Chocan Procuraduría y Corte por proceso madre de parapolítica

Chocan Procuraduría y Corte por proceso madre de parapolítica

En un sopresivo comunicado de prensa, la Procuraduría General le solicitó ayer a la Corte Suprema de Justicia cerrar el primer expediente que se abrió para investigar los nexos entre políticos con fuero y grupos paramilitares, conocido como el ‘proceso madre’ de la parapolítica y abierto el 7 de diciembre del 2006 bajo el radicado 26625.

09 de octubre 2008 , 12:00 a.m.

En dicho expediente la Corte Suprema ha venido allegando denuncias e información relacionada con estas conductas e incluso ha practicado decenas de pruebas e interceptaciones dentro del mismo, para luego proceder a individualizar las conductas que así lo ameriten.

Y aunque el Ministerio Público ha acompañado varias de estas actuaciones, ayer manifestó que –en su criterio– el mecanismo puede vulnerar el derecho al debido proceso de quienes resulten involucrados.

“Cuando se inició la gestión investigativa la Corte abrió un radicado, como legalmente debe hacerse –dice la Procuraduría en un comunicado de prensa–.

Pero ha mantenido el mismo de manera indefinida hasta la fecha, cuando es una actuación que debe cumplir dos requisitos legales: tener una duración máxima de seis meses y realizar una identificación clara de los presuntos implicados”.

Según lo estableció EL TIEMPO, la solicitud de cerrar el ‘expediente madre’ fue impulsada por el procurador delegado ante la Corte, Julio Ospino Gutiérrez, quien ya había dejado algunas constancias a este respecto.

Y esta no es la primera vez que el procurador Ospino se manifiesta contrario a tesis jurídicas sostenidas por la Corte Suprema dentro de la llamada parapolítica.

Hace algunos meses, por ejemplo, pidió la absolución del congresista Eric Morris –a la postre condenado– y entregó conceptos contrarios a la credibilidad dada por el alto tribunal a Jairo Castillo Peralta, ‘Pitirri’, el llamado testigo estrella de la Corte Suprema de Justicia.

No obstante, defensores de políticos procesados por sus presuntos nexos con las Auc, ya habían manifestado su malestar en torno al ‘expediente madre’ calificándolo de fantasma o de ‘radicado oculto’.

Otras voces en contra Uno de ellos fue el defensor de Nancy Patricia Gutiérrez, senadora indagada que grabó a Juan Carlos Díaz Rayo, agente del CTI destacado ante el tribunal, refiriéndose al 26625 como un proceso oculto.

El abogado José del Carmen Ortega –miembro de la defensa del ex senador Mario Uribe Escobar– también había expresado su malestar en torno al tema tras asegurar que el llamado ‘proceso madre’ había servido para practicar pruebas a espaldas de los indagados, entre ellas, varias interceptaciones telefónicas a su cliente hechas días antes de que le abrieran la indagación previa formal.

“Celebramos la solicitud de la Procuraduría General –dijo ayer Ortega–.

Aunque tardía, ya había varias quejas acumuladas en torno a este expediente, que es una clara leguleyada. desde un principio no olía bien”, puntualizó.

‘Todo es legal’ Sin embargo, dos horas después de la solicitud de la Procuraduría, la Sala Penal de la Corte manifestó que no accederá a la petición que, en todo caso no obliga legalmente.

En un documento de algo más de cinco puntos, reitera además que dentro del expediente de marras no hay un indagado en particular y que en las actuaciones judiciales que se realizan en esta investigación previa siempre están presentes delegados de la Procuraduría que dan fe del respeto al debido proceso.

Y citando varias normas, los magistrados argumentan que el procedimiento que se está siguiendo es legal.

Además, que las razones esgrimidas por la Procuraduría General en su solicitud no tiene ningún fundamento.

Finalmente, dicen que en esa investigación previa no se aplica el término de seis meses al que hace alusión el concepto del Ministerio Público.

Además, los magistrados de la Sala Penal dejaron en claro que la ley les otorga la facultad de disponer de todos los recursos a su alcance para esclarecer los hechos que han sido denunciados e identificar a los presuntos responsables.

Se espera que hoy la Corte en pleno salga a respaldar la decisión de su Sala Penal como ha sucedido en ocasiones anteriores.

''De la existencia de la indagación preliminar 26.625 ha estado enterada la Procuraduría, al punto que ha participado en varias diligencias allí realizadas”.

Comunicado de respuesta de la Sala Penal de la Corte Suprema

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