PLIEGO DE CONDICIONES A COLOMBIA

PLIEGO DE CONDICIONES A COLOMBIA

El semanario Portafolio publicó, en la edición que circula esta semana, los principales apartes del proyecto de ley que el senador Jesse Helms puso a consideración del Congreso de Estados Unidos y que, de ser aprobado, podría desembocar en un bloqueo económico contra Colombia.

18 de abril 1995 , 12:00 a.m.

Entre otras cosas, la iniciativa establece que serán cortados programas de asistencia para el país en las siguientes áreas: desarrollo, promoción económica, apoyo militar, inversión de empresas norteamericanas y la financiación que se ofrece a través del Eximbank, banco de fomento de exportaciones de EE. UU.

El proyecto advierte que el Congreso votará en forma negativa las solicitudes de crédito que hagan organismos multilaterales a favor de Colombia, entre ellos, el Banco Mundial, la AID y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

Se impediría además la exportación de armas norteamericanas hacia Colombia; la financiación y ayuda militar y el apoyo a acciones conjuntas que impliquen el respaldo de fuerzas armadas de ese país.

Frente a las preferencias económicas de las cuales se goza hoy día Colombia, el proyecto del senador Helms también trae sanciones, entre ellas, excluir al país de los beneficios del ATPA (Tratado de Preferencias Arancelarias); del SGT (Sistema General de Preferencias) y de cualquier otro organismo que implique ayuda en este sentido.

Se advierte que Colombia no tendría acceso al Tratado de Libre Comercio (Nafta) y que el presidente de los Estados Unidos tomará las medidas necesarias para que funcionarios colombianos vinculados con escándalos de narcocorrupción, sus parientes y socios cercanos, les sea negado el acceso a los Estados Unidos.

Exposición de motivos Los argumentos que exponen el senador Helms y sus asesores para adoptar esta serie de represalias contra Colombia, incluyen desde el riesgo que han corrido varios colombianos en la lucha contra el flagelo del narcotráfico, hasta la corrupción que corroe las instituciones del país.

Según el parlamentario, el gobierno Nacional no ha conseguido logros significativos para desbaratar a los carteles de la droga o dar con la captura de sus principales capos.

Agrega que la política de sometimiento de penas no es suficiente y que quienes resultan condenados por crímenes relacionados con la mafia, no terminan en las cárceles.

Así mismo, se cuestiona el hecho de que el país se haya convertido en un centro para el lavado de dólares y que el sistema judicial y político esté plagado de corrupción a causa del narcotráfico.

Los promotores de la iniciativa dicen además que el gobierno no ha logrado cumplir las promesas hechas a mediados del año pasado por el presidente electo Ernesto Samper; entre ellas, la creación de un cuerpo élite de investigación, juzgamiento y captura de los narcotraficantes y sus aliados políticos; la reforma al código penal y el incremento de penas para quienes participen en este tipo de delitos; la conformación de una fuerza antinarcóticos con los demás países del Caribe y desvirtuar los argumentos que señalan la influencia de los capos en el Congreso y la Presidencia de la República.

Cuestionan al gobierno por no haber tenido ningún resultado en las investigaciones sobre el presunto giro de dineros del cartel de Cali a la campaña del actual mandatario y porque no se ha hecho claridad sobre corrupción masiva en el Congreso colombiano .

Finalmente, se afirma que a pesar de que el país cuenta con leyes para atacar el problema de la droga y la corrupción, el gobierno no hace cumplir esas leyes .

Qué se espera de Colombia Algunos de los requisitos que el proyecto de ley presentado ante el Congreso norteamericano impone a Colombia para no ser sancionada, incluyen: La investigación de contribuciones de los narcotraficantes a políticos del país; destinar fondos a programas de sustitución de cultivos; capturar y castigar a los principales capos de la droga; financiar el plan para el mejoramiento de la administración de justicia y confiscar las utilidades provenientes del narcotráfico.

Igualmente, Colombia debe demostrar que una eventual reforma al código penal implica el aumento de penas para los narcotraficantes; la creación de una unidad de investigaciones para detectar, capturar y juzgar a personas que participen en actividades corruptas relacionadas con las drogas; la puesta en marcha de un estatuto contra el lavado de dólares y la destrucción de 44.000 hectáreas de coca y amapola.

Sólo así, según el senador Helms, Colombia podría recibir una certificación favorable de manos del presidente de los Estados Unidos.

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