NO HABRÁ EXCARCELACIÓN PARA CORRUPTOS

NO HABRÁ EXCARCELACIÓN PARA CORRUPTOS

Los delitos contra el patrimonio público no serán excarcelables.

07 de abril 1995 , 12:00 a.m.

Así lo dejaron en claro el ministro de Justicia, Néstor Humberto Martínez Neira, y miembros de la Comisión Conciliadora del proyecto de Estatuto contra la Corrupción.

Señalaron que ni la excarcelación ni el otorgamiento de otros beneficios judiciales son objetivos finales de la norma.

El senador Germán Vargas Lleras precisó que el proyecto lo que persigue es un incremento en las penas mínimas para evitar que a través de los beneficios que otorga la ley se logre la libertad condicional de los inculpados.

Podemos discutir el máximo de las penas, pero no el mínimo , dijo el congresista liberal.

Las sanciones penales que señala el proyecto para quienes atenten contra el patrimonio público, oscilan entre 5 y 15 años de cárcel.

A su turno, el ministro de Justicia, Néstor Humberto Martínez, agregó que las penas no pueden seguir siendo un sainete que divierte a los protagonistas de hechos delictivos, pero no causan gracia a la opinión pública.

Citó el caso del robo al Banco de la República en Valledupar y dijo que las normas actuales establecen penas ridículas para este tipo de ilícitos.

La posición del Gobierno y de los conciliadores fue fijada a raíz de los reparos expresados por algunos congresistas que consideran que el aumento de penas no se traduce en una reducción efectiva de los delitos.

De otro lado, ayer fueron aprobados otros 3 artículos del proyecto, entre ellos el que establece que las entidades pública de la rama ejecutiva deben señalar al final de cada año los objetivos a cumplir para el buen desarrollo de sus funciones, los cuales serán evaluados posteriormente de acuerdo con los indicadores de eficiencia diseñados para cada entidad.

El artículo no incluyó en este caso a los órganos de administración de justicia, pues se consideró que tales mecanismos podrían incluirse en el Estatuto de la Administración de justicia, que actualmente hace trámite en la Comisión Primera del Senado.

El Fiscal Alfonso Valdivieso Sarmiento se mostró en contra de una disposición en ese sentido y dijo que en las actuales circunstancias a la justicia le hace falta acogerse a los mecanismos de la gestión moderna.

En la misma dirección se pronuncio el ministro Martínez, quien añadió que deben existir factores para medir el desempeño de los órganos de la administración de justicia.

También hubo acuerdo para la aprobación de otro artículo que autoriza al Fondo para la Participación Ciudadana y a la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción a que realicen estudios periódicos que consulten a la gente del común sobre la calidad del servicio que prestan las entidades del Estado.

Los resultados de estas investigaciones serán enviados a gerentes, representantes legales o directores de entidades públicas, con el objeto de que éstas tomen las medidas pertinentes.

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