Ahora, deberá ser el Tribunal Contencioso Administrativo el que decida la suerte de los cerca de 14 moteles y residencias y más de 70 tabernas, discotecas, bares y prostíbulos que desde hace algunos años se han instalado en el barrio Venecia, al sur de Bogotá, y que mantienen en una disputa a vecinos y comerciantes del sector.
Considerando que las querellas instauradas desde 1991 ante la Alcaldía local no surtieron ningún efecto concreto, varios vecinos entre ellos el párroco de la Iglesia de Santa Cecilia y el Rector del Colegio Nuestra Señora del Refugio, le solicitaron al presidente de la Junta de Acción Comunal de Venecia, Jorge E. Villamarín, acudir a la acción de tutela para proteger sus derechos.
Ellos argumentan que desde tiempo atrás, debido a la corrupción de los alcaldes locales, los inspectores de policía, los inspectores de obras, los funcionarios de Planeación Distrital... , han proliferado estos establecimientos, ...cuya única finalidad es derivar ganancias como resultado del comercio del sexo , los cuales, además de inmorales son ilegales .
La pregunta es: si los bares, moteles, tabernas, residencias y prostíbulos están prohibidos para un barrio residencial como Venecia, cómo es que aparecen con licencias de funcionamiento? quién y porqué las otorgó? , En este sentido, afirman que tanto el anterior alcalde como su antecesor Marco Aurelio Muñoz, han buscado dilatar con toda clase de argucias el cierre de estos locales. En efecto, en julio de 1993 la Personería Distrital solicitó la suspensión por 60 días de Muñoz por irregularidades en la expedición de licencias de funcionamiento.
Los habitantes se quejan de que esto ha traído graves consecuencias para la comunidad tales como el incremento de las balaceras nocturnas, los atracos y la violencia en las calles, la venta de drogas prohibidas, el homosexualismo, los exhibicionistas callejeros, las insinuaciones obscenas a niñas y jóvenes, clausura de centros de enseñanza, estancamiento del progreso del barrio, deterioro y devaluación de los inmuebles y la promoción de la corrupción, entre otros.
Por lo tanto, piden que se tutele su derecho a la vida e integridad personal, el derecho al libre desarrollo de la personalidad pues no se puede obligar al ciudadano a convivir con el delito , el derecho a obtener justicia pronta y cumplida y el derecho al debido proceso, que consideran violados por la omisión y reticencia del anterior alcalde local contra quien está dirigida la tutela.
