Denunció que la presencia de grupos paramilitares, incrementada con apoyo gubernamental a través de medidas jurídicas y de negociaciones con los principales jefes paramilitares , constituye un obstáculo para el retorno de campesinos y población civil a sus lugares de origen .
La religiosa puso como ejemplo el departamento de Meta, donde desarrolla su labor pastoral. Dijo que a causa de su trabajo en derechos humanos y en favor del retorno de los desplazados, todos sus compañeros de trabajo han sido también forzados a desplazarse .
Criticó así mismo al gobierno colombiano que, según la monja, desconoce las recomendaciones en cuanto al problema de desplazamiento de poblaciones que desde hace años le ha formulado Naciones Unidas.
Trajo a colación las recomendaciones sobre el tema hechas por Francis Deng, representante especial de Boutros Galhi, secretario general de la ONU, las cuales, según afirmó, no han sido tomadas en cuenta.
Explicó que a causa de esa omisión siguen profundizándose las condiciones que continúan provocando los desplazamientos del cuatro por ciento de la población .
La hermana enfatizó que el gobierno Samper ha desconocido también las recomendaciones de expertos de la organización, como los relatores para las ejecuciones sumarias y la tortura, y anotó que la oferta de abrir una oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos significaría emplear una vía ya agotada, como lo ha establecido el propio informe evaluativo de los servicios de asesoramiento prestados por la misma ONU .
Para que esa oficina fuera a sus ojos efectiva en Colombia, según la hermana Palencia, debería acompañarse de un mecanismo de supervisión, público y adicional , como el nombramiento de un relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que investigue, controle y supervise el respeto a los derechos humanos.
ONG pedirán garantías Por otra parte, la publicación en Colombia de un anuncio de la Fundación para los Deberes Humanos, alentando una denuncia penal contra dos ONG por apología del narcotráfico, terrorismo y subversión , movilizó a representantes de algunas de ellas, presentes en las deliberaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pues consideran que el anuncio podía interpretarse como un llamado a castigarlos por apoyar la estrategia del relator .
Lourdes Castro, de la Oficina Internacional de DD. HH. para Colombia, con sede en Bruselas; Amanda Romero, del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos; Nohemí Palencia de la Comisión Intergregacional de Justicia y Paz, y otros líderes de organismos colombianos que participan aquí en la Asamblea para Derechos Humanos de la ONU, se reunieron con los consejeros presidenciales Carlos Vicente de Roux y Clemencia Forero de Ucrós, inquietos por la eventual toma de represalias cuando retornen a Colombia, y pidieron medidas de seguridad al gobierno.
Los consejeros ofrecieron el máximo respaldo del gobierno a cualquier persona que fuera amenazada. Sin embargo, las ONG colombianas presentarán el problema a la Comisión mañana lunes, cuando se reinicien las discusiones.
Carlos Vicente de Roux volvió a manifestar en Ginebra que la situación de los derechos humanos en Colombia es seria, pero que el gobierno la asume ante la comunidad internacional sin ocultar nada.
No obstante, el consejero recalcó que sería un error que la ONU nombrara un relator para Colombia, por considerar que esa función estaría destinada solamente a indagar y monitorear los atropellos de agentes gubernamentales, dejando de lado los de la guerrilla.
