SON DIEZ, LOS CASOS CONTRA CONGRESISTAS

SON DIEZ, LOS CASOS CONTRA CONGRESISTAS

En lo que se calificó como una extraña coincidencia, a la Corte Suprema de Justicia llegó ayer una demanda penal en contra de todos los miembros del Congreso de la República.

27 de abril 1995 , 12:00 a.m.

El nuevo asunto se constituyó en el caso número diez en contra del legislativo, e ingresó para estudio de la Sala Penal, justo cuando los ocho magistrados iban a hacer el reparto aleatorio de las pruebas que la Fiscalía General de la Nación tiene en contra de los nueve congresistas, por presunto enriquecimiento ilícito.

La denuncia penal señala que los congresistas desconocieron el fallo del Consejo de Estado que ordenó la pérdida de investidura del ex senador Ricaurte Losada. El proceso fue iniciado por un ciudadano al que se identificó como Reynaldo Martínez Villamizar.

En el mismo reparto quedaron incluidos, el nuevo caso penal contra todos los miembros del Congreso, las pruebas contra los nueve congresistas y tres asuntos más, de otra índole. Al término del reparto, el estudio de la denuncia contra los miembros del Congreso recayó en el presidente de la Sala Penal, magistrado Nilson Pinilla Pinilla, quien por otra extraña coincidencia no salió favorecido con ninguno de los casos de los nueve congresistas investigados por la Fiscalía.

Por su parte, el magistrado Ricardo Calvete Rangel deberá estudiar el caso del representante Rodrigo Garavito, mientras que el magistrado Guillermo Duque Ruiz deberá conocer las pruebas en contra del ex representante Jaime Lara Arjona y del senador, Alberto Santofimio Botero.

El magistrado Dídimo Páez Velandia conocerá por su parte el caso de la senadora María Izquierdo, mientras que el magistrado Carlos E. Mejía Escobar también estudiará dos casos: el de la representante Ana de Pechtalt y del senador Armando Holguín.

El caso del presidente de la Cámara y miembro de la Dirección Nacional Liberal, Alvaro Benedetti, será conocido por el magistrado Edgar Saavedra Rojas.

El análisis de las pruebas de la representante y también miembro de la Dirección Liberal, Yolima Espinosa, correspondió por reparto al magistrado Juan Manuel Torres Fresneda.

Finalmente, el magistrado Jorge E. Valencia Martínez, conocerá el caso del senador José Guerra De La Espriella.

Expediente voluminoso El presidente de la Sala Penal señaló que solo hasta ayer en la mañana la Fiscalía remitió a la Corte un voluminoso expediente con las pruebas contra los nueve congresistas liberales y que ahora esa sala deberá decidir si existen o no méritos para iniciar procesos penales.

La Corte recibió esta mañana un voluminoso expediente, conformado por cinco cuadernos originales, diez cuadernos anexos y un cuaderno original por cada congresista. Los casos fueron entregados por separado y de esa manera se llevó a cabo el reparto de los casos , dijo Pinilla.

Para tomar una decisión, la Sala Penal tendrá un término mínimo de dos meses, en los que deberá decidir si abre investigación formal, si adelanta una investigación previa, o si dicta resolución inhibitoria.

De acuerdo con Pinilla, cada uno de los magistrados a quienes les correspondió conocer un caso de los nueve congresistas, analizará las pruebas acopiadas y entregadas por la Fiscalía a la Corte, y establecerá si existen méritos suficientes para iniciar el proceso formal.

En todo caso, señaló Pinilla, cualquier determinación que se tome en la Corte respecto de estas pruebas, será comunicada a los congresistas implicados, quienes podrán acercarse en cualquier momento a conocer lo procedido.

Cuestionado sobre si la Corte se siente condicionada por la opinión pública u otra influencia externa, el presidente de la Sala Penal dijo que de ninguna manera se sienten condicionados y que lo que realmente existen son intereses exagerados de los medios de comunicación, en un asunto donde aún no existe nada .

Pinilla pidió a los medios mantener la presunción de inocencia que se le debe a todos los congresistas, hasta saber si efectivamente existen pruebas en su contra.

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