LA JUSTICIA Y EL LEÓN ENJAULADO

LA JUSTICIA Y EL LEÓN ENJAULADO

Cuando Carlos Andrés Pérez gobernaba, las puertas de Miraflores siempre estuvieron abiertas para mí. Es cierto que no siempre coincidíamos, pero eso hacía más apreciable su hospitalidad. CAP era un presidente capaz de discutir con vehemencia sus puntos de vista, incluso sin moverse un milímetro de sus convicciones, mas también sin rebajar su cálida cordialidad. Sería distinto en su cautiverio? Habría conseguido agriar su carácter la prisión domiciliaria a que lo habían confinado imputándole la malversación de fondos reservados del Estado? Estaría deprimido, aplastado por el peso de las acusaciones? Cómo encajaba sus desgracias quien había declarado que su mayor ambición política era salir en hombros de la Casa de Gobierno, aclamado por su pueblo, y acabó abandonándola escoltado por la policía? Cómo rugía el león enjaulado?

12 de junio 1996 , 12:00 a. m.

En un reciente viaje a Caracas me fui a ver a CAP junto a Plinio Apuleyo Mendoza y a su hermana Soledad, amigos del ex mandatario, y de golpe y porrazo despejé todas las dudas. Pérez estaba intacto. El gobierno lo había apresado, pero el teléfono y el modem lo mantenían fuera de las rejas. ( Solo el Internet os hará libres ). Todavía mandaba. Sobre nadie, pero mandaba. Desmintiendo el verso de Miguel Hernández, la pena no había conseguido tiznarle el semblante.

Estaba más delgado y vigoroso, tal vez más descansado, pero exultante, incluso optimista, como quien no cree que ha librado y perdido el último round de su última pelea, sino como el fajador dispuesto a combatir otra vez por el título. Me emocionó verlo, porque la gente que no se arredra ante los infortunios, y se mantiene de pie en medio de la tormenta, acaba por despertar cierta admiración, incluso de quienes no le tenían demasiada durante las épocas dichosas. Nunca CAP me ha parecido mayor que ahora, cuando no es más que un pobre prisionero recluido en una casona cómoda sin ínfulas de lujosa mansión. Se ha crecido tremendamente en su lamentable desgracia.

La acusación por la que CAP ha resultado condenado no parece muy bien fundada: haber utilizado los fondos reservados asignados a la presidencia venezolana para apuntalar a su amiga Violeta Chamorro, presidenta de Nicaragua, en la contienda electoral contra los sandinistas. Alegación de la que se defiende Pérez con un razonamiento válido; para la estabilidad de Venezuela era conveniente sostener la democracia en Nicaragua y poner fin a la guerra civil que aquejaba a ese país y amenazaba con extenderse por toda Centroamérica. En todo caso, la naturaleza de los fondos reservados es precisamente esa: a nadie debe darle cuenta el Presidente sobre cómo y por qué utiliza esos dineros.

De esa triste historia se derivan dos lecciones que deberían tomarse en cuenta en toda América Latina. La primera es que en una república nadie, absolutamente nadie, debe administrar fondos públicos si no es bajo la supervisión y auditoría estricta de algún órgano competente nombrado por el parlamento, representante último de la voluntad popular. Por eso los norteamericanos imprimen en sus billetes una lacónica leyenda: In God we trust . En Dios confiamos. De todos los demás es saludable sospechar. La segunda, es que no debe utilizarse el sistema judicial para dirimir querellas políticas, porque se termina por debilitar muy seriamente los fundamentos de la democracia. Los tribunales no son para crucificar adversarios sino para juzgar delitos.

No estoy diciendo que los gobernantes no deben ser sometidos a los tribunales cuando cometen delitos comunes, sino que hay que mantener una justicia alerta e independiente, que actúe vigorosamente, pero no por impulsos partidistas, sino de oficio, cuando se tengan indicios racionales de que se ha quebrantado la ley de la nación. Y en realidad son pocos los países latinoamericanos que cuentan con un poder judicial autónomo, eficiente, y capaz de hacer justicia en un tiempo razonable. Los hay que se pliegan al poder del dinero o de los cuarteles. Los hay profundamente penetrados por el narcotráfico. Los hay atemorizados por los terroristas. Los hay entregados a los caprichos del ejecutivo. Los hay prácticamente inútiles, porque las sentencias no llegan nunca, o no se cumplen, o como sucede en Cuba porque vienen dictadas por las omnipotentes fuerzas represivas.

Lo verdaderamente trágico de esta desgracia es que no puede haber democracia ni estabilidad ni, por lo tanto, garantía de desarrollo económico sostenido sino existe un fortísimo poder judicial, independiente y honrado, que dirima los conflictos de la sociedad de una manera justa y sujeta a las formas y normas del Estado de Derecho.

En efecto, desde hace un buen número de años, la Academia Sueca suele conceder su Nobel de Economía a investigadores como North o Coase, estudiosos que han demostrado la íntima relación que existe entre el derecho y el progreso. Como regla general, las naciones punteras son aquellas en las que las leyes se cumplen, los contratos se respetan y los tribunales funcionan de manera justa y predecible. Por la otra punta, el rasgo más evidente del tercermundismo son esos juzgados atestados de papeles en desorden, regidos por pícaros que los mueven o desaparecen a su antojo, y en los que los jueces son más bien unos subastadores de privilegios y favores que verdaderos administradores de justicia.

Es muy simple: el sistema económico de mercado y su contraparte política de democracia, se basan en la premisa de que exista un poder judicial capaz de hacer cumplir la ley por encima de la voluntad de cualquier ciudadano, por encumbrado que este sea. Sin eso, sin una autoridad judicial respetable y respetada, ni es posible la prosperidad económica a largo plazo, ni se podrá transmitir la autoridad ordenadamente de forma ininterrumpida. Sin eso, sencillamente, estamos sentados en un polvorín. O en un polvorín mezclado con estercolero, amalgama que cuando estalla suele darle a la onda expansiva una insoportable fetidez de muerte. (Firmas Press).

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