Dichas medidas contemplan el fortalecimiento del equipo técnico y administrativo de la oficina de Dirección de Atención y Prevención de Desastres, dependencia adscrita al ministerio de Gobierno.
Con la nuevas normas dicha dependencia se encargará de asesorar directa y permanentemente a los Comités Regionales de Atención y Prevención de Desastres y trabajará en coordinación con las demás entidades gubernamentales, tales como el Inurbe, Findeter, el Ministerio de Salud, la Caja Agraria, el Instituto Nacional de Vías y la Red de Solidaridad Social, entre otras.
La iniciativa también contempla la creación de la Sala de Crisis , oficina que funcionará las 24 horas del día, y el manejo de recursos del Inurbe como parte de un subsidio que se otorga por efectos de desastres, previo concepto del Comité Local de Emergencia, y con el aval del Departamento Nacional de Planeación.
Con las nuevas disposiciones se espera lograr una mayor coordinación entre la Dirección y las gobernaciones y alcaldías municipales en el proceso de recuperación de las zonas afectadas por los desastres.
En el campo financiero, el ministro de Gobierno, Horacio Serpa, se comprometió a solicitarle al presidente Samper que cite a reunión a las entidades nacionales de cofinanciación, para que éstas trabajen más a fondo en la atención de las gentes afectadas por desastres naturales.
De llevarse a cabo, esta idea permitirá acelerar la recuperación de las zonas afectadas por los desastres ocurridos durante los últimos meses.
La nueva estrategia fue el resultado de la reunión que presidió el ministro de Gobierno y que contó con la participación de Juan Carlos Posada, viceministro de Gobierno; el ministro de Hacienda (E), Francisco Azuero; el subdirector de la Cruz Roja Colombiana, Walter Cote; el director nacional de la Defensa Civil, general Vacca Perilla, así como delegados de los ministerios de Defensa y Salud y el director de la Oficina Nacional de Atención y Prevención de Desastres, Luis Fernando Velasco.
La estrategia propuesta compromete a todas las entidades del Estado y busca re orientar recursos, entregar responsabilidades precisas a los distintos funcionarios y hacer seguimiento a los planes definidos, dentro de la iniciativa de disminuir los efectos de las calamidades.
