LA ONG LO ACUSA DE DEBILITAR LA DEMOCRACIA EN EL VECINO PAÍS Human Rights Watch ‘raja’ la déca

LA ONG LO ACUSA DE DEBILITAR LA DEMOCRACIA EN EL VECINO PAÍS Human Rights Watch ‘raja’ la déca

Un recuento descarnado, por decir lo menos, es el informe elaborado por la organización Human Rights Watch (HRW) que lleva por título ‘Una década de Chávez’, al que le sigue una coletilla que lo dice todo: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela.

19 de septiembre 2008 , 12:00 a.m.

En suma, el informe dice puntualmente que durante la era Hugo Chávez –que cumplirá 10 años en el poder en diciembre– la protección de los derechos humanos ha retrocedido, al igual que se han degradado la democracia y sus instituciones.

El informe de casi 300 páginas, presentado ayer en Caracas, es un compendio de casos de violación a los derechos humanos agrupados en cinco áreas: promoción de la discriminación política, irrespeto a la separación de poderes, a los medios de comunicación, a los sindicatos y a las organizaciones no gubernamentales.

Y en él se denuncia el “desprecio” del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, por los “derechos fundamentales”.

El director ejecutivo para las Américas de HRW, el chileno José Miguel Vivanco, calificó de “particularmente serio” el “debilitamiento sistemático y, creemos, deliberado, de las instituciones democráticas”, en Venezuela.

Aunque luego matizó que “Venezuela no es el país donde más se violan los derechos humanos en la región”, pues están Colombia y Cuba, que son un “caso único”.

“El conflicto armado colombiano –dijo Vivanco– sigue siendo uno de los problemas más serios desde el punto de derechos humanos y de derecho internacional humanitario en todo el continente”. Y en “Cuba se niega la existencia de espacios mínimos para el debate político”.

Listas ‘negras’ Volviendo a Venezuela, el documento afirma que tras el golpe de Estado de abril del 2002, Chávez se convirtió en un presidente “de facto” para el cual “la discriminación política ha sido una característica definitoria”.

La industria petrolera venezolana ha sido, para HRW, el máximo escenario en el que se ha desplegado esta política. Un ejemplo: el despido masivo (sin derecho a reclamar los ahorros que les concede la ley) de unos 19 mil trabajadores de la estatal petrolera Pdvsa por participar en la huelga de fines del 2002.

Algo similar ocurrió en otras dependencias estatales luego de que llegaron al partido de Gobierno, “por intermedio del diputado chavista Luis Tascón, los nombres y números de identificación de quienes firmaron solicitando el referendo revocatorio presidencial de agosto del 2004”.

HRW documenta cómo cientos de empleados públicos fueron despedidos por haber aparecido en la famosa ‘lista Tascón’ o en la aún más depurada ‘lista Maisanta’.

Y también hubo ‘cuentas de cobro’ en los procesos de contratación del Estado. No en vano, muchas empresas al buscar personal, llegaron a publicar avisos en lo que se podía leer: “Preferiblemente, que no estén señalados como de oposición, que no estén presentes en las listas públicas como enfrentados con el Gobierno y que sean afectos a él”, como dice un anuncio de la empresa Tricas, compilado por HRW.

Intervención en la justicia El irrespeto del gobierno venezolano a la separación de poderes concentra gran parte del informe de HRW, que consideró especialmente grave la modificación de la ley que le permitió al Parlamento aumentar el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) –instancia máxima del Poder Judicial– de 20 a 32 con una votación de mayoría simple, y no con las dos terceras partes del Parlamento, como establece la Constitución nacional.

“El impacto del aumento en la cantidad de magistrados sobre la independencia del poder judicial fue clarísimo. Permitió (...) alterar radicalmente el equilibrio de poder dentro del máximo tribunal del país”.

Y HRW señala que a partir de este cambio, el TSJ ha retrasado, anulado o simplemente ignorado decenas de casos y sentencias promovidas por críticos al Gobierno nacional.

Bocas cerradas, menos... El documento también denuncia que el gobierno del presidente Chávez ha “abusado del control estatal sobre las frecuencias de radio y televisión para amenazar y discriminar a estaciones con una programación claramente crítica” –como lo demostró el cierre del popular canal RCTV–, y ha ampliado la posibilidad, a través de la creación y modificación de leyes, de que se cometan delitos de expresión.

Los casos concretos resaltados, además del cierre de RCTV y de la confiscación de sus equipos, son las constantes presiones al canal de noticias Globovisión (a través de multas millonarias y cartas amenazantes); las agresiones a periodistas (la Corte Interamericana estudia 64 casos); la apropiación estatal de frecuencias radioeléctricas (como ocurrió con el canal Vale TV) y las famosas “cadenas” o transmisiones conjuntas y obligatorias de mensajes presidenciales en todas las estaciones de radio y televisión.

Sobre estas últimas, HRW expone los datos de un informe que señala que en nueve años de Gobierno, el presidente Chávez ha ordenado 1.710 de estas transmisiones en las que, si se suman los tiempos, habló 43 días seguidos.

Ataques a sindicatos y ONG Por último, el informe detalla cómo desde el Gobierno se ha ejecutado una política de intervención en las elecciones de las juntas directivas de los sindicatos (las cuales ahora deben realizarse tuteladas por el Consejo Nacional Electoral), a la vez que diferentes organizaciones no gubernamentales han sido perseguidas judicialmente o desacreditados verbalmente.

Al cierre de esta edición se esperaba una reacción del gobierno venezolano.

- Un solitario aplauso Lo único que el informe expone como un avance, es el esfuerzo gubernamental venezolano por promover la creación de canales de televisión y radios comunitarias.

Aunque la percepción general es que la mayoría de estos nuevos medios tienen una línea editorial favorable al Gobierno, el informe de Human Rights Watch expone testimonios de personas que trabajan en medios con líneas críticas y que aseguran que no han sido coaccionados o molestados por su posición editorial.

Según el informe de la ONG estadounidense, el gobierno del presidente Hugo Chávez ha destinado casi 2 mil millones de dólares para apoyar e incentivar a estos medios alternativos de comunicación.

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TRES CASOS INCREÍBLES DE CRIMINALIZACIÓN DE OPINIONES CRÍTICAS El informe recoge varios casos que generaron repudio en Venezuela por la clara intención de criminalizar a voces críticas. El más sonado de ellos fue la sentencia que privó de su libertad, durante tres años, al general Francisco Usón, quien en un programa de TV –a propósito de unos soldados que murieron quemados en un cuartel– explicó cómo funciona un lanzallamas, pero sin afirmar o sugerir que se hubiera usado contra los soldados. Al general, pese a estar retirado, se le aplicó un juicio expedito y cerrado por “ofender” a las Fuerzas Armadas.

La citación a la Fiscalía a los periodistas y productores del programa ‘Aló, Ciudadano’, por haber transmitido imágenes del atentado contra el papa Juan Pablo II y poner una canción de Rubén Blades que dice “tengan fe, que esto no se acaba aquí”, mientras entrevistaban al presidente de ‘RCTV’, justo tras el cierre del canal. Para la Fiscalía, esto constituyó una especie de incitación a la violencia.

La apertura de una investigación al abogado y reconocido defensor de los derechos humanos, Carlos Ayala Corao, por su supuesta participación en la redacción del ‘decreto Carmona’, que concretó el golpe de Estado del 2002 contra Chávez. Dos años después, no se formuló ningún cargo contra Ayala, pero tampoco se cerró el expediente, lo que lo dejó en un limbo jurídico.

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