DESINVESTIDURA PARA CONCEJALES

DESINVESTIDURA PARA CONCEJALES

Los concejales del país podrán perder su investidura mediante un proceso similar al que se adelanta contra los congresistas cuando incurran en alguna de las causales consignadas en el Artículo 183 de la Constitución Nacional.

29 de abril 1995 , 12:00 a. m.

Con base en este criterio, ayer, por primera vez, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca despojó de su investidura a un concejal del país.

La decisión la adoptó la Sección Primera de esa corporación al fallar una demanda instaurada contra dos concejales de Quetame, elegidos el 30 de octubre del año pasado para el período 1995-1997.

Aunque el fallo definitivo solo será revelado la próxima semana, EL TIEMPO conoció que, con ponencia de la magistrada Beatriz Martínez Quintero, la corporación decidió despojar de su investidura a los concejales, quienes se desempeñaban como profesores de un plantel educativo local.

En criterio del Tribunal, los concejales estaban inhabilitados por desempeñarse como profesores y tanto el Estatuto Docente como la Ley 136 -Régimen Político y Municipal- les prohíbe ser miembros de una corporación de elección popular por ser empleados públicos y en este caso no hay excepciones.

Esta es la segunda vez que el Tribunal de Cundinamarca se pronuncia sobre una pérdida de investidura de concejales, Como lo informó oportunamente este diario el 10 de octubre del año pasado, la misma sección inadmitió la desinvestidura de la ex juez y ex concejal de Ibagué, Martha Cecilia Medina Sotelo, quien perdió automáticamente la investidura, luego de ser condenada en un proceso penal.

Suspenden a alcalde El profesor Nelson Ortiz Ovalle no podía ser inscrito como candidato a la Alcaldía Local del Rafael Uribe Uribe y mucho menos nombrado por el alcalde mayor, Antanas Mockus, pues estaba inhabilitado por ser empleado oficial al servicio del Distrito Capital.

Con base en este criterio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió ayer transitoriamente los efectos del decreto que lo designaba como alcalde de esa localidad.

Así está consignado en el auto que admitió la demanda contra el Decreto 125, expedido el pasado 14 de marzo por el alcalde Mockus, y mediante el cual nombró a Ortiz como alcalde local de ese sector de la Capital.

Según la demanda, instaurada por el personero, Hernando Gutiérrez Puentes, al nombrar a Ortiz, el Alcalde Mayor desconoció el Artículo 322 de la Constitución, que consagra el régimen especial del Distrito Capital.

Igualmente, el Alcalde violó los artículos 66 y 84 del Decreto Ley 1421 -Régimen político, fiscal y administrativo o Estatuto de Bogotá-. que consagran como una de las inhabilidades para poder ser elegido Alcalde Local, el desempeñarse como empleado público en el Distrito dentro de los tres meses anteriores a la inscripción de la candidatura.

En criterio del Personero, Ortiz Ovalle no debió ser incluido en la terna para nombrar al Alcalde Local pues no reunía los requisitos exigidos para ello y, además, estaba cobijado por una de las inhabilidades que el Decreto 1421 señala para los ediles y que se hacen extensivas a los alcaldes locales.

La Sección Primera del Tribunal acogió la ponencia del magistrado Darío Quiñones y encontró que para la época de su postulación por parte de la Junta Administradora de la Localidad 18, Ortiz lleva 17 años y 7 meses al servicio del Distrito, en calidad de docente, y para la fecha de su nombramiento seguía desempeñando el mismo empleo.

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