CASO DIAN:BUSES SON MODELO 90

CASO DIAN:BUSES SON MODELO 90

Los certificados de origen de los buses de Sidauto que sirvieron de sustento para que el ex director de la Dian Carlos Espinosa devolviera los automotores, no concuerdan con los documentos que los fabricantes aportaron al Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT).

19 de abril 1995 , 12:00 a.m.

En el informe enviado por la fábrica Navistar International al DOT, se notifica que los chasises de los 80 automotores importados corresponden al año 1990. Asimismo, se conoció un documento en el que la firma Wayne Corporation, fabricante de las carrocerías de los buses, entró en quiebra y cerró todas sus operaciones manufactureras el 17 de julio de 1992. Por lo tanto, en 1993 no produjo ninguna carrocería.

De otro lado, la apertura de las cartas de crédito por parte del Banco del Estado, entidad que financió la operación de importación, presentaría irregularidades al ser expedida sin contar con los requisitos legales.

Frente a estos hechos, la Procuraduría elevó pliego de cargos contra el ex director de la Dian Carlos Espinosa y adelanta investigación disciplinaria contra algunos miembros de la junta directiva del Banco del Estado.

Los certificados de origen que el presidente del Banco del Estado, Camilo Cabal le entregó al ex director de la Dian, Carlos Espinosa, como plena prueba de que los 80 buses importados a Colombia a nombre de Sidauto S.A., eran modelo 1993, estarían equivocados.

Así lo pudo establecer la Unidad Investigativa (UI), después de obtener una comunicación enviada por la fábrica Navistar International al Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT), en donde se puede comprobar que los números de chassises de los buses importados a nombre de Sidauto corresponden a 1990.

Por otro lado, la empresa Wayne Corporation, fabricante de las carrocerías de los buses llegados a Colombia, cesó toda actividad manufacturera a partir del 17 de julio de 1992 debido a su inminente quiebra, según consta en un reporte de la firma Dune & Bradstreet..

Estas evidencias ponen en entredicho la veracidad de la información consignada en los certificados de origen firmados por el representante de la fábrica en Miami, Ramón Curros y que motivó la devolución de los 80 buses por parte del ex director de la Dian, Carlos Espinosa.

Como un hecho nuevo la UI pudo establecer que en la apertura de la carta de crédito por parte del Banco del Estado, entidad que financió la operación, también se pudo presentar una irregularidad al ser expedida sin los requisitos necesarios.

Según consta en carta enviada por el presidente de Sidauto, Humberto Prieto Ballesteros, al Banco del Estado, la junta directiva de la sociedad nunca concedió autorización al gerente, Julio César Cortés, para suscribir el préstamo, y por tanto, no se explica por qué el banco abrió la carta de crédito por cerca de 1.500 millones de pesos respaldando la negociación.

Esta misma versión fue confirmada por un miembro de la junta directiva de la empresa, quien aseguró que en la asamblea general de socios, efectuada el pasado 30 de marzo, Julio César Cortés admitió que era un negocio particular.

Eso mismo le contestó Cortés a Pedro Corrales Larrarte, accionista de Sidauto, cuando este pidió información sobre el negocio en el transcurso de la última asamblea de socios.

Sin embargo, Cortés declaró a la UI que aunque su esposa, Humberto Prieto y él son los promotores, el negocio es de Sidauto.

Pocos días después, y en las instalaciones de este diario, Cortés señaló que en la asamblea se hablaron muchas cosas , pero que no se tomó ninguna decisión a este respecto. En referencia a la respuesta dada a Pedro Corrales, lo atribuyó a problemas de índole familiar.

Certificación Esta historia se inició en julio de 1993 cuando la aduana de Cartagena aprehendió 35 de los 80 buses por considerar que los vehículos eran modelo 1990 y no 1993 como lo había declarado Sidauto a la hora de solicitar la licencia de importación.

