TROPICALISMOS DEL PACTO SOCIAL

TROPICALISMOS DEL PACTO SOCIAL

En la escenificación del pacto social habíamos presenciado todo tipo de tropicalismos:

23 de abril 1995 , 12:00 a.m.

- Anuncios amenazantes contra los 500.000 tenderos que hay en el país de ponerlos en listas negras, si a alguno de ellos se le pillaba subiendo los precios más allá de lo permitido.

- Ordenes terminantes contra empresas de servicios públicos para que no aumenten sus tarifas más allá de lo estipulado, aunque estas se rezaguen o se haga imposible financieramente la ampliación de coberturas en el futuro.

- Regaños destemplados a industriales como los del papel porque incrementan sus precios, a pesar de que las cotizaciones internacionales experimenten alzas inusitadas.

En fin, todos los sorprendentes tropicalismos en que se cae cuando se olvida que en una economía de mercado es perfectamente normal que haya cambios en los precios relativos de los bienes y servicios.

Pero quizás el tropicalismo más exótico que se ha escuchado es el de la semana pasada, cuando se anunció que los factores de ajuste tributario ya no se harían en función de la inflación registrada en el año anterior, sino con base en la tasa de inflación que certifique (?) como proyectada para el año siguiente el Banco de la República.

Al país le tomó cerca de treinta años de madurez tributaria llegar a la Ley 20 de 1979, que dispuso que todos los factores tributarios se ajustarían cada año tomando en cuenta el 100 por ciento de la inflación que se hubiese registrado en el año fiscal anterior.

Esta ley es, probablemente, una de las más importantes que se han dictado en la historia hacendística del país, pues corrigió una gran regresividad que entrañaba la legislación tributaria anterior.

Antes de esta ley el simple factor inflacionario ponía a la gente a pagar injustamente más impuestos, puesto que el mero aumento nominal de precios y salarios y no el incremento real de sus ingresos empujaba a los contribuyentes hacia niveles tarifarios superiores.

Ahora todo esto se va a borrar de una plumada, a pesar de que se trata de una ley que, precisamente, busca proteger al contribuyente de clase media.

Supongamos que por cualquier circunstancia en 1996 la inflación real no sea del 15 por ciento, como está previsto, sino del 20 por ciento. Los contribuyentes que presenten sus declaraciones de renta en 1997 no podrían ajustar entonces sus factores tributarios, según la recomendación del comité del Pacto Social, sino en un 15 por ciento, a pesar de que la inflación verdadera sea del 20 por ciento.

Esta medida perfectamente arbitraria en nada afecta positivamente las expectativas inflacionarias puesto que entra a operar solo un año después de que se registró la inflación real.

Pero sí tiene un impacto claramente regresivo al poner a la gente a pagar más impuestos, pese a que sus ingresos reales no han aumentado. Y claro, el Estado lo pone a ganar unas rentas injustas que no se apoyan en ningún aumento en la capacidad de pago de los contribuyentes.

Está bien el entusiasmo misionero para defender el Pacto Social. Pero no hay necesidad de llegar en esta cruzada hasta tales tropicalismos.

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