‘No tenemos vallas que sean ilegales’

‘No tenemos vallas que sean ilegales’

Dueños y representantes de vallas instaladas en Bogotá rechazaron el señalamiento que la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) hizo en el sentido de que el 95 por ciento de la publicidad exterior que hay en la ciudad es ilegal.

18 de octubre 2008 , 12:00 a.m.

“No se puede hablar de ilegalidad, cuando desde hace seis años las empresas de publicidad exterior presentaron las solicitudes para el registro (permiso) de las vallas y la Secretaría, por desidia, las represó y no las tramitó oportunamente”.

Así lo sostuvieron la directora de la Asociación Nacional de Publicidad Exterior (Analpex), Adriana Arauz; el representante de Vallas Técnicas (Valtec) Eduardo Arango, y el representante de la Organización Publicidad Exterior (Ope), Orlando Gutiérrez.

Manifestaron que están de acuerdo con las medidas tomadas por la SDA para reorganizar la publicidad exterior en la ciudad. Sin embargo, advirtieron que la entidad se “extralimitó y violó el debido proceso al señalar a las vallas como ilegales, ordenar su desmonte y exigir, en el trámite de los nuevos permisos, requisitos no regulados.

Este pronunciamiento de los valleros se deriva de las medidas que tomó la Secretaría Distrital de Ambiente, desde julio pasado, para controlar este sector: identificó con grandes calcomanías algunas vallas como “ilegales” y ordenó su desmonte en tres días. Exigió, además, que los 1.069 avisos de publicidad exterior puestos en la ciudad, debían registrarse nuevamente ante la autoridad ambiental para su legalización.

Gutiérrez, quien representa 140 de las vallas instaladas en grandes avenidas, dijo que a la Secretaría le solicitó inicialmente, hace seis años, “70 registros que fueron aprobados porque cumplimos con los requisitos”.

Agregó que, luego, en el 2003, presentó nuevamente la solicitud por estos 70 registros y otros 70 avisos más, y “pasaron 5 años y nunca nos dio una respuesta”.

Arango, representante de otras 150 vallas, dijo que le sucedió algo similar.

“Durante seis años –manifestó Arango– estuvimos presentando las solicitudes para los permisos, entregando la documentación y la Secretaría no tramitó las autorizaciones. Tampoco salió a controlar a quienes no cumplían las normas.”.

Otros cuestionamientos .

Ahora, agregaron, “la Secretaría determinó que por resolución aplicaría el silencio administrativo negativo para todas las solicitudes presentadas antes del 2006, con lo cual quedó en evidencia su negligencia y un grave error, porque esta herramienta jurídica fue creada para el uso de los particulares”.

En concepto de los valleros, la Secretaría tampoco podía aumentar el costo de los nuevos registros, que estaba en 44 mil pesos y los subió a 1’384.000.

“Ese valor corresponde a una tasa y la SDA no es la entidad autorizada para hacer ese incremento, porque constitucionalmente esa facultad la tienen los concejos municipales”, explicaron.

En relación con el desmonte de vallas, indicaron que debió ser el resultado de un proceso. Argumentaron que “la ley señaló que cuando hay un registro, la autoridad debe promover una acción popular ante un juez competente para que ordene la remoción”. Este trámite, sostuvieron, no se cumplió teniendo en cuenta, además, que las vallas están en propiedad privada y no en espacio público.

Exigencias no reglamentadas .

Los valleros aseguraron que para los nuevos registros de las vallas, la Secretaría está pidiendo, igualmente, requisitos no fijados por la normatividad.

Explicaron que las vallas se consideran estructuras convencionales, por tanto, no deben cumplir normas de sismorresistencia ni requieren estudios de suelos para su instalación, “pero la SDA impuso esas exigencias”.

No obstante, dijeron, “por precaución, se han hecho siempre los estudios de suelos y se han contratado ingenieros para que las estructuras se monten cumpliendo normas de seguridad. Por eso, hasta ahora, no se ha caído ninguna valla en Bogotá, pese a los fuertes vientos que han corrido”, manifestó Arango.

“No se puede hablar de ilegalidad, cuando desde hace seis años las empresas están pidiendo los registros, y la Secretaría de Ambiente, por desidia, no los tramitó.

Analpex y representantes de la publicidad exterioren Bogotá

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