EL ESPINAL, UN CAOS: CONTRALORÍA GENERAL

EL ESPINAL, UN CAOS: CONTRALORÍA GENERAL

Luego de realizada una auditoría financiera y operativa por parte de la Contraloría General de la Nación al municipio de El Espinal, solicitada por el actual alcalde Rafael Vanegas Dávila, el pasado 10 de enero, se pudo comprobar el cúmulo de irregularidades en las que incurrió la anterior administración, algunas de las cuales ya habían sido denunciadas por Tolima 7 días, en su edición 124 del 22 de febrero de este año.

12 de abril 1995 , 12:00 a.m.

Además de El Espinal, la Contraloría evalúo a seis municipios más, entre los que se encuentran Sardinata (Norte de Santander), Campoalegre (Huila) y La Palma (Cundinamarca), entre otros. Según el Contralor General, David Turbay Turbay, los faltantes de dinero detectados en los siete municipios pueden ascender a 1.200 millones de pesos.

La Secretaría de Hacienda, la Secretaría General, la Secretaría de Obras, la Oficina de Planeación, el Fondo de Vivienda de Interés Social y las Empresas Públicas Municipales, fueron los despachos investigados por la entidad.

La comisión que realizó la auditoría estuvo integrada por Carlos Humberto González, Ana Emperatriz Pacheco Estupiñán y Nelson Castro. Según el informe final, éste no fue posible evacuarlo en su totalidad, entre otras cosas porque no se suministró de manera oportuna la información solicitada. Estas son algunas de las irregularidades detectadas.

Secretaría de Hacienda Analizada la ejecución presupuestal de la administración municipal del período comprendido entre 1992 y 1994 se estableció que la ejecución siempre excedió la apropiación inicial. Fue así como en 1992 ésta excedió en 1.38 por ciento; en 1993 el incremento fue del 69.16 por ciento y en 1994 el aumento llegó a 50.02 por ciento, lo cual refleja una deficiente planeación del presupuesto.

Para 1993 los gastos de funcionamiento se incrementaron en 74.18 por ciento con respecto a 1992 y en 1994 el incremento con respecto a 1993 fue del 25 por ciento, porcentajes que superan ampliamente los índices de inflación correspondientes en especial en al año 1993, cuya cifra desborda todo cálculo.

En relación con el endeudamiento del municipio, los presupuestos iniciales de los años analizados, en ningún momento preveen endeudamiento interno, esto demuestra la inexistencia de control.

Para el registro de control del presupuesto, la oficina sólo lleva un libro, en donde se realizan los asientos correspondientes a apropiación inicial, acuerdo de gastos aprobados, registros y reservas presupuestales, por lo que se hace difícil el control.

Durante el período 1992-1994 el Concejo autorizó al alcalde para contratar empréstitos hasta por 4 382.285 millones de pesos. De estos fueron autorizados en 1993 y 1994, 3 382.285.000 millones, préstamos que en su mayoría se realizaron en 1994.

En 1993 se solicitaron créditos por un valor de 910.000.000 millones de pesos y se incorporaron al presupuesto 910.150.00 millones, mediante los Decretos 063, 0623, 0683, 0116, y 204 de 1993. Sin embargo de acuerdo con lo reportado por la Tesorería, sólo ingresó la suma de 360.000.000 millones.

De igual forma se evidenció que algunos Acuerdos de incorporación de créditos al presupuesto, presentan errores aritméticos. No se tienen criterios definidos para la incorporación de los recursos en el presupuesto municipal, de tal forma que algunos fondos que no han ingresado a la tesorería fueron incorporados y otros que ya ingresaron no lo han sido.

Para 1993 los gastos del personal supernumerario fueron aforados en 7.000.000 millones de pesos, 156 por ciento por encima de lo asignado para 1992. Sin embargo, el total de las adiciones para esta vigencia fue de 31.897.453 millones que corresponde al 456 por ciento de la asignación inicial.

La variación de las cifras aforadas para 1994, respecto a 1993 fueron del 443 por ciento y las adiciones del 59 por ciento. Como quien dice hubo una apropiación inicial de 31.000.000 millones de pesos, unas adiciones de 18.226.143 millones y un total apropiado de 49.226.143 millones. Cabe destacar que la totalidad de estas partidas fueron agotadas dentro de la vigencia respectiva.

