BILL CLINTON, EL INTERVENTOR

BILL CLINTON, EL INTERVENTOR

El presidente demócrata de Estados Unidos, William Clinton, se ha ido transformando en un verdadero cruzado contra las drogas. Cada vez se parece más a sus antecesores republicanos Ronald Reagan y George Bush, debido a la definitiva asunción de una retórica y una práctica antinarcóticos fuertemente punitivas.

09 de junio 1996 , 12:00 a.m.

En ese contexto, Colombia representa un lamentable símbolo de muy fácil ataque diplomático. En la posguerra fría, la lógica de la prohibición conduce a que países como Colombia, supuestamente convertidos en santuario de un narcotráfico mimetizado como una modalidad violenta de criminalidad organizada transnacional, deban ser disciplinados.

Si el establecimiento político y económico no se autodepura autónomamente frente al negocio de las drogas, Washington se reserva el derecho para forzar un cambio que evite la consolidación de una narcodemocracia. Lo que en Colombia se percibe como una crisis de gobierno, en Estados Unidos se lee como una crisis de hegemonía.

En ese sentido, e independiente del amplio abanico de opciones económicas y militares de sanción y retaliación que posee, Estados Unidos dispone en su legislación antinarcóticos de un vasto instrumental para apremiar, chantajear o estrangular a Colombia.

Así, las eventuales sanciones estadounidenses al país, como resultado de la falta de transparencia, credibilidad y legitimidad del juicio político al presidente Ernesto Samper, pueden ser de variada intensidad y dimensión.

Veamos. Con base en el Immigration and Nationaly Act de 1952 y el State Department Basic Authorities Act de 1956, el Departamento de Estado puede denegar o retirar visas de entrada a Estados Unidos, en razón de infracciones o delitos ligados al asunto de las drogas. Asimismo, el Aviation Drug Trafficking Control Act de 1984 le otorga al Departamento de Transporte el poder para suspender o revocar certificados de ingreso a Estados Unidos a compañías aéreas.

En forma paralela, con base en las diferentes enmiendas incorporadas durante la novela al Foreign Assistance Act de 1961 y, durante los 80, a la Narcotics Control Trade Act de 1974, se precisan los alcances de la descertificación anual de un país que no coopera con Washington en la lucha antidrogas; tal el caso de Colombia a partir de marzo. El Departamento del Tesoro está obligado a instruir al respectivo representante estadounidense ante decisión del primer mandatario estadounidense, sobre las facilidades económicas contempladas en la Ley de Preferencias Comerciales Andinas de 1991.

También, se elimina toda la asistencia oficial de Estados Unidos a dicho país, excepto aquella destinada a combatir el negocio de las drogas. Además, el presidente de Estados Unidos puede aplicar un arancel de hasta 50 por ciento a uno o varios productos que entran a ese país tanto con derechos aduaneros como libres de impuesto.

De modo concomitante, el ejecutivo puede suspender el transporte aéreo del país descertificado hacia Estados Unidos. Adicionalmente, Estados Unidos puede retirar su personal y sus recursos de los acuerdos para preautorización aduanera de visitantes de la nación descertificada.

De acuerdo al Crime Control Act de 1990, una nación descertificada no puede recibir los bienes o dineros obtenidos a través de confiscaciones realizadas en Estados Unidos con base en información proveída desde el exterior. Esto último ya se está aplicando.

Finalmente, mediante un uso máximo y extremo de la Orden Ejecutiva 12978 de octubre de 1995 contra la base material del narcotráfico colombiano, se puede llegar debido al poder brindado a los departamentos de justicia, de Estado y de Tesoro a un potencial bloqueo comercial y/o financiero del país.

En resumen, Colombia estaría colocada en cuarentena por parte de Estados Unidos. Washington detenta un conjunto de medios y herramientas para propiciar ajustes internos, entrometiéndose de hecho en el devenir político del país, en medio de la elocuente pasividad nacional en los años recientes. La mayoría de la elite civil y militar aún no ha entendido que la Guerra Fría terminó y que el país está sometido a la lógica vehemente de un prohibicionismo militante. Por ello, mientras Colombia no resuelva con seriedad y profundidad el fenómeno de los narcóticos, será percibida y definida como una amenaza de seguridad a nivel hemisférico.

* Investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional.

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