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Por escándalo de falsos positivos, E.U. veta a 3 unidades del Ejército

El escándalo de los falsos positivos, que ya cobró las cabezas de tres generales y precipitó la salida del comandante del Ejército, general Mario Montoya, tiene un primer efecto internacional: Estados Unidos confirmó ayer que suspendió toda ayuda militar y de entrenamiento a “tres unidades” del Ejército afectadas por las denuncias.

Se trata de los comandos de la II y VII división y de un batallón de
desminado que antes del escándalo habían aprobado el examen en derechos
humanos y que por tanto eran elegibles para recibir la ayuda de E.U.
Forman parte del grupo de guarniciones cuestionadas durante la reciente
purga que sacó a 27 oficiales y suboficiales. La decisión, que se produce a
dos meses del cambio de Gobierno en E.U., implicaría que cualquier cuerpo o
militar adscrito a esas unidades queda por fuera de la asistencia
norteamericana.
Las otras unidades salpicadas por el escándalo, según explicaron fuentes en
Washington, también se enfrentan al veto. No fueron mencionadas porque no
estaban en la lista de elegibles para la asistencia. Entre ellas están las
brigadas 4 , 30 y 15.
En el pasado la misma medida fue aplicada a otras bases involucradas en
denuncias: la desaparecida Brigada 20 (de Inteligencia) y la base de
Palanquero, de donde salieron las naves que en 1998 provocaron la muerte de
18 civiles en Arauca.
Aunque los comandos vetados no tienen un número importante de militares, la
sanción es significativa porque cubre a generales, coroneles y mayores que
intervienen en las decisiones más importantes de las divisiones y por lo que
representa como mensaje político a quienes se ven cuestionados por DD.HH.
La embajada informó que “las tres unidades militares ya no califican para
recibir la asistencia (...), que será redirigida a unidades elegibles bajo
las leyes estadounidenses”.
Washington reconoce que el presidente Álvaro Uribe enfrentó la situación y
tomó correctivos drásticos. De hecho, el domingo, en una entrevista con EL
TIEMPO, el embajador William Brownfield aseguró que su Gobierno apoya a la
Casa de Nariño y destacó que tomó decisiones incluso antes de que actuara la
justicia penal.
Eso sí, Washington espera que el mismo Gobierno lleve “a los culpables de
estos violentos actos contra los derechos humanos ante la justicia, a través
de investigaciones trasparentes que garanticen el debido proceso”.
Según la información de la embajada, 15 de los 27 oficiales y suboficiales
que fueron relevados la semana pasada recibieron capacitación de Estados
Unidos en los últimos años.
En cuanto a asistencia a las brigadas cuestionadas, oficialmente se informó
que sí hubo ayuda en algún momento a algunas de ellas, pero que esta se
había suspendido “por sospecha de abuso a los derechos humanos”.
Ayer, al oficializar los cambios en la cúpula militar, el ministro Juan
Manuel Santos afirmó que había hablado con el embajador de Estados Unidos en
Bogotá y que la ayuda militar que recibe Colombia está a salvo y que el
respaldo de Washington se mantiene.
Aunque las cabezas de las unidades militares vetadas ya salieron de sus
cargos, la sanción de Estados Unidos es heredada por los nuevos comandantes,
que se han destacado por su participación en las operaciones más importantes
de los últimos años.
En la II División estará el general Ricardo Vargas Briceño, y en la VII, el
general Sergio Mantilla.
Otros relevos
El nuevo inspector del Ejército es el general Carlos Arturo Suárez
Bustamante, precisamente el oficial que encabezó la investigación de los
desaparecidos en Soacha.
También ayer se confirmaron cambios en la jefatura de operaciones especiales
de las Fuerzas Militares. Asumió el general Alejandro Navas, que por dos
años estuvo al frente de la Fuerza de Tarea Omega. En el Comando Conjunto
del Caribe quedó el general Gustavo Matamoros. En la IV División (la de
Villavicencio), quedó el general Luis Alfonso Zapata Uribe.
HERJOS
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