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Y SE ARMÓ EL TRANCÓN LEGISLATIVO

Dos consecuencias inmediatas ha tenido el escándalo de los congresistas mencionados por la Fiscalía. Por una parte, el impresionante trancón legislativo que se vive en el Congreso.

Y por otra, el realinderamiento de los partidos Liberal y Conservador frente a la crisis.
Cómo separar el debate político originado en el informe de la Fiscalía con el debate político que deben tener los proyectos de ley que cursan en el Congreso?
Es una misión casi imposible. La semana pasada se vio claramente cómo el debate sobre las decisiones de la Fiscalía copó toda la agenda del Congreso.
Y apenas quedan seis semanas para que concluya el período de sesiones.
Por ejemplo, qué puede pasar con el Ministerio de la Cultura, una de las banderas del Gobierno? Un mal síntoma se vivió en la Comisión Sexta del Senado. El miércoles pasado había allí una proposición para discutirlo conjuntamente con la Sexta de Cámara, y por sugerencia del senador Bernardo Guerra se negó esa posibilidad. Este hecho hará que se retrase su estudio.
Por otra parte, a duras penas la Comisión Primera del Senado logró avanzar en la aprobación del mamotreto que constituye la ley estatutaria de justicia, y es muy probable que salga en breve a discusión en plenarias. Pero nadie garantiza que en éstas no se presente un debate de insospechadas consecuencias entre el Fiscal, arte y parte en la aprobación del proyecto, y los miembros de las dos cámaras.
El problema de esta ley es que tiene carácter estatutario, es decir, si no es aprobada antes del 20 de junio, cuando se clausura la legislatura, sencillamente se hunde.
Y qué del plan de desarrollo?
Se trata de otro mamotreto de casi 200 artículos que tiene que ver con las fibras íntimas de las regiones colombianas y, por su puesto, con los intereses de los congresistas. Si no es aprobado antes de una semana, el Gobierno tendría que adoptarlo por decreto.
Estos son solo algunos proyectos que tienen que disputar el escaso tiempo que le queda al Congreso con los inevitables debates sobre la decisión de la Fiscalía y la suspensión de los nueve liberales.
Aun falta saber qué puede pasar con el proyecto central del Gobierno: la reforma tributaria.
Y con otro no menos importante para la depuración interna y para la imagen del país sobre todo en Estados Unidos: el estatuto anticorrupción. La penalización del lavado de dinero, contemplado en este proyecto, ha sido mencionada varias veces en el Departamento de Estado como uno de los instrumentos más importantes para combatir el narcotráfico. Y al paso que va puede quedar en letra muerta.
Para lograr algún éxito en la agenda legislativa, el Gobierno tendrá que hacer malabarismo político. Esta tarea, en circunstancias normales , se arregla con desayunos en Palacio. Pero en los actuales momentos no bastará la maratón gastronómica ni burocrática en que se convierten las últimas semanas legislativas. Algunos congresistas están en plan de conminar al Gobierno para que les mande un salvavidas. Y, según una fuente cercana a Samper, el Presidente no se va a jugar esa carta.
La segunda consecuencia de la crisis es el realinderamiento de los partidos. En un principio el conservatismo quiso sacarle partida al hecho de que en la lista de la Fiscalía no hay, afortunadamente -como dijo el directorio de ese partido-, ningún conservador.
Más se demoró el directorio en publicar el comunicado que el senador Santofimio en decir que si acaso se les olvida que Fabio Puyo es prófugo por el caso del Guavio, y Alberto Giraldo, también conservador, huye de la justicia.
El directorio se abstuvo después de hacer otros comentarios.
Un experto en comportamiento de los partidos dijo que el liberalismo se la está jugando a fondo. Si sale bien librado, dejará demostrada una gran capacidad de autocrítica y depuración. Mientras el conservatismo se habría quedado mirando los toros desde la barrera.
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