ASEGURAMIENTO CONTRA EX ALCALDEDE IBAGUÉ

ASEGURAMIENTO CONTRA EX ALCALDEDE IBAGUÉ

Plazo de tres días le fue concedido al ex alcalde de Ibagué, Rubén Darío Rodríguez Góngora para presentarse ante la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía, luego de que el fiscal 50, Alirio Cedano, dictara medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria.

25 de abril 1995 , 12:00 a.m.

Al ex funcionario se le acusa de haber incurrido en peculado técnico, por presunto cambio de destinación de dineros oficiales, y falsedad en documento público, en el caso de la avenida segunda, más conocida en Ibagué como la obra fantasma.

De otro lado, la Corte Suprema de Justicia revocó la decisión de la Sala penal del Tribunal Superior de Villavicencio, donde se ordenaba el arresto por ocho días de la ex alcaldesa de la ciudad, Yolima Romero y del actual gerente de las Empresas Públicas, Gustavo Rojas, por el presunto desacato de una acción de tutela.

La tutela ordenaba a los funcionarios solucionar el problema de suministro de agua a todos los habitantes de la capital del Meta, en un plazo de 6 meses, que venció a finales de año pasado.

El proceso contra el ex alcalde de Ibagué se inició a finales de mayo del año pasado cuando una auditoría de rutina adelantada por la Contraloría Municipal, denunció el pago de 43 millones de pesos por el alquiler de siete buldózeres y otra maquinaria contratada por el municipio para adelantar trabajos de explanación en avenida segunda, ubicada entre los barrios Departamental y Primero de Mayo.

Sin embargo, los trabajos nunca se realizaron.

El informe dado a conocer por el contralor de ese entonces, José Darío Ramírez, reveló que el pago de los equipos se había realizado con cargo al presupuesto de la avenida y que los documentos para hacer efectivo el desembolso tenían la aprobación de varios funcionarios y ex funcionarios de la administración municipal, encabezados por el propio ex alcalde Rodríguez, quien actuaba como ordenador del gasto.

A partir de este momento la Fiscalía, la Procuraduría Provincial y la misma Contraloría abrieron varias investigaciones con el fin de esclarecer la situación. En agosto de 1994, el caso de la avenida se puso de moda cuando la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra el ex alcalde de Ibagué, el ex secretario de Obras, Oscar Narváez Tascón, el ex secretario de Hacienda, Humberto González y varios empleados y contratistas del municipio.

Posteriormente, la Fiscalía ratificó la medida únicamente contra el ex secretario de Hacienda, y el interventor de la obra, Emiliano Bocanegra.

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