DECLARACIÓN DE GIRALDO

DECLARACIÓN DE GIRALDO

Desde la clandestinidad, Alberto Giraldo, contra quien hay orden de captura, divulgó la siguiente declaración:

25 de abril 1995 , 12:00 a.m.

Me encuentro hoy tristemente sometido a un nuevo escándalo publicitario el cual espero solucionar pronto.

Desafortunadamente este no es un proceso jurídico normal. Es un juicio que trata de apaciguar las presiones políticas del Gobierno de los Estados Unidos, que ha estigmatizado a todos los estamentos de la sociedad colombiana.

Ellos, los norteamericanos, exigen desde hace rato que haya drásticas sanciones para funcionarios del Gobierno, miembros de las Fuerzas Armadas, la justicia y la política en Colombia.

Por eso creo que en este proceso nadie está a salvo. Los que entramos en la sopera de esta acusación por parte del Fiscal, pareceríamos condenados desde el principio si no se da un juicio en el cual la columna vertebral lo constituya el respeto al derecho fundamental del debido proceso.

Los que estamos en este proceso somos una especie de trofeo de guerra que demuestra por anticipado según el gobierno de USA, los niveles de corrupción a que hemos llegado. Cada estado recurre a los mecanismos de autodefensa que tiene a la mano para subsistir. Y en nuestro caso nos tocó perder para que el aparato gobernante sobreviva a las amenazas de bloqueo económico del Gobierno y el Congreso de los Estados Unidos.

Es doloroso que personas jóvenes y con excelente recorrido en el servicio público estén condenadas desde el principio por las presiones externas.

En mi caso afrontaré este tema con toda claridad. Lucharé jurídicamente dentro de las escasas probabilidades que me da la Fiscalía de salir airoso dentro del proceso, porque no ha habido diafanidad en la investigación.

Soy actor en la historia de los cassettes. Dije, y lo repito, que ofrecí dinero a nombre de los señores Gilberto y Miguel Rodríguez para ayudar en la financiación de las campañas presidenciales de mayo y junio de 1994 para los doctores Ernesto Samper y Andrés Pastrana Arango y hoy reitero que ninguna de sus tesorerías aceptó la oferta.

Ahora parece que una de las causales de conducta delictiva es la relación amistosa con los señores Rodríguez Orejuela. Me pregunto si el ser amigo de una persona sindicada pero no condenada, y que por tanto no ha perdido los derechos que le otorga la Constitución y la Ley, lo coloca a uno en flagrante delito.

Si esto fuera así -tipificar la amistad como delito- la mitad de los colombianos estaría incurso en este hecho punible.

Conozco a los señores Rodríguez Orejuela desde 1977. En ese momento las superintendencias Bancaria y de Sociedades avalaron las actividades financieras y comerciales de ellos como su participación mayoritaria en la Corporación Financiera de Boyacá, el Banco de los Trabajadores y la representación de la multinacional estadinense Chrysler, para atender la demanda de servicios de 250.000 vehículos que rodaban en Colombia, cuando esta empresa fue vendida a la General Motors.

Los colombianos tenemos mala memoria. Entre 1987 y 1993 el país vivió la más terrible historia de violencia dirigida por Pablo Escobar. Los precandidatos Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro Leongómez, Bernardo Jaramillo Ossa y Jaime Pardo Leal fueron inicuamente asesinados. Y también cayeron un Procurador, varios ministros y magistrados, jueces y fiscales, lo mismo que distinguidos periodistas y muchos oficiales de las Fuerzas Armadas y centenares de anónimos policías.

El criminal atentado de Oklahoma nos recordó la dramática explosión del edificio del DAS, las bombas callejeras en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades colombianas que dejaron miles de muertos cuya desaparición todavía lamentan sus viudas y huérfanos. En esta época oscura fueron secuestrados Diana Turbay, Francisco Santos, Gloria Pachón de Villamizar y Andrés Pastrana Arango.

Cuando la guerra parecía perdida, los señores Rodríguez Orejuela me pidieron contactar en España al doctor Jorge Barco Vargas, para que por su intermedio se diera al señor presidente de la República toda la información que ellos poseían para desarticular al desalmado grupo sicarial de Escobar. El doctor Barco consiguió con el Jefe del Estado que se oyera en el Gobierno a los hermanos Rodríguez para que entregaran, como lo hicieron, todas las pruebas sobre los delitos que cometía ese grupo criminal.

Así se lograron desbaratar muchos atentados contra edificios públicos y periódicos y se evitaron intentos de asesinato contra distinguidas personalidades colombianas. Esto lo saben, entre otros muchos ciudadanos eminentes, los directores de los diarios EL TIEMPO y El Espectador. Esto sirvió para que Pablo Escobar me colocara como uno de sus objetivos de guerra.

Deseo expresar que mis actuaciones de ciudadano y periodista, han sido determinadas por una contribución permanente a la paz. Soy testigo de que los hermanos Rodríguez Orejuela han querido someterse a la justicia para arreglar su situación, y todavía esperan que las condiciones jurídicas les permita llevar a feliz término este propósito.

Como mi orden de captura fue inesperada y sorpresiva estoy en la preparación de mi defensa para presentarme a la Fiscalía lo más pronto posible, con el objeto de que resuelvan mi situación jurídica, pues no tengo nada que ocultar y por lo tanto carezco de motivos para huir.

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