REVÉS EN LUCHA CONTRA DEUDORES MOROSOS

REVÉS EN LUCHA CONTRA DEUDORES MOROSOS

El Estado colombiano dejará de percibir una millonaria suma de dinero -cuya cuantía aún no ha sido estimada de manera oficial- por concepto de recaudo de impuestos, como resultado de un fallo judicial.

08 de abril 1995 , 12:00 a.m.

El Consejo de Estado anuló ayer una serie de reglas de juego fijadas por el Gobierno en enero de 1994, a fin de reajustar las obligaciones tributarias de los contribuyentes morosos.

La Dirección de Impuestos, dijo la corporación, no puede desconocer el plazo legal de tres años de gracia conferido a quienes tengan cuentas pendientes con el fisco, antes de actualizar sus deudas según el índice de precios del consumidor.

Lo contrario, explicó, viola el Estatuto Tributario, el cual establece que la actualización de las deudas fiscales sólo se debe hacer luego de tres años de incumplida la obligación.

Esto, claro está, sin perjuicio del cobro de los respectivos intereses moratorios.

Así lo determinó la Sección de Asuntos Económicos del Consejo de Estado al evacuar una demanda elevada por un particular contra un decreto y una resolución oficial.

La corporación anuló los artículos 1, 3 y 4 del Decreto 0020 de 1994 y la Resolución 828 de 1994 -que incluía reajustes a partir de 1975-, expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

A juicio de los consejeros, tanto el decreto como la resolución reglamentaria no cumplían a cabalidad con el respeto a ese lapso.

Incluso, en opinión de los consejeros, a través de las normas anuladas se permitía que el reajuste de la deuda de un contribuyente moroso se hiciera desde el primer año de mora del pago de la obligación.

Las mismas disposiciones cobijaban a los contribuyentes, responsables, agentes de retención y declarantes que no cancelen de manera oportuna los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones a su cargo.

De acuerdo con la Dian, las obligaciones vencidas de los contribuyentes colombianos ascienden a cerca de 300 mil millones de pesos, cifra que debería ser reajustada con base en el índice de precios del consumidor antes del fallo de los consejeros.

En la práctica, a las deudas contraídas por pago de impuestos -de timbre, ventas, aduanas y renta- se les seguirá cobrando intereses moratorios, pero sin aplicarles la inflación.

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