Es evidente la falta de conocimiento en materia presupuestal, donde se destaca la intención expresa de favocer intereses distintos a los del bienestar económico y social de la comunidad, pues no se justifica que la administración se desborde en forma exagerada, profiriendo esta clase de nombramientos sin ningún control.

~ Resulta curioso y no menos sorprendente ver como la Administración recurre al crédito para satisfacer aspiraciones burocráticas, al utilizar recursos en su mayoría a gastos de funcionamiento, dejando de lado los gastos de inversión De tres préstamos por la suma de 482.556.143 millones de pesos, únicamente el 18 por ciento fue asignado a inversión, mientras que la diferencia se destinó a funcionamiento, el 62 por ciento y pago de la deuda, el 20 por ciento.

Lo que hubo en este caso fue un incremento desmedido en las asignaciones presupuestales, adiciones a las apropiaciones iniciales, que en ocasiones superan el 450 por ciento, diferencias de 2.290.000 millones, entre las órdenes de pago y los nombramientos de supernumerarios sin justificación aparente ya que existía una planta de personal con capacidad para atender los servicios que demandaba la administración.

En cuanto a Tesorería, la administración municipal conserva en sus cuentas, algunos fondos procedentes de auxilios nacionales y departamentales de vigencias anteriores que no fueron ejecutados por lo que deberán ser reintegrados de inmediato.

En la mayoría de las cuentas hay gran cantidad de cheques anulados, sin justificación válida, debido a la imprevisión de los funcionarios que ordenaron su elaboración.

En el mes de diciembre fueron cancelados gastos de funcionamiento, previa autorización del Concejo, por valor de 170 millones de pesos, tomados de la cuenta del Fondo de Vivienda de interés social, los cuales debían ser devueltos transcurridos dos meses, sin que hasta la fecha los recursos hayan sido devueltos.

A 31 de diciembre la Administración tenía sobregiros bancarios por un valor de 101.900.351.48 millones de pesos, la mayoría de ellos con más de 80 días de constituidos.

Secretaría General Revisadas las 19 carpetas seleccionadas al azar, se observó que éstas no cumplen con lo establecido en el Manual de Funciones y Requisitos Mínimos expedido por el Alcalde y aprobado por el Decreto 099 del 25 de junio de 1993.

De las hojas de vida revisadas, en la mayoría no se encuentran fotocopias debidamente autenticadas de los certificados judiciales y antecedentes disciplinarios, libreta militar, dédula de ciudadanía y tarjeta profesional. Tampoco constancias de la experiencia adquirida en cargos similares, los títulos que acrediten una profesión u oficio y los certificados de cursos especiales exigidos en determinados cargos.

En los inventarios de la Proveeduría municipal, únicamente se encontró una copia del inventario físico correspondiente al año 1991. Desde ese año no se ha realizado ese inventario.

El archivo del almacén no se encuentra debidamente organizado, es así como se solicitaron los boletines del año 1994, de los cuales sólo fueron suministrados los correspondientes a los meses de abril a diciembre.

Del total de adquisiciones durante el período estudiado, el 67 por ciento corresponde a elementos de consumo, mientras que el 33 por ciento se destinó a devolutivo. En relación con los egresos, el 86 por ciento de estos corresponden a consumo, en tanto que el 14 por ciento a devolutivos.

En octubre y diciembre se desbordaron las compras tanto en bienes de consumo como de devolutivos. Estos dos meses coinciden con dos eventos de significativa importancia: una época electoral y la terminación del períoddo constitucional de administración .

No se cuenta con un tarjetero que permita el adecuado manejo de las tarjetas de kárdex que dé mayor funcionabilidad y agilidad en la manipulación de estos documentos. Dentro de los bienes del municipio figuran 22 vehículos cuyos documentos no se encuentran debidamente organizados y bajo la responsabilidad de un funcionario.

También se detectaron compras injustificadas de elementos cuyo destino no fue posible establecer. Un ejemplo de ello fue una adquisición de droga, a un mismo proveedor y prácticamente en la misma fecha, que según una funcionaria no tenía petición de los interesados, ni copias de las fórmulas médicas y su destino final no fue muy claro, pues no se sabe quién fue el beneficiario final.

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