Y para ello plantearon una fórmula: Se habló de la posibilidad de que haya un acto legislativo que busque que la seguridad democrática no sea una política de gobierno sino de Estado, dijo el representante Mauricio Lizcano, tras la reunión de los parlamentarios en el Club de Banqueros, en la que se buscaba coordinar temas legislativos del Ministerio en el Congreso.
Esta propuesta respondería a una idea que plantea Uribe cada vez que le preguntan si va a aspirar por tercera vez a la Presidencia. Él se ha limitado a responder que se deben reelegir sus políticas de Gobierno.
Lizcano agregó que el ministro Santos concertará el proyecto con todas las colectividades y una vez se haya completado este proceso será radicado en el Congreso.
El mismo Santos explicó que se propuso que sea un proyecto consensuado de todos los colombianos y no solo de un partido o un Presidente ( ) vamos a presentar el proyecto en el futuro cercano.
No obstante, algunos le dieron menos importancia al tema, como la senadora Adriana Gutiérrez, quien aclaró que hasta ahora no hay ningún texto y sostuvo que solo fue una idea que se planteó en la reunión.
Para otros, resulta innecesario incluir en la Carta del 91 la política de seguridad democrática.
Según el ex magistrado de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán esto sobra porque en la Constitución están las bases en las que se establece que uno de los fines del Estado es la protección de todas las personas. Esto más bien parece un propósito político de un partido, dijo.
El senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, desestimó por completo la idea: En Colombia sigue habiendo horrores y desplazamiento y si eso es lo que está sucediendo, no me parece por qué tiene que elevarse a política de Estado ( ) eso es politiquería del partido de la U , dijo.
La senadora liberal Cecilia López calificó la idea como arrogante, al considerar que la Seguridad Democrática no es perfecta y que no se puede comprometer a los gobiernos venideros. Añadió que, si bien hay avances en materia de seguridad, el talón de Aquiles de este programa ha sido el desplazamiento que, de acuerdo con estadísticas, ha aumentado.
No todos en la oposición rechazaron la idea. Gustavo Petro, senador del Polo Democrático, reconoció que es partidario de acompañar la iniciativa siempre y cuando implique una Fuerza Pública respetuosa de los derechos y libertades de todas los ciudadanos.
El congresista reconoció que hasta el momento la política de seguridad ha funcionado, pero advirtió que esta sólo marchará mientras haya una situación de guerra
