LA VIOLENCIA EN SEVILLA

LA VIOLENCIA EN SEVILLA

El representante a la Cámara por la circunscripción electoral del Valle Rafael Quintero García, preocupado por la ciudad de nuestra formación viene dirigiendo y promoviendo una revista anual que aborda variados temas sobre Sevilla, capital cafetera de Colombia, título que ahora le disputan otras ciudades del eje cafetero. Un aspecto que debe analizarse es el de la violencia actual para compararla con la producida en el contexto vallecaucano.

21 de abril 1995 , 12:00 a. m.

La imagen que de Sevilla se tiene como ciudad violenta empezó hace 45 años, desde la reacción de los cosecheros gaitanistas ante la muerte del líder, pasando por el período de asentamiento de pájaros azules y rojos o sicarios ideologizados y contratados, hasta llegar al bandolerismo o descomposición de los actores violentos de la década del 50.

Sevilla durante la época del 50 y casi todos los años 60 fue escenario de la violencia partidista producida en el entorno accidental: Tolima y el viejo Caldas. En el Valle los pueblos del norte y uno del centro (Tuluá) vivieron y sufrieron ese flagelo. El último período de la Violencia tuvo mayores repercusiones para Sevilla (19581964), pues la desmovilización de guerrillas liberales y cuadrillas conservadoras logradas con la inauguración del Frente Nacional bajo los incentivos de la convivencia, el armisticio y el indulto; produjo para quienes no se acogieron al llamado pacifista de Lleras Camargo, la criminalización y la dispersión de fuerzas bajo las formas del bandolerismo.

En estas circunstancias llegaron a Sevilla bandoleros políticos y bandoleros sociales, agregándose a sus propios actores armados y siendo centro de atracción también para los bandoleros comunes: aquellos sin ideología que habían aprendido a usar las armas en el 50 para defenderse, utilizándolas a principios del 60 para sostenerse como forma de vida asaltando fincas y promoviendo la delincuencia rural cotidiana.

La economía agrícola de la zona que ha girado alrededor del café, consolidó después de esas dos décadas violentas a los grandes y medianos propietarios, el minifundio casi que desapareció como efecto de los éxodos y desplazamientos forzosos, promovidos precisamente para lograr la contrarreforma agraria inspirada por los terratenientes del bipartidismo que, impulsando la violencia lograban una nueva tenencia de la tierra. Y no fue solo en Sevilla, ese común denominador se cumplió en toda la geografía del país afectado por la violencia.

La estigmatización que tiene Sevilla como ciudad sangrienta viene de esas dos décadas. En el concierto vallecaucano sin incluir a Cali con 1.783.546 habitantes y 2.224 homicidios en 1994, Tuluá y Buenaventura figuran como las ciudades de más riesgos para la vida. Los índices de violencia en Sevilla han disminuido aparentemente en los últimos años. Tiene iguales o mayores problemas de desigualdad y pobreza que otros municipios del departamento, con precariedad en la vivienda, limitaciones en la prestación de los servicios sociales, falta de oportunidad para los jóvenes, nulo desarrollo industrial y alto desempleo. Pese a toda esta situación, su clase dirigente ha sabido aliviar cada campo de carencias con planes de desarrollo graduales que permiten la sobrevivencia a la población disminuida ante las migraciones anuales.

Tomando como fuente las estadísticas de la Policía en los dos últimos años, observamos un promedio de 60 homicidios al año, 77 lesiones personales y 44 accidentes de tránsito que incluyen homicidios culposos y lesiones culposas. El crimen organizado ha sido desmantelado en gran parte si nos atenemos a las cifras de extorsión y secuestro, modalidades propicias para bandas delictivas. Se presentaron tres extorsiones en 1993 y seis en 1994; y dos secuestros entre 1993 y 1994. El comandante de la policía, capitán Jorge Uriel Caro Murcia, venía realizando con el alcalde asesinado consejos de seguridad, consejos de Gobierno en los barrios y reunión con justas de Acción Comunal para adoptar medidas preventivas.

El repudiable asesinato del alcalde Fernando Botero Jaramillo, del dirigente Arturo Arango Vélez, del hijo del alcalde y otras dos personas, con características de genocidio, es imputable a elementos externos con apariencia de retaliación; porque la modalidad del genocidio no es frecuente en Sevilla, su tasa de mortalidad se asocia al crimen selectivo e individual. El genocidio fue recurrente en Sevilla entre 1995 con las matanzas de Cumbarco, 1956 las masacres de Cebollal, San Antonio y otras veredas hasta 1963, acciones bajo el comando de Juancho Tejada, al grupo de los caratejos del Tolima, y otros bandoleros políticos.

Analizando el libro de novedades registradas en el Hospital de Sevilla, libro llevado bajo la supervisión de la Policía según disposición del Ministerio de Defensa, se puede inferir que para 1995 los homicidios van en aumento y llegarán a 80 en promedio, pues entre armas blancas y armas de fuego se registraron nueve en enero, tres en febrero y ocho en marzo: es decir 20 en total para el primer trimestre y 18 lesiones personales llevadas a estrados judiciales.

Quiere esto decir que con respecto a Cali teniendo en cuenta el número de habitantes, 53.000 según el último censo, el 0.1132 por ciento; de la población fue victimizada en 1994 y en Cali el 0.1247 por ciento; para el primer trimestre del 95 han sido victimizados en Sevilla el 0.0377 por ciento y en Cali el 0.0243 por ciento, sin contar los heridos en riñas y atracos que permanecen en el nivel de las contravenciones, en solo 22 días (23 de marzo al 14 de abril de 1995), el libro consigna 54 pacientes con heridas causadas a cuchillo, botellas, bala y accidentes de tránsito. Esta frecuencia de atracos se debe en parte, a la presencia de cosecheros de otros municipios que no logran el enganche y permanecen como mano de obra flotante.

El plan de desarme puede ser medida correctiva. En Sevilla solo se aplicó durante seis fines de semana desde el 26 de febrero, hasta que el gobernador Germán Villegas lo ordenó para todos los días desde la primera semana de abril. El municipio debe adoptar un plan integral de desarrollo en concertación con dirigentes comunales cívicos.

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