EN CÓRDOBA, LA VIOLENCIA DESPLAZA A MÁS DE CIEN MIL CAMPESINOS

EN CÓRDOBA, LA VIOLENCIA DESPLAZA A MÁS DE CIEN MIL CAMPESINOS

En los últimos once años, los desplazamientos de campesinos de zonas de violencia hacia las cabeceras municipales de Córdoba se han reflejado en el incremento de la pobreza, la disminución de la producción agropecuaria y el notable crecimiento de la economía informal.

28 de abril 1995 , 12:00 a.m.

Entre 1985 y 1994 llegaron 68.146 campesinos procedentes de las áreas urbanas y rurales de los diferentes municipios de Urabá y el bajo Cauca.

Sólo en Montería se contaron 35.081 desplazados provenientes de sus corregimientos, y de los municipios de Canalete, Tierralta, Valencia, Planeta Rica y San Carlos, y del Urabá antioqueño y chocoano.

Pero también hay familias nómadas , que se mudan constantemente al vaivén del desempleo y la violencia. En esas condiciones se contabilizaron a 30.000 cordobeses que salieron para Urabá, 17.000 de ellos deambulando de uno a otro sitio de acuerdo con las circunstancias de trabajo e inseguridad. Mientras que 9.000 se fueron para el bajo Cauca y resto de Antioquia; y 8.000 mil emigraron para el resto de la Costa, interior del país y Venezuela.

Es decir, el desplazamiento forzoso afectó de manera directa a una población aproximada a las 115 mil personas y cubrió extensos territorios de Córdoba, Urabá y parte del bajo Cauca.

La información se desprende de un estudio realizado por el secretario de Gobierno de Córdoba, Benito Osorio Villadiego; y el asesor del Programa de Víctimas de la Violencia de la Red de Solidaridad Social, Víctor Negrete Barrera.

El análisis está consignado en un documento que será ponencia en el Foro por la Defensa de la Paz, que se realiza a partir de las once de la mañana de hoy en Montería, y que presidirá el alto Comisionado para la Paz, Carlos Holmes Trujillo. Una de las inquietudes es la crítica situación de orden público en la zona, en especial lo referente al éxodo de familias campesinas desde el alto Sinú a las cabeceras municipales en busca de refugio.

A la reunión, en el auditorio del centro Tacasuán, asistirán las autoridades departamentales, municipales, dirigentes cívicos y gremios.

Osorio Villadiego y Negrete Barrera plantean que el desplazamiento forzoso de los campesinos se debe a la violencia en sus distintas manifestaciones (conflicto entre el paramilitarismo, guerrilla y las Fuerzas Armadas), obligando a miles de familias a abandonar, subrepticiamente o bajo plazos perentorios, sus lugares habituales de vivienda o trabajo.

El ir y venir El mayor porcentaje de los desplazados corresponde a campesinos sin tierra, pequeños y medianos propietarios; les siguen los trabajadores rurales vinculados a haciendas agrícolas, ganaderas e independientes, colonos, mineros, aserradores y buscadores de oro; en la lista también figuran ganaderos, agricultores, comerciantes, educadores, abogados, periodistas y administradores de haciendas.

El secretario de Gobierno y el Asesor del Programa de Víctimas de la Violencia sostienen que el desplazamiento ocasionó una redistribución caótica de la población con la aparición y crecimiento de asentamientos subnormales o barrios populares en algunas cabeceras. Esta presencia no fue prevista ni atendida por las administraciones oficiales y más bien fue ignorada, lo que explica la ausencia de políticas y programas para frenar y mitigar el éxodo.

Con el desplazamiento se incrementó la pobreza. A tal punto que 51.110 desplazados -el 75 por ciento de los 68.146- se encuentran en condiciones más desventajosas de las que poseían en sus sitios de origen.

De 12.390 familias de pequeños productores o ganaderos, 6.860 familias son hoy desplazadas, cuya actividad económica es casi imposible de recuperar porque la mayoría de ellos malvendieron sus tierras y otros tuvieron que abandonarlas.

De acuerdo con este estudio, las formas de vida de las comunidades que expulsan o reciben emigrantes son modificadas leve o severamente, incluso algunas desaparecen, mientras que otras pocas logran sobreponerse.

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