Los diez años de Chávez

Los diez años de Chávez

Mucho se ha dicho sobre el régimen de Chávez, en especial por parte de sus detractores, que en Colombia no son pocos. Se lo acusa de dictador, de cerrar la democracia, de perseguir a la prensa y a la oposición. Pero por otro lado, también hay que reconocerlo, y de esto se habla poco, Chávez fue víctima de un golpe antidemocrático y el poder que ha concentrado ha sido debido, en parte, a procesos electorales y a actos legítimos del Congreso de Venezuela.

21 de septiembre 2008 , 12:00 a.m.

Por eso es relevante dar una mirada a una evaluación independiente, realizada por Human Rights Watch, en el documento “Una Década de Chávez.

Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela”. Esta entidad reconoce en la Constitución venezolana de 2000 una profundización en las libertades, pero explica que se han dado otras medidas que han ido en otra vía.

El examen de cómo ha evolucionado la democracia venezolana durante el régimen llamado bolivariano se remite a cinco áreas. La primera es sobre la discriminación política que se ha expresado, entre otras, en promulgación de listas de opositores, despidos de entes estatales y en que se “ha negado a algunos ciudadanos el acceso a programas sociales como consecuencia de sus opiniones políticas”. También las opiniones de funcionarios que pretenden descalificar el ejercicio legítimo de la oposición, como la de “un ministro (que) denominó a la iniciativa de referendo revocatorio de 2004 como “un acto de terrorismo”, seguido de la solicitud por parte del mismo funcionario de despido a los empleados públicos que lo apoyaran, es calificado como un acto abierto de discriminación política.

La segunda área se refiere a la independencia de las Cortes, la que después de una primera etapa en la que se renovaron los tribunales, hasta entonces caracterizados por su parcialidad política, cambió hacia el otro extremo desde 2004, cuando “el presidente y sus partidarios coparon con sus aliados al Tribunal Supremo de Justicia” y relata “cómo (desde entonces) el tribunal ha abdicado su papel como control de las acciones arbitrarias del Estado y garante de las libertades públicas”. En relación con los medios de comunicación, el estudio muestra que “mientras Chávez en el 2002 enfrentaba a casi la totalidad de los medios privados hostiles al momento del golpe de 2002, desde entonces ha logrado que la balanza de los medios se incline a favor del Gobierno”.

Este cambio fue logrado por la combinación de normas judiciales que ponen responsabilidades penales en periodistas por sus expresiones, “consideradas irrespetuosas”, sobre conductas de funcionarios y mediante el abuso “del control estatal sobre las frecuencias de radio y televisión para amenazar y discriminar a estaciones con una programación claramente crítica”. Se ha vulnerado la libertad de asociación sindical y tal vez el capítulo más interesante es sobre las medidas y actitudes respecto de algunas expresiones de la sociedad civil. En particular, menciona el estudio que sobre la base de descrédito, de acusaciones infundadas o “extremadamente exageradas” o con “acusaciones infundadas de complicidad en la subversión” ha sometido a organizaciones de derechos humanos a investigaciones penales y a descrédito. Concluye el informe que “el presidente Chávez ha buscado activamente proyectarse como un defensor de la democracia no solo en Venezuela sino en toda América Latina; sin embargo, su presunto compromiso con esta causa es contradictorio con el desprecio por parte de su Gobierno de garantías institucionales y derechos fundamentales indispensables en la participación democrática”.

Lo más interesante de este estudio es que hace la evaluación no sobre bases discrecionales, sino confrontando los hechos con normativas o tratados internacionales suscritos por Venezuela. Una evaluación hecha con bases objetivas que valdría la pena hacerla en toda la región latinoamericana donde en Colombia, lo mismo que en Venezuela, las instituciones democráticas han visto sus espacios reducidos por los impulsos de un populismo mediático y autoritario. Interesante también que el estudio, muy severo en sus conclusiones, lo hace Human Rights Watch, entidad que desde las altas esferas del Gobierno, en este caso de nuestro país, ha sido calificada como parcial, inclinada hacia la guerrilla. Los presidentes Chávez y Uribe encontrarán una coincidencia más en la presente etapa de luna de miel de que gozan: ambos detestan ser evaluados por entidades independientes, y ambos detestan a Human Rights Watch

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