El retorno de lo reprimido

El retorno de lo reprimido

Las protestas de cañeros e indígenas tienen un rasgo común: la repetición. En 1928, los trabajadores bananeros hicieron huelga para pedir que la United Fruit mejorara sus condiciones laborales. Pero, según la empresa, ellos no tenían trabajadores. Como no tenían trabajadores, no podían tener huelgas, ni podían discutir con nadie: que hablaran con los intermediarios, que les servían para contratar sin cumplir las leyes laborales del país. El gobierno respaldó a la United Fruit, los comunistas apoyaron la huelga y el ministro de guerra (en esos años los eufemismos no se habían apoderado del lenguaje oficial) mandó el ejército a restablecer el orden.

30 de octubre 2008 , 12:00 a.m.

En diciembre, para despejar una plaza llena de huelguistas, el ejército, mal preparado y en medio de un ambiente de temor y hostilidad, disparó contra la multitud. Todavía no se sabe cuántos muertos hubo: Gabo, en ejercicio de la libertad del novelista, dice que 3.000; probablemente fueron –datos de la época– entre 47 y 100. Y unos 31 agitadores fueron condenados a penas de 2 a 25 años de cárcel, que no pagaron. El descrédito del gobierno por su torpe manejo de la huelga ayudó a la caída del régimen conservador, aunque quizás lo afectó más la crisis mundial de 1929: todavía no se llamaban recesiones, ni se hablaba del “crecimiento negativo”.

Se cumplen en noviembre 80 años de la huelga bananera, y casi 50 de la marcha cañera de 1959, cuando el ejército, nervioso, disparó y murieron dos corteros de Palmira, y 32 de la huelga de 1976, cuando los obreros protestaban contra el sistema de contratación, que hacía que los ingenios, siguiendo el ejemplo de la United Fruit, no tuvieran corteros de caña. Según la prensa –pero pudo ser terrorismo informativo– hubo policías y obreros muertos. En todos esos casos, el gobierno habló de apoyo comunista –y sin duda lo hubo–, se creó un ambiente de intransigencia mutua y el conflicto terminó reprimido y con enfrentamientos a piedra y bala.

Los indígenas, por su parte, llevan años firmando convenios con el gobierno o leyendo leyes a su favor. En 1810 se decidió que tendrían los derechos de los colombianos, y se ordenó repartirles en propiedad las tierras que les quedaban –pocas y malas, pero demasiadas, según los grandes propietarios–.

En 1991, la Constitución decidió que eran parte esencial de la nación y tendrían los derechos de los colombianos, o incluso más, aunque ya sus tierras agrícolas habían pasado a los blancos, para evitar que las fueran a usar mal, y se les había quitado la religión para que no se fueran a condenar, y ya casi todos hablaban el dulce idioma español y no sus bárbaros lenguajes.

El 12 de octubre de 1992, recordando los 500 años del descubrimiento, los indígenas del Cauca bloquearon la Panamericana, se tomaron a Popayán y terminaron en un estadio, mientras sus delegaciones, encabezadas por Jesús Piñacué, negociaban con una delegación del gobierno y discutían sus agravios históricos. Los dirigentes indígenas querían convertir el reconocimiento constitucional en herramienta para recobrar algo de lo que habían perdido: autonomía, dignidad, oportunidades de desarrollo. Algo lograron, y el gobierno firmó una declaración e hizo muchos compromisos.

Algunos se cumplieron y otros no. Los indios esperan, y no es fácil satisfacerlos: tienen muchas tierras, pero no muy aptas para la agricultura; tienen educación, pero ni ellos ni las autoridades del país han logrado definir un proyecto que les permita conservar sus tradiciones e incorporarse a la cultura del mundo; tienen autonomía, pero sus comunidades siguen encerradas un lo que parece un callejón sin salida.

Ojalá el Gobierno, que comenzó cayendo en la vieja rutina de desconocer la lógica de sus peticiones y acusarlos de subversivos, tome el problema con calma y busque la solución social ofrecida al fin por el Presidente.

www.jorgeorlandomelo.com

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