Ley de seguridad y defensa

Ley de seguridad y defensa

En 1965, bajo los parámetros de la Guerra Fría y el estado de sitio, se expidió el Decreto-Ley 3398, llamado Estatuto para la Defensa Nacional. La Ley 48 de 1968 convirtió este decreto en norma permanente y agregó a esta condición otros 26 decretos expedidos bajo el estado de excepción. El Decreto 1573 de 1974, que incluyó principios de la Doctrina de Seguridad Nacional, completó la matriz que orientó los escasos planes de seguridad nacional hasta el final de siglo.

22 de septiembre 2008 , 12:00 a.m.

La permanencia del conflicto armado durante este tiempo obstruyó la percepción adecuada de los cambios operados en el mundo, como la globalización, el fin de la Guerra Fría, el declive de la seguridad nacional, el surgimiento de alternativas como la seguridad humana, el declinar de conflictos armados interestatales y la emergencia de amenazas trasnacionales como el narcotráfico y el terrorismo. Incluso, también la percepción de lo ocurrido en el país como la aprobación de una Constitución acorde con el nuevo contexto internacional.

Esta situación se evidenció con la aprobación de la Ley 684 de 2001 sobre defensa y seguridad, que recogió aspectos de las normas mencionadas, además de ideas de la Estrategia Nacional contra la Violencia del gobierno de Gaviria y los frustrados proyectos sobre estas materias presentados por los gobiernos de Gaviria y Samper. Debido a esta falta de ubicación temporal, la Ley 684 fue declarada inconstitucional al año siguiente. Gran parte de los problemas y las dificultades de los organismos encargados de la seguridad y la defensa en sus esfuerzos para lograr la solución de las confrontaciones armadas se debe a la ausencia de una ley que regule estas materias. El abandono que por largo tiempo mantuvieron los gobiernos de su obligación de fijar políticas para el desempeño militar y la improvisación en los intentos de suplir este vacío crearon serios problemas reflejados en la capacidad de reproducción del conflicto.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, un grupo de académicos conocedores del tema, coordinados por el Instituto de Estudios Geoestratégicos de la Universidad Militar, elaboramos una propuesta de ley sobre Seguridad y Defensa, que presentamos al Ministerio de Defensa para su consideración. La propuesta está respaldada por un trabajo cuidadoso y sistemático de cinco meses, en el que se discutieron detalles sobre los problemas nacionales, de acuerdo con la Constitución Nacional y las normas internacionales vigentes.

La propuesta busca llenar vacíos importantes en esas materias, con el ánimo de que trascienda las políticas de los gobiernos y se convierta en política de Estado.

La seguridad y la defensa son asuntos de todos los colombianos, con independencia y por encima de cualquier diferencia de partido, cuya expresión normativa aspira a que congregue el consenso de las fuerzas políticas y sociales del país. Por eso, el proyecto considera la seguridad como un bien público fundamental, que propende por los valores democráticos y la convivencia del pueblo bajo la responsabilidad del Estado, y a la defensa como la capacidad del Estado para salvaguardar la soberanía, la independencia, la integridad del territorio y el orden constitucional.

Bajo la dirección del Presidente de la República –indica la propuesta–, el Consejo Superior de Seguridad y Defensa, integrado por funcionarios del más alto nivel, y con la asesoría de los órganos de control, establece las reglas necesarias y vigila su cumplimiento, para que las instituciones competentes desarrollen las labores asignadas sobre esas materias. Esta organización se replica en los demás niveles de la administración pública.

Con ello, se busca que la ruta que se orienta hacia la seguridad de la población sea transitada con el respeto debido a los derechos humanos y al DIH.

Pese a la congestión de proyectos en el Congreso, esperamos que esta propuesta cumpla con los trámites establecidos para una ley estatutaria y proporcione herramientas que contribuyan de manera efectiva al logro de una paz políticamente sostenible que hasta ahora ha sido esquiva para el país

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