PELIGRAN SUBSIDIOS PARA CAJA DE VIVIENDA POPULAR

PELIGRAN SUBSIDIOS PARA CAJA DE VIVIENDA POPULAR

Por no completar la documentación exigida por el Inurbe, la Caja de Vivienda Popular del Distrito dejaría perder los subsidios para adelantar 11 programas de vivienda en la ciudad.

22 de abril 1995 , 12:00 a. m.

Los subsidios de los programas que está previstos desarrollar en las urbanizaciones Sierra Morena, Arborizadora Alta y Arborizadora Baja, en Ciudad Bolívar, no han sido aprobados por el Inurbe, debido a la falta de las correspondientes licencias de construcción, planos urbanísticos y arquitectónicos aprobados por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

A pesar de las reiteradas peticiones del Inurbe para que la Caja haga llegar la documentación, la entidad no ha cumplido y, en consecuencia, los programas serán devueltos.

Las anteriores fueron las denuncias que formuló ante la Comisión de Gobierno, la concejal Aída Avella Esquivel (UP), quien presentó las misivas que ha cursado la gerencia general del Inurbe a la directora de la Caja de Vivienda Popular, Vianey Roldán, para que adelante los trámites correspondientes.

Por otra parte, el concejal Juan Carlos Medina Ovalle (Con), cuestionó el manejo administrativo de la entidad que viene realizando la directora de la Caja de Vivienda Popular del Distrito.

Aseguró el concejal que la directora de la Caja ha realizado una serie de despidos de funcionarios sin presentar un programa serio de indemnizaciones y desconociendo el fuero sindical, razón que acarreará en un futuro no muy lejano, mayores erogaciones al Distrito Capital.

En este sentido se pronunció la concejal Aída Avella, quien aseguró que la semana pasada fue reintegrado a su cargo, por orden del Consejo de Estado, el vicepresidente de la Caja Nacional de Previsión.

Avella manifestó que el funcionario había sido despedido desconociendo su fuero sindical, motivo que obligó a la entidad a reincorporarlo a la nómina de empleados.

Al respecto, la directora de la Caja de Vivienda Popular, Vianey Roldán, dijo que había hecho uso de un derecho discrecional que le otorga la ley.

Frente al fuero sindical, aseguró que no existe una normatividad legal que diga si los empleados públicos tienen o no fuero. Por tanto, cualquier decisión la debe tomar el Tribunal Contencioso Administrativo.

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