La decisión de la aduana se basó en la norma del Incomex, según la cual no pueden ingresar al país vehículos de años anteriores al año de importación.

El fallo se sustentó en tres peritazgos -inspectores aduaneros, peritos del DAS y un ingeniero de Colmotores-, que concluían que los buses eran modelo 90.

Un año después, y cuando ya se había agotado la vía gubernativa, el ex director de la Dian, Carlos Espinosa, revocó el fallo de la aduana de Cartagena y devolvió a Sidauto los 35 buses que habían entrado por ese puerto.

Espinosa dijo que según el Incomex es el fabricante, o quien ensambla, quien determina el año de modelo de un vehículo . En este sentido, los certificados de origen de los buses aportados por el Banco del Estado a la Dian el 1 de diciembre de 1994, indicaban que el modelo de los vehículos era 1993.

Esos certificados fueron expedidos por el vicepresidente regional de la Navistar en Miami, Ramón Curros, y consularizados ante las autoridades colombianas antes de ser entregados a la Dian.

Sin embargo, la UI pudo comprobar que, con anterioridad -julio de 1990-, la misma fábrica envió al Departamento de Transporte (DOT) un informe en el que le notificaba que en los números de los chassises de los buses producidos por esa fábrica en el año 1990, se encontraba la letra L en la posición décima, la misma que figura en los chassises de los 80 buses de Sidauto.

Esta última comunicación contradice una declaración juramentada (extra procesal) dada por Curros ante el notario Segundo (e) del Circuito de Bogotá, el pasado 22 de julio, en la que declara que los buses son nuevos de modelo 1993 y terminados de fabricar en 1993 .

Además, la UI se comunicó con la división de la Seguridad Nacional de Autopistas adscrita al DOT para averiguar cómo se certifica el modelo de un bus ante el Gobierno estadounidense.

En su respuesta, este departamento envió un boletín del Highway Traffic Safety Administration, que especifica el sistema de identificación del vehículo para simplificar la información y permitir detectar los defectos cuando los vehículos son devueltos .

Según el boletín oficial, las improntas de los chassises de los 80 buses importados por Julio César Cortés en 1993 son modelo 1990 puesto que en el serial de identificación la letra L representa ese año para todos los buses. Esta información de carácter general, corrobora el documento de la Navistar International enviado al DOT.

Sin embargo, Curros señaló ante notario que la letra L en este caso no significa nada en particular ya que se trata de la producción de un bus especial, de una unidad completa la cual incluye Chassis y carrocería .

En relación con la carrocería de estos buses, fabricada por la firma Wayne, un documento de la firma Dune and Bradstreet revela que este fabricante entró en quiebra en 1992 y cerró todas sus operaciones manufactureras el 17 de julio de 1992. Por lo tanto en 1993 no produjo ninguna carrocería.

En posterior comunicación a este diario, Curros afirmó que los buses fueron terminados en 1993 y que son totalmente nuevos . En dicha carta, no obstante, Curros no se refiere al modelo de los vehículos.

Cartas y comodines A lo anterior, se suman eventuales irregularidades que pudo cometer el Banco del Estado a la hora de abrirle la carta de crédito a Sidauto por cerca de 1.500 millones de pesos para que pudiera financiar la importación de los buses.

Dicho préstamo fue suscrito a nombre de la empresa Sidauto por petición de su gerente, Julio César Cortés, sin la previa autorización de la junta directiva como lo exigen los estatutos cuando se involucran montos superiores a 500 mil pesos, límite que se mantiene vigente aún a la fecha según algunos socios.

Según una comunicación enviada por el presidente de Sidauto, Humberto Prieto Ballesteros, al Banco del Estado, el día 29 de octubre de 1994, ni las actas de la junta directiva de la sociedad, ni ninguno de sus miembros autorizó a Cortés para suscribir ese crédito. La empresa no puede asumir las consecuencias por procedimientos bancarios que no tienen la autorización del órgano competente para otorgarlos , señala Prieto en su carta (ver recuadro).

