La Carta de Roma

La presencia activa de un enviado de la Corte Penal Internacional en Bogotá me ha recordado uno de los episodios más dramáticos de la diplomacia de este siglo en los que me correspondió presidir la delegación colombiana en la sesión inaugural de la conferencia de las naciones para la creación de una Corte Penal Internacional.

22 de septiembre 2008 , 12:00 a. m.

Era el 2 de junio de 1998 y participaban más de un centenar de delegados del mundo entero. Un cálido mediodía recordaba a los delegados su ascendencia romana y el objetivo de su conferencia en esta ciudad eterna donde se había decidido el histórico momento de establecer dicha carta por medio de la cual se materializaba la respuesta de la comunidad internacional de Estados ante la perpetración de crímenes atroces que ofenden la conciencia civilizada de la humanidad.

Apenas terminó la lectura de la llamada Carta de Roma un incontenible estallido de alegría sacudió el enorme salón de conferencias, los delegados gritaban, se abrazaban, se comprometían. Nacía un nuevo mundo. Nacía el triunfo de la Justicia. Venidos de todos los rincones de la Tierra, ahí estaban los representantes de todos los humillados, perseguidos, condenados, todos los que habían sufrido durante años la persecución, confundidos en un igual compromiso por la paz y la concordia. Entre ellos estábamos también los colombianos.

Han pasado diez años. Es el momento de cumplir aquel compromiso. Un compromiso de honor que nos obliga, si queremos ser respetados en el panorama internacional.

El instrumento existe: es la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Lo ha recordado el embajador Enrique Gaviria en su nuevo libro sobre San Andrés Los archipiélagos de Estado en el derecho de mar.

Al mismo tiempo, se reunía en Cartagena la conferencia de plenipotenciarios del Movimiento de Países No Alineados con el mandato de adoptar el Estatuto de ese alto tribunal, ahora conocido como Carta de Roma y la enorme responsabilidad de asegurar que dicho instrumento suministre una base legal adecuada para una corte penal efectiva, independiente e imparcial cuya creación mediante un tratado internacional pudiera anunciarse antes de terminar el segundo milenio de nuestra era.

La delegación colombiana propuso, además, que se encomendara a la Corte de La Haya la solución de las controversias que puedan surgir entre los Estados Partes en el Estatuto de la Corte Penal.

Se otorgaba así una responsabilidad verdaderamente histórica al desafío que como representantes de los gobiernos o bien como observadores debíamos asegurar que los legítimos anhelos de justicia de los pueblos que han sufrido en carne propia la comisión de crímenes horrendos como el genocidio, los crímenes de guerra o los crímenes de lesa humanidad se vean colmados, y que los ciudadanos de todo el mundo adquieran la certeza de que en el futuro atrocidades como las que se han registrado en diferentes lugares y en diversos momentos en el curso de este siglo que termina no quedarán impunes

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