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SE CAERÍA EL CONCORDATO

SE CAERÍA EL CONCORDATO

El desplome parcial del Concordato entre Colombia y la Santa Sede empezó en la Corte Constitucional su cuenta regresiva. En medio de un ambiente mayoritario favorable a declarar la inexequibilidad de unas diez normas del instrumento, la Corte en pleno asumió oficialmente el examen jurídico sobre la exequibilidad o no del tratado.

El TIEMPO estableció en fuentes de absoluto crédito que la ponencia a estudio de la Corte subraya la competencia de la Corporación para pronunciarse sobre la exequibilidad o no del tratado, y enfatiza en la inconstitucionalidad de varias de las disposiciones del acuerdo.

El concepto mayoritario en la Corte sería que las prerrogativas reconocidas por el Concordato a la Iglesia Católica educación religiosa; efectos civiles del matrimonio católico e imposibilidad de divorcio; fuero especial para el juzgamiento de clérigos y excención de impuestos, entre otros serían violatorios de los derechos a la igualdad, las libertades de conciencia, cultos y religión y del principio de autonomía de las entidades territoriales para determinar tributos.

Para empezar, el criterio de la Corte es que los tratados suscritos por Colombia con antelación a la expedición de la Constitución de 1991 pueden ser objeto de revisión y deben ser declarados inexequibles en aquellos aspectos que se opongan al nuevo orden jurídico establecido. Expresado de otro modo explicó un magistrado no puede existir tratado alguno por encima de la Constitución, ni prevalecer cuando las materias que regula son violatorias de la Carta .

La posición mayoritaria sobre la competencia de la Corte para revisar los tratados internacionales suscritos por Colombia antes del cuatro de julio de 1991 abre muchas posibilidades para la futura demanda de acuerdos bilaterales y multilaterales de diverso orden.

La tesis de la Corte, sin embargo, se sustentaría en los artículo 4 y 241 de la Carta que prevén, respectivamente: La Constitución es norma de normas (...) Es función de la Corte decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben .

La segunda norma hace referencia al control previo que sobre los tratados y las leyes que los aprueben debe ejercer la Corte y que ha de producirse con antelación al canje de notas diplomáticas y a la ratificación de los convenios.

Con todo, a juicio de la mayoría de la Corte, el mensaje final de esta norma es que la Constitutyen asignó a la Corporación la facultad de pronunciarse sobre tratados internacionales a fin de impedir que eliminar en el ordenamiento jurídico la existencia de normas contrarias a la Carta.

Así, el proyecto de sentencia constituido originalmente por cerca de 180 folios señala como vulnerados los principios constitucionales de la igualdad, la libertad de conciencia, el acceso a la justicia y el principio del juez natural.

Otro aspecto en las discusiones es el que hace a la violación del principio de autonomía de las entidades territoriales para declarar tributos.

En este último ámbito la controversia se concentra en si la Iglesia Católica puede o no mantener sus actuales privilegios en materia de excención tributaria en perjuicio de otras congregaciones que están sujetas al pago de gravámenes.

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