.

Importantes ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos en el mundo como Amnistía Internacional, America s Watch, Wola y delegaciones de las Naciones Unidas que han visitado el país, han afianzado su posición para solicitar en la 52a. reunión de la comisión el nombramiento de un relator especial para Colombia.

Esta apreciación respetable de importantes entidades no valora suficientemente la voluntad política que se tiene para superar el problema, agravado por una dantesca competencia: una especie de emulación entre quienes se disputaron el primer lugar en número de muertos para exhibir las listas ante la comunidad internacional.

El alto nivel de deterioro de los derechos humanos en el país exige una responsabilidad del Estado para asumir la superación del problema. No se trata de un simple reconocimiento del mismo, sino de adoptar los correctivos necesarios para superarlo y, en verdad que en parte esta responsabilidad ha sido asumida. De allí que el tiempo sea corto para producir un balance definitivo frente a la evolución de la situación.

De adoptarse una determinación sancionatoria en Ginebra, en nada mejorará la situación de derechos humanos en el país y por el contrario afianzaría las posiciones más radicales de extrema derecha y extrema izquierda.

Recordemos cómo durante 1995 la violación al derecho internacional humanitario se produjo fundamentalmente por la acción de los paramilitares y sectores de la guerrilla.

En estas condiciones, las posiciones que propugnan por cambios reales en la materia se verían de nuevo relegadas y estaríamos ante el endurecimiento de un Estado acosado por la agudización de los distintos actores de violencia interna y presionado por la comunidad internacional.

Por ello, cuando nos proponemos llamar la atención sobre los derechos humanos en Colombia ante la comunidad internacional, debemos tener en cuenta el impacto que en sectores progresistas muy importantes producen posiciones negativistas.

De ahí el peligro de dar la espalda a pequeños pero importantes avances en derechos humanos obtenidos con el esfuerzo de las mismas ONG, entidades y personas que han venido trabajando desde tiempo atrás. Estaríamos, en consecuencia, ante un retroceso político.

En el terreno económico, una calificación negativa, reduciría las posibilidades de cooperación e intercambio comercial con la Comunidad Europea principalmente en el sector agrícola. El banano, las flores y el café, entre otros, se verían seriamente afectados con las consiguientes implicaciones sociales. Se equivocan quienes afirman que una condena de la ONU no significa una sanción.

A las consecuencias generadas por la arbitraria descertificación intervencionista de los Estados Unidos, sumaríamos entonces una sanción de la ONU que colocaría a Colombia en una muy difícil situación ante la comunidad internacional. Nada de esto debe alegrarnos.

* Ex senador de la AD-M19. Pertenece al desmovilizado grupo Esperanza, Paz y Libertad .

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