Asímismo, Prieto le solicitó al banco reintegrar el dinero que se ha debitado de la cuenta corriente de Sidauto, sin ningún soporte legal y terminó pidiendo que ante la gravedad de los procedimientos bancarios contables que se han venido utilizando, requerimos del Banco del Estado para que se tomen inmediatamente las medidas conducentes al restablecimiento normal y se abonen los dineros que han sido cargados irregularmente a la cuenta corriente de la empresa .

Esta carta deja en evidencia que el negocio no es de Sidauto y que el banco pudo haber cometido irregularidades a la hora de abrir la carta de crédito.

Además, el banco utilizó un procedimiento poco usual en este tipo de créditos: funcionarios del banco, encabezados por la entonces gerente de la oficina en donde se abrió el crédito, Leonor Astrid de Mc Allister, estuvieron en Miami inspeccionando los buses.

Lo anterior consta en carta enviada a la aduana de Cartagena el 19 de noviembre de 1993 y firmada por Mc Allister. Pese a lo anterior, Mc Allister afirmó que ella no había escrito esa carta.

Por su parte, Cortés, aseguró que me encontré por coincidencia en Miami con la doctora Mc Allister, a quién conozco hace más de 20 años, debido a que su padre, Norberto Salamanca, es un conocido transportador de Boyacá. Le solicité entonces que inspeccionara los buses . Agregó, además, que aunque Mc Allister es su amiga personal, no es socia del negocio como algunas personas lo han querido señalar .

Sin embargo, Mc Allister declaró a la UI que viajó a Miami con dos colegas más del banco a ver los buses, invitada por Sidauto; empresa que les financió los pasajes aéreos. Ninguno de los funcionarios que viajaron eran expertos en automotores.

A este respecto, la publicación 500 de la Cámara de Comercio Internacional que regula las transacciones de comercio internacional, menciona en su artículo 4 que todas las partes intervinientes en un crédito, negocian con documentos y no con mercancías, servicios y/u otras prestaciones, a que tales documentos puedan referirse .

De la misma forma, un analista de la vicepresidencia internacional del Banco de Colombia señaló que nadie viaja del banco al exterior a ver la mercancía. En ningún momento es responsabilidad del banco la calidad de la mercancía que se importa, a no ser que la entidad sea accionista o socia del negocio. La responsabilidad de los bancos no está en la calidad de la mercancía sino en el pago. Si los documentos están en orden, la entidad paga .

Por otra parte, la UI pudo establecer que Mc Allister renunció en enero de este año, según ella, por diferencias con el presidente del banco en el manejo de la información bancaria. Por su parte, el presidente de la entidad, Camilo Cabal, señaló que él no estaba satisfecho con el desempeño de la gerente.

En relación con los posibles malos manejos en la aprobación del préstamo, Cabal señaló que él contestaría a los jueces. Dijo, además, que con el caso de los buses el banco se puede ver afectado con el retiro de los depósitos y que cualquier cosa que uno diga puede reñir con los intereses de la Procuraduría .

Finalmente, Cabal advirtió que el banco se ceñía al comunicado que divulgó a los medios de comunicación.

En dicho comunicado el Banco del Estado informa que ha tomado y está tomando las medidas internas disciplinarias en caso de eventuales violaciones a los reglamentos bancarios e igualmente está actuando con sus apoderados judiciales en materia civil, comercial, administrativa y penal .

Así mismo, señala que bajo la gravedad del juramento, Ramón Curros, representante autorizado de la firma fabricante de los vehículos, protocolizó su poder como representante autorizado, y expresó que los buses son nuevos de modelo 1993 y terminados de fabricar en 1993 .

No obstante lo anterior, el comunicado recalca que la empresa fabricante de los buses es responsable por la autenticidad y veracidad de los 80 certificados de origen .

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