EL CONVENIO COLOMBO-BRITÁNICO

EL CONVENIO COLOMBO-BRITÁNICO

Siempre he sido amigo de que por medio de un acto legislativo se reforme el parágrafo final del artículo 58 de la Constitución de 1991, que reproduce con ligeras modificaciones el artículo 10 del Acto Legislativo No. 1 de 1936:

16 de junio 1996 , 12:00 a. m.

Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar al pago de indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara .

Es un artículo anacrónico que en su tiempo y dentro de la orientación política prevaleciente, tenía su razón de ser, pero que en la actualidad es un obstáculo para la inversión extranjera, cuando dice que: Las razones de equidad, así como los motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por el legislador, no serán controvertibles judicialmente .

Conscientes de esta situación, los empresarios y el propio gobierno del Reino Unido invitaron a Colombia a sustituir este texto por uno que garantizara la protección de sus intereses, principalmente el petróleo del pie de monte llanero, contra la posibilidad de la aplicación del drástico principio de expropiar por equidad sin indemnización. Tal fue el origen del Convenio Colombo-Británico de 1993, pero escogieron un mal camino: reformar la Constitución por medio de un tratado, en lugar de hacerlo, como lo prescribe la misma Carta, por la vía de una enmienda que derogara el artículo, o la reformara, haciéndolo más flexible para la inversión extranjera. Es y sigue siendo mi argumento en contra del Convenio Colombo-Británico, que ya lleva tres años de haberse firmado y que solamente en fecha reciente ha sido sometido al estudio de la Corte Constitucional.

Por qué es anticonstitucional el tratado? Porque, cuando el artículo dice: podrá determinar los casos , parecería que se pudiera agregar: con excepción de los súbditos británicos y, en seguida, de todos aquellos que se acogieran al mismo texto suscribiendo un tratado semejante.

Las sucesivas ediciones de la Constitución de 1991, si se conserva el artículo 58 actual, tendrían un llamado de pie de página en donde se diría: Exceptúanse las personas naturales y jurídicas del Reino Unido, de los Estados Unidos de Norteamérica, de Francia, Alemania, Nigeria, Bosnia, Angola, etc. , hasta llegar algún día a incluir a los colombianos. No sería mejor reformar el artículo en lugar de complacer a quienes, por evitar dilaciones, prefieren que se reforme por tratado? Dice el artículo 58 que su aplicación no podrá estar sujeta a revisión judicial; y, sin embargo, el tratado dice otra cosa. Y, como si fuera poco, habla de una compensación pronta, adecuada y efectiva, lo cual va en contravía del tenor literal del artículo, cuando reafirma que no habrá indemnización.

Repasando hace pocas semanas la historia, a propósito del mundo en que le correspondió vivir a José Asunción Silva, se hizo necesario mencionar de qué manera, para el año de 1870, cuando Silva estaba apenas en la adolescencia, se había cumplido el proceso de desamortización de los bienes de manos muertas, o sea, la incautación de los bienes de las comunidades religiosas por decreto de septiembre de 1861 del gobierno provisorio del General Mosquera, con las firmas de los secretarios de Estado, Andrés Cerón, Julián Trujillo y José María Rojas Garrido.

Los católicos que se oponían a la medida jamás pensaron en calificarla de expropiación, bien sea porque la figura no existía en aquellas épocas, bien sea porque la estructura del acto no correspondía a lo que se conoce universalmente como una expropiación, y, por el contrario, hablaron de expoliación.

Algo semejante ocurre con el parágrafo 4o. del artículo 58 que versa sobre las garantías a la propiedad privada y menciona, entre otras excepciones, la expropiación, tanto por la Rama Jurisdiccional como por la Rama Administrativa. Y, finalmente, agrega otra excepción que la constituye el acto político, acto de poder, ajeno por completo al concepto de expropiación, consistente en atribuirle a la mayoría absoluta de una y otra Cámara la facultad de determinar los casos en que no haya lugar al pago de indemnización. Simple y sencillamente, ni es controvertible judicialmente la razón que determina la no indemnización, ni los motivos de utilidad pública o interés social que preceden a toda expropiación. En este sentido, es muy semejante a la llamada expoliación de los bienes de manos muertas. Se trató de un acto de poder que nunca fue susceptible de cuestionamiento judicial de ningún género, como tampoco estaban las comunidades religiosas afectadas en capacidad de discutir la suma que se les reconoció como renta por la confiscación.

Ha sido una versión divulgada por historiadores y tratadistas de Derecho Constitucional la de que fue el doctor Rafael Núñez, Secretario de Hacienda, quien suscribió el famoso decreto. Ya se ha visto que fue el General Trujillo, como Secretario de Hacienda, pero más tarde, por medio de una circular, Núñez justificó la medida ante la opinión pública con argumentos semejantes a los que se han esgrimido desde 1936 para propiciar el artículo 58 a que hemos hecho referencia.

Decía Núñez que la medida ya se había optado en otras latitudes; que era inspirada en la necesidad de hacer circular los bienes públicos congelados por disposiciones testamentarias destinadas a comprar la salvación del alma; que las comunidades religiosas debían tener una misión más espiritual que terrenal y, en síntesis, para emplear sus propias palabras, lo que se llama derecho, cuando por el transcurso del tiempo y el cambio de las necesidades públicas llega a convertirse en germen de mal, debe en estricta justicia ser abolido o transformado consiguientemente; y tal es el motivo productor de las revoluciones, unas sangrientas y otras pacíficas según la magnitud de la reforma que hay urgencia de realizar . Palabras más, palabras menos, fue el concepto que se impuso en 1936, cuando el socialismo que se divisaba en el horizonte como una ideología triunfante gracias a las nacionalizaciones, parecía un modelo de desarrollo precursor de mejores tiempos.

Es, a la luz de la experiencia autóctona de la desamortización de manos muertas, con el ejercicio de un acto de poder, de un acto político, como es necesario interpretar los orígenes y la filosofía del artículo en cuestión. Pretender que se refiere a la expropiación de terrenos para obras públicas, cuando en razón de la obra misma se valoriza el resto del área mutilada para construir una calle o una carretera, es una necedad. Otro tanto ocurre cuando se le atribuye a la extinción del dominio de la Ley 200 de 1936 el carácter de una expropiación sin indemnización, o, cuando se pretende que la sanción impuesta a los urbanizadores piratas, por haber violado las disposiciones municipales y vendido un terreno sin servicios públicos, se les sanciona con la pérdida del respectivo lote, siendo así que el elemento determinante está inspirado en un acto punitivo y en modo alguno en un principio de equidad.

La expropiación, sea ella por la vía judicial o administrativa, se caracteriza por la existencia de un juicio en que una de las partes es el Estado y su contraparte es el dueño del bien. En dicho juicio se debate la legitimidad de la expropiación y el precio de la respectiva indemnización, pero nada de esto ocurre en el caso del artículo 58, donde no hay juicio por falta de materia.

La disyuntiva es bien clara: si, en el caso del acuerdo Colombo-Británico se declara su constitucionalidad, se abre camino a las reformas constitucionales por medio de convenios internacionales, alegando la globalización, la internacionalización, la desaparición de las fronteras y otros fenómenos semejantes que no son aplicables, frente a una legislación doméstica anterior al tratado. Si, por el contrario, se reforma la Constitución abiertamente como lo proponemos, se garantizaría la inversión extranjera sin ningún riesgo posterior, puesto que la propia Carta definiría el problema, inspirándose en algunos aportes valiosos del Convenio Colombo-Británico que podrían ser incluidos en el nuevo artículo 58 de la Constitución de 1991.

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