OBLIGATORIAS, DECISIONES DE ASAMBLEAS

OBLIGATORIAS, DECISIONES DE ASAMBLEAS

José Cuervo, médico propietario de un consultorio en un edificio de profesionales, fue designado como administrador honorario.

29 de abril 1995 , 12:00 a.m.

Manifiesta haber cumplido con lo dispuesto por la asamblea de copropietarios para el cambio de localización y redistribución de los parqueaderos en zonas comunes y del acceso de los pacientes.

En razón de que esa ejecución de la voluntad de la asamblea le ha causado inconvenientes, solicita orientación sobre los siguientes aspectos: Habiendo sido aprobada en asamblea la adecuación y localización de una zona común de parqueaderos, puede esta decisión ser afectada y no realizada por la oposición posterior de un propietario que estuvo presente en la asamblea? Si esa reorganización no altera el número de autos estacionados, pero a la vez se destina un espacio permanente para el acceso de los pacientes, no prima el beneficio común? Respuesta La asamblea de propietarios es el órgano competente dentro del régimen de la propiedad horizontal para reglamentar el uso y el goce de los bienes comunes.

De conformidad con el Decreto Reglamentario 1365 de 1986, las decisiones de la asamblea obligan a todos los propietarios de unidades privadas, incluso a los ausentes y disidentes, así como a los asesores y ejecutores de la administración y a los usuarios del edificio.

Los asuntos aprobados por la asamblea deben ser de carácter general y ajustados a las leyes, decretos o reglamentos.

La última previsión incluye, entre otros aspectos, lo relativo a los requisitos y formalidades para las convocatorias, quórum deliberatorio y decisorio.

En el acta de la asamblea que adjuntó el consultante se lee que la decisión se adoptó con el quórum reglamentario y no hay constancia de oposiciones de uno o más propietarios.

En este caso, prevalece el interés general y es un deber de todos los propietarios acatarla mientras no se impugne ante el juez y éste decida sobre la misma.

Por otra parte, casi todos los reglamentos contemplan la cláusula compromisoria o de arbitramento.

Así, los conflictos que se presenten entre los propietarios o entre éstos y los órganos de administración por el ejercicio de los derechos de uso y goce sobre los bienes comunes, podrán ser resueltos por árbitros.

Si no se hubiese previsto esa situación, la ley establece que las diferencias serán sometidas a decisión del juez en un proceso verbal regulado por el Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, se sugiere agotar esos procedimientos, de acuerdo a lo previsto en el reglamento de propiedad horizontal.

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