Tanto, que en la tarde de ayer, tras una reunión de urgencia en el Ministerio de Defensa, el vicepresidente, Francisco Santos, anunció que la Fiscalía General conformará una fuerza de tarea especial para investigar el caso.
A la reunión asistieron el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez; el Fiscal, Mario Iguarán, y el viceprocurador general, Carlos Arturo Gómez.
Se sabe que el presidente Uribe está al tanto del tema, pero que solo hará pronunciamientos sobre los resultados de las investigaciones.
El grupo élite para el caso estará coordinado por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. Se creará un protocolo especial para identificar más a los desaparecidos.
Por lo pronto, la Fiscalía investiga los casos de 19 jóvenes de Bogotá y la vecina Soacha, que según el Ejército murieron en enfrentamientos de unidades oficiales contra bandas emergentes.
Investiga a un hombre de Soacha que dice que uno de los reclutadores se presentaba como soldado profesional y que llegó ofreciendo dos millones de pesos para, supuestamente, buscar una guaca en la finca de un sargento, en La Mesa (Cundinamarca). Aseguró que desconfió y que pidió la plata por adelantado y que eso lo salvó. Dijo que dos de sus amigos, Jonathan Soto y Julio César Meza, aceptaron. Ellos fueron los dos primeros que desaparecieron, en enero.
Las autoridades manejan otras versiones que aseguran que el reclutador, a quien describieron como moreno, de baja estatura y de corte militar, ofreció dinero por un levante (secuestro) en otra zona del país.
La preocupación del Gobierno por el caso se ha reflejado en las declaraciones públicas de altos funcionarios. Precisamente ayer, el Vicepresidente había dicho que irían hasta las últimas consecuencias.
El pasado viernes había sido el Ministro de Defensa, quien luego de afirmar que se resistía a creer que hay militares que exigen muertos como resultados, advirtió que habrá cero tolerancia con cualquier comportamiento (de la Fuerza Pública) que no esté ajustado al respeto por los derechos humanos.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU urgió esclarecer y poner fin a las prácticas y patrones de presuntas ejecuciones extrajudiciales
