Ahora, la mayoría liberal en el Congreso tiene dos razones de fondo para pasar la nueva reforma. La primera, porque a la administración no le conviene un prolongado debate sobre impuestos. Por eso se ha demorado tanto en presentar el proyecto de ley. La otra es la mala conciencia de algunos senadores. Al fin y al cabo, y a pesar de que el gobierno expresó su inconformidad y dejó constancia de la inconveniencia de aprobar unos nuevos impuestos en forma temporal, cuando las necesidades son permanentes, un grupo importante de senadores se empeñó en truncar la vigencia de los nuevos impuestos. La mayoría de ellos eran liberales. Por cuenta de ellos, el partido liberal va a tener que pagar dos veces el costo político de unos mismos impuestos y los conservadores podrán dar función un mismo número de veces. Para minimizar ambos problemas, la reforma va a pasar rapidito.
Además, la fórmula truncada no tenía sentido porque el aumento de impuestos se requería para financiar las transferencias de recursos del gobierno central a los departamentos y municipios y para financiar gastos permanentes derivados de la nueva Constitución de 1991, como lo fueron el mejoramiento de las instituciones de justicia, la dotación de la Fiscalía y las demás instituciones que se crearon con la Constitución. Dentro del mismo espíritu constitucional se aumentó el gasto social en cerca de tres puntos del PIB porque se quiso responder con hechos a las necesidades del país.
Por otra parte, en ese momento estaban las guerras contra el cartel de Medellín y contra la subversión en un punto alto, y todavía se creía de buena fe que si se dotaba a la policía y a las fuerzas militares de mejores equipos y mejores salarios, su desempeño principiaría a ser aceptable. Se aumentó considerablemente el gasto en seguridad que algunos frutos ha dado aunque, en relación con el precio que se pagó, los resultados no han sido muy brillantes.
El Congreso tiene toda la intención de aprobar la reforma tributaria que va a presentar la administración, en el sentido de autorizar la extensión del plazo de los impuestos que fueron incrementados en 1992. Claro que esta autorización no va a evitar el gran debate nacional que se dará sobre el crecimiento del gasto público. Durante la administración pasada, se hizo crecer el gasto del gobierno sesenta y nueve puntos por encima de la inflación, más de tres puntos del PIB durante los cuatro años de Gaviria. Ahora, el gobierno quiere repetir la prueba pero con un mayor desequilibrio del presupuesto nacional.
Eso va a ser difícil, en primer lugar porque no se puede seguir subiendo el gasto sin subir impuestos, a menos que el Congreso desee ir más allá de lo que se ha pensado y apruebe otro aumento permanente del IVA y mantenga la sobretasa del impuesto sobre la renta por un período indefinido.
En segundo lugar, porque hay que ser consistente. El ministro de Hacienda no hace sino decir que el gobierno pasado elevó el gasto excesivamente cuando él lo está aumentando más rápidamente en los primeros meses de este año, y lo quiere aumentar aún más durante los próximos años. Al fin, qué?
