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Los diez años de Chávez

Mucho se ha dicho sobre el régimen de Chávez, en especial por parte de sus detractores, que en Colombia no son pocos. Se lo acusa de dictador, de cerrar la democracia, de perseguir a la prensa y a la oposición. Pero por otro lado, también hay que reconocerlo, y de esto se habla poco, Chávez fue víctima de un golpe antidemocrático y el poder que ha concentrado ha sido debido, en parte, a procesos electorales y a actos legítimos del Congreso de Venezuela.

Redacción El Tiempo
Por eso es relevante dar una mirada a una evaluación independiente,
realizada por Human Rights Watch, en el documento “Una Década de Chávez.
Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los
derechos humanos en Venezuela”. Esta entidad reconoce en la Constitución
venezolana de 2000 una profundización en las libertades, pero explica que se
han dado otras medidas que han ido en otra vía.
El examen de cómo ha evolucionado la democracia venezolana durante el
régimen llamado bolivariano se remite a cinco áreas. La primera es sobre la
discriminación política que se ha expresado, entre otras, en promulgación de
listas de opositores, despidos de entes estatales y en que se “ha negado a
algunos ciudadanos el acceso a programas sociales como consecuencia de sus
opiniones políticas”. También las opiniones de funcionarios que pretenden
descalificar el ejercicio legítimo de la oposición, como la de “un ministro
(que) denominó a la iniciativa de referendo revocatorio de 2004 como “un
acto de terrorismo”, seguido de la solicitud por parte del mismo funcionario
de despido a los empleados públicos que lo apoyaran, es calificado como un
acto abierto de discriminación política.
La segunda área se refiere a la independencia de las Cortes, la que después
de una primera etapa en la que se renovaron los tribunales, hasta entonces
caracterizados por su parcialidad política, cambió hacia el otro extremo
desde 2004, cuando “el presidente y sus partidarios coparon con sus aliados
al Tribunal Supremo de Justicia” y relata “cómo (desde entonces) el tribunal
ha abdicado su papel como control de las acciones arbitrarias del Estado y
garante de las libertades públicas”. En relación con los medios de
comunicación, el estudio muestra que “mientras Chávez en el 2002 enfrentaba
a casi la totalidad de los medios privados hostiles al momento del golpe de
2002, desde entonces ha logrado que la balanza de los medios se incline a
favor del Gobierno”.
Este cambio fue logrado por la combinación de normas judiciales que ponen
responsabilidades penales en periodistas por sus expresiones, “consideradas
irrespetuosas”, sobre conductas de funcionarios y mediante el abuso “del
control estatal sobre las frecuencias de radio y televisión para amenazar y
discriminar a estaciones con una programación claramente crítica”. Se ha
vulnerado la libertad de asociación sindical y tal vez el capítulo más
interesante es sobre las medidas y actitudes respecto de algunas
expresiones de la sociedad civil. En particular, menciona el estudio que
sobre la base de descrédito, de acusaciones infundadas o “extremadamente
exageradas” o con “acusaciones infundadas de complicidad en la subversión”
ha sometido a organizaciones de derechos humanos a investigaciones penales y
a descrédito. Concluye el informe que “el presidente Chávez ha buscado
activamente proyectarse como un defensor de la democracia no solo en
Venezuela sino en toda América Latina; sin embargo, su presunto compromiso
con esta causa es contradictorio con el desprecio por parte de su Gobierno
de garantías institucionales y derechos fundamentales indispensables en la
participación democrática”.
Lo más interesante de este estudio es que hace la evaluación no sobre bases
discrecionales, sino confrontando los hechos con normativas o tratados
internacionales suscritos por Venezuela. Una evaluación hecha con bases
objetivas que valdría la pena hacerla en toda la región latinoamericana
donde en Colombia, lo mismo que en Venezuela, las instituciones democráticas
han visto sus espacios reducidos por los impulsos de un populismo mediático
y autoritario. Interesante también que el estudio, muy severo en sus
conclusiones, lo hace Human Rights Watch, entidad que desde las altas
esferas del Gobierno, en este caso de nuestro país, ha sido calificada como
parcial, inclinada hacia la guerrilla. Los presidentes Chávez y Uribe
encontrarán una coincidencia más en la presente etapa de luna de miel de que
gozan: ambos detestan ser evaluados por entidades independientes, y ambos
detestan a Human Rights Watch.
WILABR
Redacción El Tiempo
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