Hoy se conocerán entonces las sentencias anticipadas de los tenientes César Augusto Barrera y Juan Carlos Carrillo, que estuvieron pendientes de la zona externa del banco, los días del asalto, para alertar sobre posibles problemas.
Así mismo, se declarará culpable Héctor Ociel Echeverri, dueño de la colchonería Colchoflex, lugar donde se planeó el robo y sirvió de caleta para los billetes. Y también Luis Ernesto Vásquez Agudelo, que sirvió de conductor.
Todos ellos responderán por hurto calificado agravado, delito que según el Código Penal puede dar entre 3 y 12 años de prisión. Sin embargo, por la rebaja de un tercio, la pena podría estar entre 2 y 8 años de prisión.
Las acusaciones de sentencia anticipada estarán a partir de hoy en manos de un juez de Valledupar que decidirá sobre su validez.
La investigación en los cinco casos mencionados se cerró hace varias semanas, pero la semana pasada se había presentado un inconveniente, pues la juez Tercera penal del circuito de Valledupar, Cecilia Leonor Olivella, había anulado las sentencias anticipadas diligenciadas por la Fiscalía contra algunos de los participantes del robo.
Dichas sentencias, en las cuales se les acusaba de peculado por apropiación, la juez dijo que no eran procedentes porque ese delito sólo es aplicable a los empleados oficiales cuando tienen manejo directo y disponibilidad sobre los bienes del Estado. Y este no era el caso.
Ella propuso acusarlos de hurto calificado agravado, propuesta que fue acogida por la Fiscalía y que beneficia de cierta manera a los implicados, pues la pena por peculado hubiera sido mayor: de 4 a 15 años sin incluir la rebaja.
