PROBLEMASADMINISTRATIVOS

PROBLEMASADMINISTRATIVOS

El clamor general de la opinión pública es que la Fiscalía está empapelada, que no alcanza a atender el cúmulo de expedientes que requieren su atención y por lo tanto muchos crímenes quedan impunes. Pero, es esta situación distinta de la que existía antes de la reforma constitucional del 91, cuando se creó la Fiscalía? En absoluto. La incapacidad del sistema judicial colombiano para investigar, juzgar y castigar los peores crímenes es proverbial, la misma de siempre.

22 de abril 1995 , 12:00 a.m.

El enorme error del constituyente del 91 fue haber establecido el sistema acusatorio para todo el sistema judicial. Si el constituyente hubiera atendido la sugerencia del Ejecutivo, que le pidió que el sistema acusatorio sólo entrara de inmediato para los juzgados de orden público, la Fiscalía no tendría hoy el cúmulo de negocios que no la dejan funcionar. Desgraciadamente, primaron los intereses de los que querían probar que el sistema acusatorio era un fracaso, y por eso se estableció, inconsultamente, para todo el sistema.

Pero es conveniente no olvidar casos como el acto terrorista que se cometió contra las instalaciones del DAS, donde murieron varios cientos de colombianos. El director del DAS, entonces el General Maza, tuvo que dirigir una carta, varias semanas después del atentado, para pedir a la Procuraduría que hiciera algo. Sucedió que los jueces se pasaban el caso de uno a otro, como una pelota, y ninguno asumía la investigación. Como siempre ha ocurrido, la investigación quedó en tablas. Después de la reforma del 91 la justicia colombiana sigue siendo tan ineficaz como antes, a pesar de las enormes sumas de dinero que el Estado ha invertido en ella.

El problema de la Fiscalía, como el de todo el sistema judicial es, en gran parte, un problema administrativo. Ciencia jurídica tenemos a rodo. Lo que le falta a la justicia es técnica administrativa. Sucede que ni jueces ni magistrados tienen idea de lo que es un sistema de esta clase, y lo peor de todo es que no quieren enterarse. Cuando se les habla de administración, nos dicen que ellos son científicos y nada tienen que ver con aquella. Así encontramos con frecuencia que muchas disposiciones judiciales exigen que los encargados de todo deben ser abogados, cuando es obvio que gran parte de las investigaciones y el manejo cotidiano de las oficinas judiciales son problemas que requieren gran capacidad administrativa.

Ante todo, el país tiene que ver cómo se pone al día el trabajo de la Fiscalía. Esta no puede organizarse con el atraso que trae. El Fiscal debe poseer facultades legales para darles prioridad a los negocios más importantes que van llegando, aun cuando para lograrlo postergue la atención a los que ya están con los términos vencidos. Lo cual no quiere decir que éstos se olviden, solamente que se atiendan primero los de mayor actualidad. La acumulación de expedientes atrasados es lo que más conduce al desorden y la ineficiencia.

En segundo lugar, hay que dotar a la Fiscalía de un sistema administrativo eficiente. El sector privado colombiano tiene ya alguna valiosa experiencia en ese sentido, pero estos conocimientos no han pasado al sector oficial, en gran parte debido a celos profesionales. Pero el problema principal de la administración pública radica en su interinidad y falta de profesionalismo. Eso de que en cada cambio, por motivo de una nueva administración, haya que proceder a una casi liquidación de la anterior, hace muy difícil la mejora continuada de los sistemas respectivos en toda la administración pública colombiana. En lo que se refiere a la Fiscalía, la opinión pública debería exigir al menos otro método distinto.

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