AVANZA PENALIZACIÓN DEL LAVADO DE DINERO

AVANZA PENALIZACIÓN DEL LAVADO DE DINERO

Las comisiones conciliadoras de Senado y Cámara que avanzan en el estudio del Estatuto Anticorrupción encontraron ayer un punto de encuentro: respaldarán al Gobierno en lo que concierne a la penalización del lavado de dólares.

06 de abril 1995 , 12:00 a.m.

Así se definió tras un debate de tres horas en el que se aprobaron 52 artículos de la iniciativa gubernamental que pretende ponerle freno a la corruptela en las esferas estatales.

Al recibir el respaldo del equipo conciliador, el ministro de Justicia, Néstor Humberto Martínez, dijo que si el proyecto avanza en este sentido, quedará demostrada ante el mundo la voluntad que asiste al Estado colombiano de su persecución contra el narcotráfico que se lucra como ningún otro sector del lavado de dinero.

El debate proseguirá hoy y se concentrará en los artículos que tienen que ver los aumentos de penas para los delitos contra patrimonio público.

A juicio de los representantes que hacen parte de la comisión, el proyectado incremento de penas es excesivo y en la práctica está demostrado que el endurecimiento de los castigos penales no contribuyen en nada a disminuir el delito.

Citaron el caso de la ley antisecuestro que, pese a que duplicó las penas, no ha contribuido, según ellos, a contrarrestar efectivamente este flagelo.

Los conciliadores confían en que a más tardar durante la semana de Pascua la iniciativa, considerada vital para la moralización de la administración pública, sea enviada para su aprobación final a las plenarias de Senado y Cámara.

Las comisiones de conciliación de Cámara y Senado avanzaron ayer significativamente en la aprobación del articulado que conforma el Estatuto Anticorrupción.

Después de tres horas de debate, los parlamentarios dieron luz verde a 52 artículos que no presentaban discusión alguna o que se consideraban de fácil conciliación.

Entre otros puntos, las comisiones se comprometieron a respaldar al Gobierno en todo lo concerniente a la penalización del lavado de dólares en el país.

El ministro de Justicia, Néstor Humberto Martínez, dijo que de lograrse este propósito se dará un paso fundamental para demostrarle al mundo entero la voluntad que asiste al Gobierno colombiano de perseguir y luchar contra el narcotráfico.

No obstante, el equipo de conciliación de la Cámara, integrado entre otros por los representantes Roberto Herrera y Jesús Ignacio García, se mostró en desacuerdo con el exagerado aumento de penas que contempla el proyecto para quienes atenten contra la administración pública.

A juicio de Herrera (liberal de Antioquia) el incremento de penas no ha contribuido a reducir el delito. El ejemplo más claro es el de la ley antisecuestro, que a pesar de haber doblado los años de cárcel para los secuestradores, no impidió que este flagelo se duplicara .

Este será uno de los puntos claves que se discutirá hoy a partir de las 11:00 a.m. en la Comisión I de la Cámara.

De otro lado, ayer las comisiones conciliadoras aprobaron la adición de un parágrafo al artículo primero del Estatuto Anticorrupción, según el cual una persona que aspire a posesionarse en un cargo público deberá presentar certificado sobre antecedentes relacionados con sentencias judiciales y no por investigaciones de la Procuraduría General.

Antecedentes judiciales Finalmente, el grupo conciliador acordó que la ley podrá determinar la cancelación unilateral de un contrato cuando se compruebe que se aportó documentación falsa para la celebración del mismo.

El proyecto, después de ser conciliado en todos sus artículos, debe ser aprobado por las plenarias de Senado y de Cámara.

Ojo, cónyuges Previo a la reunión de conciliación, la Comisión I de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto de ley que exige la firma de los dos cónyuges para disponer de la vivienda que habitan.

Esto quiere decir que mientras exista el matrimonio o la unión marital de hecho, ninguno de los esposos podrá disponer individualmente de la vivienda: no se podrá hipotecar, ni vender sin la aprobación de las dos partes.

La iniciativa establece además que en caso de divorcio o separación de un matrimonio, la vivienda no será objeto de liquidación.

En este caso, el inmueble quedará en manos del cónyuge que tenga la patria potestad de los hijos y se encuentre en condición económica desfavorable. La persona permanecerá en la vivienda hasta que los menores alcancen la mayoría de edad.

Si no existen hijos, el juez señalará un tiempo prudencial para que el cónyuge con menores recursos permanezca en la vivienda.

Según los ponentes de la iniciativa, Vivian Morales y William Vélez, de lo que se trata es de defender el derecho fundamental a una vivienda digna.

Cabe aclarar que lo establecido en la norma se aplica exclusivamente para las viviendas de interés social, es decir para las familias con menores recursos.

El proyecto pasa ahora a estudio de la plenaria de la corporación.

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.