CORTE, CON 60 DÍAS PARA DECIDIR

CORTE, CON 60 DÍAS PARA DECIDIR

A las 8 de la mañana del viernes, mientras el país se enteraba que la Fiscalía había mandado a la cárcel al ex senador Eduardo Mestre y de que ponía su mira en un grupo de congresistas presuntamente financiados por el narcotráfico, la Sala Penal de la Corte se reunía sigilosamente en sesión extraordinaria.

23 de abril 1995 , 12:00 a.m.

El tema que ocupaba a sus 8 magistrados guardaba una coincidencial relación con los hechos que a esa hora conmovían ya al mundo político.

La Corte, en decisión dividida (hubo dos salvamentos de voto), determinaba que el Fiscal General de la Nación debe tener participación directa en los procesos penales adelantados contra funcionarios protegidos por fuero constitucional, entre ellos los congresistas.

Su pronunciamiento se producía a instancias de un recurso presentado por Fabio Espitia, fiscal delegado, contra una decisión que le negó, según él, el derecho de remplazar al Fiscal General Alfonso Valdivieso en un proceso especial de esa naturaleza.

Con ponencia del magistrado Edgar Saavedra, la Sala negó su recurso y dejó en claro que la actuación del Fiscal General es indelegable.

Esto significa que si la Corte decide abrir investigación penal contra los nueve congresistas presuntamente implicados en enriquecimiento ilícito, Valdivieso deberá ser parte activa de los procesos... debe estar en ellos de cuerpo presente.

Por ahora, la expectativa se centra en la iniciación de las actuaciones de la Corte en el caso de parlamentarios que, según indicios recogidos por la Fiscalía durante allanamientos en Cali y Bogotá, podrían haber recibido dineros calientes para sus campañas.

De acuerdo con expertos consultados, la Corte dispondrá de dos meses para decidir si existe o no mérito para abrir investigación. Ese término está estipulado para los casos en que hay imputado conocido .

1. Quiénes deciden La Secretaría de la Sala Penal, a dónde llegaron las pruebas de la Fiscalía, hace el reparto entre los 8 magistrados miembros.

Cada uno de ellos evalúa sus casos y puede ordenar la práctica de nuevas pruebas. Si encuentra que éstas tienen solidez y que el congresista debe ser vinculado a una investigación penal formal, lleva una ponencia ante la sala en pleno, la cual decidirá por mayoría.

2. Cuándo se detiene Un llamamiento a indagatoria significará que el congresista queda vinculado al proceso y que se inicia la instrucción. También, la declaratoria de reo ausente, en caso de que se niegue a comparecer.

Después de la indagatoria, el magistrado tiene comúnmente tres opciones: - Decretar la preclusión, lo que significa que encontró que no hay razones fundadas para seguir adelante con el proceso.

- Considerar que existen indicios, pero no pruebas y seguir la investigación sin necesidad de que el presunto sindicado sea retenido.

- Dictar medida de aseguramiento que puede consistir en caución, conminación o auto de detención. La primera implica el depósito de una suma de dinero, la segunda el compromiso del procesado de presentarse periódicamente y la última, en caso de que no vaya acompañada por el beneficio de excarcelación, supone que debe ir a la cárcel, al menos mientras se decide de fondo de situación.

3. Cómo se detiene La detención es una medida de aseguramiento para aquellos delitos cuya pena posible exceda los dos años de prisión. Entre ellos está el enriquecimiento ilícito.

Cuando se decida la detención de un congresista, la Corte oficia al presidente de la respectiva cámara para que suspenda al afectado en el ejercicio de sus funciones.

Si al cabo de cinco días no se ha determinado la suspensión, la Corte puede disponer la captura del congresista. Esta podrá producirse incluso en los recintos de las cámaras porque ya no existe la figura de la inmunidad.

Según las normas de procedimiento, el proceso puede durar hasta un año a partir de la indagatoria.

Turbay, investigación en dos frentes El contralor general de la República, David Turbay, será investigado por la Fiscalía y no por la Corte Suprema.

Su caso iría a la Corte solo si la Fiscalía llegara a determinar que hay mérito para acusarlo ante el máximo tribunal de la justicia ordinaria del país.

Por esta razón, los indicios que la fiscalía dice tener en su contra fueron enviados a una unidad especializada ante la Corte.

De acuerdo con las normas vigentes, si la unidad de fiscalías encontrara mérito para producir la acusación, ésta sería presentada directamente por el Fiscal General de la Nación.

Las fuentes consultadas dijeron que este es el más claro ejemplo de la función mixta del sistema judicial en el país: de un lado, la Fiscalía ejerce el sistema acusatorio, y de otro, la Corte hace lo propio con el inquisitivo.

Este es el punto que marca la principal diferencia con el caso de los congresistas, quienes sólo pueden ser investigados y juzgados por la Corte Suprema.

El caso del ex senador Eduardo Mestre tiene algunas particularidades, ya que si el fiscal encontrara que los delitos que se le imputan fueron cometidos en ejercicio de funciones como senador, debería entrar a actuar directamente la Corte.

Esto ocurriría ya que las normas resguardan la vigencia del fuero durante el tiempo que este ampara al congresista.

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