FUNCIONARIOS TIENEN QUE PAGAR POR SUS EQUIVOCACIONES

FUNCIONARIOS TIENEN QUE PAGAR POR SUS EQUIVOCACIONES

La produraduria le pidio al gobiernoi que cada vez que se ciondene al estado a pagar una millonaria indemnizacion se proceda a embargar por la misma cantidad los bienes a el , o los funcionarios que con su conducta favorecieron este daño economico.

22 de abril 1995 , 12:00 a.m.

Por tal motivo, el procurador, Orlando Vásquez Velásquez, consideró que se debe implementar cuanto antes el Artículo 90 de la Constitución Nacional, ya que en él se contempló el deber que tiene el Estado de repetir las condenas de tipo económico.

El Artículo 90 de la Carta señala que: El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas .

Son de tal magnitud las pérdidas que las conductas irresponsables de los funcionarios le acarrean al tesoro nacional, que el jefe del ministerio Público pidió aplicar cuanto antes la Acción de repetición .

Esta acción consiste en imponerle las mismas sanciones económicas ordenadas en contra del Estado, a todos los funcionarios que con sus actos irregulares ocasionan estas sanciones.

La propuesta del Procurador está dirigida especialmente a sancionar en lo económico a los miembros de las Fuerzas Armadas. En tal sentido, le envió una carta el ministro de la Defensa Nacional, Fernando Botero Zea, por considerar que son los agentes armados al servicio, los que mayor daño causan con sus conductas.

Según cifras que maneja Vásquez Velásquez, de los 800 casos de demandas que cursan contra la Nación en el Consejo de Estado, para indemnizaciones por perjuicios, 400 corresponden a conductas presuntamente irregulares por parte de los miembros del Ejército, la Policía u otros organismos armados.

El Procurador señala que la acción de repetición es un instrumento en la lucha contra el desgreño administrativo, los abusos del poder y la corrupción.

Para él, las conductas dolosas o gravemente culposas de los miembros de la Policía, de las cuales dan cuenta las sentencias del Consejo de Estado, son materia más que suficiente para comprobar las graves lesiones que contra el patrimonio nacional causan estos comportamientos.

En su carta al Ministro de la Defensa, Vásquez Velásquez le recuerda que los servidores públicos también están sometidos al principio general del derecho que enseña que, quien daña debe indemnizar. Por la sencilla razón de que el ser humano es dueño de su actuar pero también de sus consecuencias .

Es tan voluminoso el número de demandas que se presentan en contra del Ministerio de Defensa, por la actuación de sus agentes -dice el funcionario- que es indudable que el Gobierno debe implementar los mecanismo legales necesarios para aplicar la Constitución Nacional.

El Procurador le recuerda al ministro Botero que conductas como el exceso en detenciones, capturas, requisas y retenes móviles, montajes o falsos pretextos en operativos, reacciones desproporcionadas, manejo de armas en estado de embriaguez y los accidentes en el uso de armas, son ejemplos típicos de las conductas que la institución busca borrar de su historia.

Y agrega, que solo la acción de repetición, manejada institucional y sistemáticamente, servirá como instrumento que le enseñe a los agentes al servicio del Estado, que la impunidad tampoco reina en su patrimonio económico y que sus comportamientos también conllevan consecuencias sobre su propio dinero .

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