CONTRALORÍA CUESTIONA LA POLÍTICA CARCELARIA DEL INPEC

CONTRALORÍA CUESTIONA LA POLÍTICA CARCELARIA DEL INPEC

Duros cuestionamientos a la política carcelaria, la asignación de recursos y el funcionamiento del Instituto Nacional Penitenciario hizo la Contraloría General de la República. En un informe general, el ente fiscalizador de las finanzas públicas pone en evidencia la inadecuada distribución de los recursos.

11 de abril 1995 , 12:00 a.m.

Para mantenimiento, adecuación y reparación de los centros carcelarios de las áreas de baja y mediana seguridad que albergan el 99 por ciento de la población carcelaria se destinaron 3.426 millones de pesos, mientras que para atender el 1,0 por ciento de los internos de los pabellones de alta seguridad, se destinaron 8.332 millones.

En 1993 para los pabellones de alta seguridad se destinaron en 49,5 millones de pesos por interno, mientras que para los demás pabellones los recursos asignados no superaron los 100.000 pesos por recluso.

Por centros penitenciarios se destaca el de Itagi donde la inversión por interno de alta seguridad alcanza los 98,3 millones de pesos, que demuestra una inadecuada distribución de recursos de inversión.

A ello se suma el nivel de hacinamiento de la población carcelaria que es del 11 por ciento a nivel nacional donde el 53,5 por ciento de la población reclusa corresponde a sindicados, a los cuales no se les ha resuelto su situación jurídica.

La Contraloría señala que si se cumpliera con una mejor inversión de recursos y las normas establecidas el hacinamiento probablemente desaparecería o sería mucho menor.

El presupuesto total del Inpec para 1994 fue de 92.390 millones de pesos; de esta cifra se destinó a gastos de funcionamiento el 80 por ciento y a inversión tan solo el 20 por ciento.

A ello se suma que el Instituto mantuvo inactivos 4.751 millones de pesos destinados a la ejecución de 29 contratos a realizarse entre julio y septiembre, los cuales no se iniciaron en el plazo previsto.

Por su parte, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia suscribió durante la vigencia de 1993 contratos de urgencia evidente por 5.583 millones de pesos pero con inconsistencias tales como sobrepasar las autorizaciones concedidas por el Consejo de Ministros.

Y la seguridad qué? El informe revela graves deficiencias en el pabellón de alta seguridad. Las celdas de los internos tienen comodidades superiores a las indispensables, lo que estimula indirectamente la corrupción de la guardia penitenciaria.

Existe una libre circulación de los internos por todos los niveles del pabellón de alta seguridad. Las visitas tienen acceso a sitios no autorizados, como los niveles comprendidos entre el segundo piso y la terraza. Se presenta una permanente distracción de los guardianes porque disfrutan de un televisor a color conectado a TV Cable.

El pabellón también cuenta con un teléfono público de larga distancia. A las inconsistencias mencionadas se suman irregularidades en los presupuestos de alimentación para los reclusos, y el hecho de que no existe un registro de los internos del país que permita conocer su situación jurídica en aspectos tales como tipo de delito, sentencia, y conducta del individuo.

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