Esta nueva etapa en el caso GAL, se produce después de que el pasado mes de marzo se identificaran los restos de dos simpatizantes de ETA, José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, torturados y asesinados en 1983 presuntamente por un comando de los GAL.
En el auto de procesamiento dado a conocer, Garzón mantiene en prisión a dos de los máximos responsables de la lucha antiterrorista, el ex Secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y el ex director de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal. Pero decretó la libertad bajo fianza de 25 millones de pesetas (193.000 dólares) para el ex secretario personal de Vera, Juan de Justo, y de Ricardo García Damborenea, y el ex secretario del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la provincia vasca de Vizcaya.
El resto de los acusados, jefes de las brigadas de Información y de la Policía Judicial en Bilbao durante los años de actuación de los GAL y varios comisarios y agentes de policía, se encontraban ya en libertad bajo fianza.
El asunto de los GAL ha golpeado seriamente al gobierno de Felipe González, quien en febrero se vio obligado a comparecer ante el Parlamento, donde negó toda implicación del ejecutivo en la organización o financiación de estos batallones.
La noticia del procesamiento a estos 14 implicados en el caso de los GAL fue celebrada ayer por toda la oposición. Por primera vez el caso GAL empieza a tener caras y nombres y si eso llega a las últimas consecuencias, será un éxito de la democracia , dijo una diputada catalana.
