EMPRESAS ÁGILES Y EFICIENTES

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Un aspecto importante de la operación de leasing en Colombia tiene que ver con las compañías autorizadas para realizar esta actividad y el marco legal que la rodea.

26 de abril 1995 , 12:00 a.m.

La Ley 35 de 1993 aclaró la situación de las entidades autorizadas para realizar operaciones de leasing.

Antes de expedirse esta ley, solo podían desarrollar esta actividad las sociedades de leasing o de arrendamiento financiero.

Estas eran entidades de servicios financieros vigiladas por la Superintendencia Bancaria, tenían objeto exclusivo y no estaban facultadas para captar recursos del público.

Nuevo esquema La Ley 35 modificó este régimen, al imponer a las sociedades de leasing o de arrendamiento financiero la obligación de convertirse en conpañías de financiamiento comercial especializadas en leasing.

Una vez convertidas, dichas sociedades podían realizar las operaciones propias de las compañías de financiamiento comercial (CFC), incluyendo operaciones activas de crédito y captaciones del público de manera masiva y habitual.

Se crearon entonces dos tipos de CFC: las ordinarias y las especializadas en leasing.

La diferencia entre las dos consiste en que, las no especializadas sólo pueden realizar operaciones de leasing hasta por un valor equivalente al 35 por ciento del total de sus activos; mientras que las especializadas en leasing solo pueden efectuar operaciones activas de crédito en el mismo porcentaje.

Relación de solvencia Pero, las CFC como entidades financieras que son, no pueden efectuar operaciones de leasing en forma ilimitada.

Existe una relación que deben mantener entre el patrimonio de la sociedad y el monto de sus activos. Este parámetro se conoce como relación de solvencia o nivel mínimo de patrimonio adecuado.

De acuerdo con la reglamentación contenida en los Decretos 673 y 806 de 1994, los activos de riesgo de una compañía no pueden exceder de 11,11 veces su patrimonio técnico. Este involucra una serie de cuentas de los estados financieros de las compañías.

En cuanto a los activos de la sociedad, para efectos de determinar si se cumple con la relación de solvencia, se realiza una ponderación, de acuerdo con el tipo de activo.

Para el caso del leasing, los activos se ponderan por el 80 por ciento de su valor total.

Límite a concentración Las disposiciones legales establecen límites a la concentración del riesgo.

Dada la especial calidad de los bienes dados en leasing, cuya propiedad permanece en la compañía de financiamiento comercial mientras no se haga efectiva la opción de compra, se ha establecido una ponderación especial en este sentido.

Para efectos de la concentración de riesgos, el bien se toma por el 50 por ciento de su valor o el 75 por ciento, en casos en que se trate de un bien que no sea susceptible de enajenarse fácilmente en el mercado.

En el primer caso, las operaciones de leasing se pueden realizar con un cliente hasta alcanzar el 60 por ciento de su patrimonio técnico, o el 40 por ciento en el segundo caso.

Para calcular la concentración de riesgos que una CFC tiene con una persona, deben sumarse las operaciones de crédito que se tienen con ella, los bienes entregados en leasing y las inversiones en acciones o participaciones en las empresas deudoras o en bonos u otros títulos negociables en el mercado, emitidos por ellas.

El total de estos activos en cada persona, no puede superar el 30 por ciento de su patrimonio técnico.En cuanto al tratamiento tributario de la operación de leasing, vale destacar que los cánones de arrendamiento pagados por el arrendatario son deducibles en su totalidad.

Además, el bien puede ser depreciado por la compañía de leasing en la vida del contrato respectivo.

En relación con el IVA pagado por los bienes dados en leasing, la ley tributaria permite a las personas jurídicas y sus asimiladas, descontar del impuesto sobre la renta a su cargo (en la declaración del año de la adquisición o nacionalización), el impuesto a las ventas pagado en la adquisición o nacionalización de bienes de capital, de equipo de computación y, para las empresas transportadoras, del equipo de transporte.

Esta norma tiene una especialidad cuando se trata de bienes dados en leasing: se admite que ese descuento sea utilizado por la propia compañía o por el arrendatario del servicio de leasing.

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