RECADO SOBRE LAREFORMA AGRARIA

RECADO SOBRE LAREFORMA AGRARIA

El ministro Luis Fernando Londoño, de la administración Turbay, se ufanaba, también, de haber favorecido con sus adjudicaciones a campesinos pobres en cifras desconocidas hasta entonces. Podría seguir enumerando los nombres de otros funcionarios con igual hoja de vida, pero la pregunta es: cuáles desarrollos posteriores tuvieron tan febril actividad?

10 de abril 1995 , 12:00 a.m.

El quid de la cuestión es cómo hacer que la agricultura vuelva a ser negocio. Mientras la rentabilidad no guarde alguna relación con el riesgo para rescatar lo perdido en las épocas de las malas cosechas, la agricultura no hará otra cosa que proseguir en su decadencia. Las constantes marchas de los cafeteros en procura de un alivio definitivo a sus cuitas con la condonación de sus deudas, operación que tropieza con obstáculos legales insalvables, es una demostración patente de la crisis que estamos viviendo en el más rentable de nuestros cultivos. Otros, como el algodón en el Cesar, han ido desapareciendo. Ya no se cultiva ni el 10 por ciento de lo que se cultivaba en los años setenta.

Para que la agricultura vuelva a ser negocio se requieren dos condiciones esenciales: aumentar la productividad, para poder competir, y contar con un crédito más amplio para no sufrir con las inclemencias del clima y de los precios, arruinándose definitivamente, que es lo que ocurre en muchos casos.

Y, a guisa de posdata. Se me diría que la Ley 200 de 1936 fue la que inició en Colombia el proceso de reparto físico de las tierras con su secuela de perjuicios para la producción y para el empleo, lanzando a los colonos y a parceleros a la desocupación.

No es por piedad filial por lo que me anticipo a rectificar esta asimilación entre las leyes de tierras que se promulgaron bajo la administración López Pumarejo y las que las sucedieron. Un estudio internacional, que me ha llamado poderosamente la atención, demuestra todo lo contrario. La Ley 200, conocida como la Ley de Tierras, tuvo por objeto sanear los títulos de los propietarios que explotaban debidamente sus predios, obligándolos para escapar a la reversión ejerciendo una posesión material de la tierra, en sentido económico atendiendo el principio colonial español de morada y de labor , es decir, vivirlas y poseerlas.

Era un estímulo a la producción y un desarrollo indirecto del principio de que la tierra es de quien la trabaja. De ahí que no engendrara una crisis de alimentos, en contraste con la importación de materias primas y de alimentos a que asistimos en la actualidad, a consecuencia de la reducción del sector agrícola dentro del conjunto de la economía nacional.

Los rábulas de última hora por razones inconfesables, introdujeron en la ley del año pasado el principio inverso cuando consagraron en materia de adjudicación de baldíos, la teoría de que el título ya no es, como se afirmaba anteriormente, la explotación material de la tierra sino una mera formalidad de titulación por parte del Estado, que relega a segundo término la explotación ya que el modo de adquisición proviene de la mano del gobierno, independientemente del derecho adquirido por el trabajo de la tierra durante años.

Por qué no se averigua cuál ha sido la suerte de las parcelas adjudicadas durante estos treinta años? Por qué no se analizan las razones que invocan los propietarios para aspirar a ser incorados ? Por qué no se establece la relación entre las demandas probables de unidades agrícolas familiares ( 250.000 unidades?) y las tierras disponibles para tal efecto ( 20.000?).

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