SÍ A TRASLADO DE PRUEBAS DE NARCOS

SÍ A TRASLADO DE PRUEBAS DE NARCOS

Tras una intensa discusión y en una votación que dividió a los magistrados cinco a cuatro, la Corte Constitucional avaló ayer el intercambio de pruebas judiciales entre Colombia y otros países, a fin de juzgar a narcotraficantes y a otros delincuentes.

21 de abril 1995 , 12:00 a. m.

La corporación determinó que el Presidente de la República sí puede celebrar acuerdos con gobiernos extranjeros, en materia de aplicación de la ley penal y de práctica y traslado de pruebas o de medios de prueba.

En criterio de la Corte, si bien es cierto los tratados deben ser aprobados por el Congreso, Colombia puede suscribir -en virtud de la Convención de Viena- acuerdos a través de los cuales se fijen instrumentos de cooperación judicial, con miras a juzgar a los delincuentes.

Con esto, dijo la corporación, en manera alguna se modifican las normas penales, por cuanto el Presidente es el director de las relaciones internacionales y por ello puede firmar acuerdos.

En este caso se debe presumir la buena fe del primer mandatario. Eso no va en contra ni del debido proceso ni la garantía de defensa , dijo un magistrado.

El pronunciamiento lo apoyaron los magistrados Fabio Morón, Eduardo Cifuentes, Vladimiro Naranjo, José Gregorio Hernández y Hernando Herrera.

A su juicio, las relaciones exteriores del Estado se fundamentan, entre otros, en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. Por eso, la posibilidad de suscribir acuerdos es viable.

De la decisión, sin embargo, se apartaron los magistrados Jorge Arango, Carlos Gaviria, Alejandro Martínez y Antonio Barrera.

En criterio del bloque minoritario, el Presidente de la República no podía celebrar esa clase de acuerdos, por cuanto se trata de materias que deben ser reguladas en tratados, aprobados por el Congreso de la República.

La determinación se produjo al declarar la exequibilidad del artículo 538 del Código de Procedimiento Penal.

Según la norma, las relaciones de las autoridades colombianas con las extranjeras, para lo relacionado con la aplicación de la ley penal, con la práctica y el traslado de pruebas o de medios de prueba, se seguirán por lo que dispogan los tratados públicos, las convenciones internacionales, los acuerdos entre gobiernos y los usos internacionalmente consagrados.

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