GOBERNABILIDAD DE LA REPÚBLICA

GOBERNABILIDAD DE LA REPÚBLICA

Estos días son propicios para reflexionar ecuánimemente en asuntos relacionados con la gobernabilidad y buena marcha de la República. Tantas reformas como se adoptan o se proponen a la ligera reclaman de cuando en cuando el examen desprevenido de sus alcances e implicaciones. No resultemos a la postre doliéndonos de haberlas aceptado por salir de un paso difícil sin haber previsto los problemas ulteriores.

11 de abril 1995 , 12:00 a.m.

Actualmente está sobre el tapete el proyectado estatuto de la oposición. Con él se aspira a hacer más equilibrado y diáfano el régimen democrático de partidos, pero no necesariamente más operante ni más eficiente. El propósito principal es vincular las minorías al Gobierno otorgándoles las posiciones de control, váyase a saber si como cuota exclusiva o complementaria.

Dentro del espíritu de perfeccionar el funcionamiento del Estado, se preceptuó en la Carta Política la transferencia de rentas de la Nación a las entidades territoriales, sin tomarse el trabajo de estudiar las circunstancias de aquella al culminar dicho escalonado proceso.

En el mismo acto legislativo, se atribuyeron al Banco de la República las políticas monetarias, cambiarias y crediticias, con independencia administrativa, patrimonial y técnica. La idea, según la escuchamos de labios muy autorizados, fue la de ponerle un ancla a la economía colombiana ante la perspectiva de Jefes de Estado cada vez más jóvenes e inexpertos.

En ninguno de los dos casos se consideró cómo habría de afectarse la gobernabilidad de la República al exponerla a exigentes esfuerzos fiscales en un futuro próximo y a azarosas colisiones de competencia en materias de mucha monta. De un lado, no se miró sino a la conveniencia y la justicia de la descentralización rentística y, de otro, a ver de garantizar el predominio de una técnica aparentemente neutral en la conducción del dinero y los cambios internacionales. Al Gobierno Nacional tocaría correr con las consecuencias del estrechamiento paulatino de sus recursos y del cercenamiento de funciones neurálgicas.

Ahora tenemos la propuesta de reservar al partido o los partidos de oposición los cargos de control. Presumiblemente no las superintendencias que hacen parte integral de la rama Ejecutiva, sino la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría. Durante el Frente Nacional, se les condicionó al régimen de responsabilidad compartida y rigurosa paridad en los diversos órganos del Estado. Era cuando se requería mayoría de las dos terceras partes para la aprobación de las leyes.

Por su naturaleza, siendo copartícipes del poder los partidos liberal y conservador, resultaba indiferente que el Procurador y el Contralor fueran de filiación política distinta de la del Presidente de la República. En regímenes democráticos abiertos, las cosas pueden ser de otra manera, especialmente en cuanto se refiere a la Contraloría, por su capacidad eventual de obstruir e incluso de paralizar la política fiscal. Unico instrumento económico del Ejecutivo tras la segregación de la cambiaria, la monetaria y la crediticia.

Control efectivo, no obstrucción Contra la creencia general, el hecho de nombrar Contralor las mayorías parlamentarias a uno de los suyos no ha redundado en privilegio del partido de Gobierno sino frecuentemente en lastre y perjuicio.

El elegido, sintiéndose soberano en su ínsula, ha tendido a constituir su propia agrupación política, la ha convertido en trinchera electoral y en fuente de corrupción. La posición le ha servido más para manipular a su colectividad original que para servirla. De donde se deduce la necesidad de prevenir futuras desviaciones y vicios recurrentes.

Lo cual no se lograría cambiando de partido, conforme se comprobó con el escándalo de los auxilios, compartida por todos los grupos su responsabilidad. Las irregularidades no han provenido de una determinada filiación política sino de la perversión de la democracia representativa que los diversos sectores han protagonizado.

Cualquiera sea el partido de los futuros Jefes de Estado, es preciso dejar a salvo la gobernabilidad de la República, tanto más habiendo la posibilidad de alianzas multipartidistas. El país no debe deslizarse inadvertidamente a la sistemática e irrealizable fórmula de la concertación que acabaría llevando a la anarquía o al golpe de mano. Concertando con el Banco de la República, con el Contralor de la oposición, con el Congreso, con los alzados en armas, con disímiles fuerzas.

Gobernar no es contemporizar a todo trance. Es mandar, es trazar rutas claras, es procurar recorrerlas democráticamente. La tendencia al unanimismo esteriliza la vida de los pueblos y los sume en la desesperanza. Si bien la Constitución del 91 habló de promover la concertación para la solución de los conflictos de trabajo, así como respecto de las políticas laborales y salariales, no subordinó a ella el ejercicio del Gobierno. Ni siquiera en lo tocante con los planes de desarrollo, a cuya elaboración se asoman los representantes de la comunidad. El unanimismo debilita en lugar de fortalecer a los regímenes democráticos.

Contra lo sostenido en algunos círculos, el nuestro difiere en forma muy sustancial del de partido único. En concreto, del mexicano que confunde el Estado con el PRI y tradicionalmente lo ha rodeado de toda clase de prerrogativas a la sombra de la censura de prensa, de gajes y limitaciones. La convivencia democrática tiene otras reglas, hacia las cuales da trazas de evolucionar la nación azteca.

De la concertación a la convivencia Colombia está ansiosa de concordia, de paz y seguridad de las vidas. Ello no significa, sin embargo, que en aras de alcanzarlas haya de cancelar disensiones y discusiones estimulantes. Las diversas vertientes de la opinión pueden coincidir en cuestiones específicas, por ejemplo en la lucha contra el narcotráfico, pero siempre debe haber un margen para el juego democrático y la contraposición de las ideas.

Mal haríamos en cortejar la quimera de la concertación ineludible o de un credo único en todas las situaciones. La convivencia democrática es cohabitación pero no identificación de pareceres y juicios. Lo importante es tolerarnos y respetarnos los unos a los otros: los gobernantes cumpliendo con su deber y los ciudadanos con los suyos, en un civilizado ambiente de conciliación.

Las elecciones peruanas, aunque no se descarta la inclinación originada en los factores reales de poder, han demostrado cómo los pueblos prefieren el liderazgo firme y resuelto a las vagas expectativas de concertación pusilánime.

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