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LA ONG LO ACUSA DE DEBILITAR LA DEMOCRACIA EN EL VECINO PAÍS Human Rights Watch ‘raja’ la déca

Un recuento descarnado, por decir lo menos, es el informe elaborado por la organización Human Rights Watch (HRW) que lleva por título ‘Una década de Chávez’, al que le sigue una coletilla que lo dice todo: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela.

En suma, el informe dice puntualmente que durante la era Hugo Chávez –que
cumplirá 10 años en el poder en diciembre– la protección de los derechos
humanos ha retrocedido, al igual que se han degradado la democracia y sus
instituciones.
El informe de casi 300 páginas, presentado ayer en Caracas, es un compendio
de casos de violación a los derechos humanos agrupados en cinco áreas:
promoción de la discriminación política, irrespeto a la separación de
poderes, a los medios de comunicación, a los sindicatos y a las
organizaciones no gubernamentales.
Y en él se denuncia el “desprecio” del presidente de Venezuela, Hugo Chávez,
por los “derechos fundamentales”.
El director ejecutivo para las Américas de HRW, el chileno José Miguel
Vivanco, calificó de “particularmente serio” el “debilitamiento sistemático
y, creemos, deliberado, de las instituciones democráticas”, en Venezuela.
Aunque luego matizó que “Venezuela no es el país donde más se violan los
derechos humanos en la región”, pues están Colombia y Cuba, que son un “caso
único”.
“El conflicto armado colombiano –dijo Vivanco– sigue siendo uno de los
problemas más serios desde el punto de derechos humanos y de derecho
internacional humanitario en todo el continente”. Y en “Cuba se niega la
existencia de espacios mínimos para el debate político”.
Listas ‘negras’
Volviendo a Venezuela, el documento afirma que tras el golpe de Estado de
abril del 2002, Chávez se convirtió en un presidente “de facto” para el cual
“la discriminación política ha sido una característica definitoria”.
La industria petrolera venezolana ha sido, para HRW, el máximo escenario en
el que se ha desplegado esta política. Un ejemplo: el despido masivo (sin
derecho a reclamar los ahorros que les concede la ley) de unos 19 mil
trabajadores de la estatal petrolera Pdvsa por participar en la huelga de
fines del 2002.
Algo similar ocurrió en otras dependencias estatales luego de que llegaron
al partido de Gobierno, “por intermedio del diputado chavista Luis Tascón,
los nombres y números de identificación de quienes firmaron solicitando el
referendo revocatorio presidencial de agosto del 2004”.
HRW documenta cómo cientos de empleados públicos fueron despedidos por haber
aparecido en la famosa ‘lista Tascón’ o en la aún más depurada ‘lista
Maisanta’.
Y también hubo ‘cuentas de cobro’ en los procesos de contratación del
Estado. No en vano, muchas empresas al buscar personal, llegaron a publicar
avisos en lo que se podía leer: “Preferiblemente, que no estén señalados
como de oposición, que no estén presentes en las listas públicas como
enfrentados con el Gobierno y que sean afectos a él”, como dice un anuncio
de la empresa Tricas, compilado por HRW.
Intervención en la justicia
El irrespeto del gobierno venezolano a la separación de poderes concentra
gran parte del informe de HRW, que consideró especialmente grave la
modificación de la ley que le permitió al Parlamento aumentar el número de
magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) –instancia máxima del
Poder Judicial– de 20 a 32 con una votación de mayoría simple, y no con las
dos terceras partes del Parlamento, como establece la Constitución nacional.
“El impacto del aumento en la cantidad de magistrados sobre la independencia
del poder judicial fue clarísimo. Permitió (...) alterar radicalmente el
equilibrio de poder dentro del máximo tribunal del país”.
Y HRW señala que a partir de este cambio, el TSJ ha retrasado, anulado o
simplemente ignorado decenas de casos y sentencias promovidas por críticos
al Gobierno nacional.
Bocas cerradas, menos...
El documento también denuncia que el gobierno del presidente Chávez ha
“abusado del control estatal sobre las frecuencias de radio y televisión
para amenazar y discriminar a estaciones con una programación claramente
crítica” –como lo demostró el cierre del popular canal RCTV–, y ha ampliado
la posibilidad, a través de la creación y modificación de leyes, de que se
cometan delitos de expresión.
Los casos concretos resaltados, además del cierre de RCTV y de la
confiscación de sus equipos, son las constantes presiones al canal de
noticias Globovisión (a través de multas millonarias y cartas amenazantes);
las agresiones a periodistas (la Corte Interamericana estudia 64 casos); la
apropiación estatal de frecuencias radioeléctricas (como ocurrió con el
canal Vale TV) y las famosas “cadenas” o transmisiones conjuntas y
obligatorias de mensajes presidenciales en todas las estaciones de radio y
televisión.
Sobre estas últimas, HRW expone los datos de un informe que señala que en
nueve años de Gobierno, el presidente Chávez ha ordenado 1.710 de estas
transmisiones en las que, si se suman los tiempos, habló 43 días seguidos.
Ataques a sindicatos y ONG
Por último, el informe detalla cómo desde el Gobierno se ha ejecutado una
política de intervención en las elecciones de las juntas directivas de los
sindicatos (las cuales ahora deben realizarse tuteladas por el Consejo
Nacional Electoral), a la vez que diferentes organizaciones no
gubernamentales han sido perseguidas judicialmente o desacreditados
verbalmente.
Al cierre de esta edición se esperaba una reacción del gobierno venezolano.
- Un solitario aplauso
Lo único que el informe expone como un avance, es el esfuerzo gubernamental
venezolano por promover la creación de canales de televisión y radios
comunitarias.
Aunque la percepción general es que la mayoría de estos nuevos medios tienen
una línea editorial favorable al Gobierno, el informe de Human Rights Watch
expone testimonios de personas que trabajan en medios con líneas críticas y
que aseguran que no han sido coaccionados o molestados por su posición
editorial.
Según el informe de la ONG estadounidense, el gobierno del presidente Hugo
Chávez ha destinado casi 2 mil millones de dólares para apoyar e incentivar
a estos medios alternativos de comunicación.
co.
TRES CASOS INCREÍBLES DE CRIMINALIZACIÓN DE OPINIONES CRÍTICAS
El informe recoge varios casos que generaron repudio en Venezuela por la
clara intención de criminalizar a voces críticas. El más sonado de ellos fue
la sentencia que privó de su libertad, durante tres años, al general
Francisco Usón, quien en un programa de TV –a propósito de unos soldados que
murieron quemados en un cuartel– explicó cómo funciona un lanzallamas, pero
sin afirmar o sugerir que se hubiera usado contra los soldados. Al general,
pese a estar retirado, se le aplicó un juicio expedito y cerrado por
“ofender” a las Fuerzas Armadas.
La citación a la Fiscalía a los periodistas y productores del programa ‘Aló,
Ciudadano’, por haber transmitido imágenes del atentado contra el papa Juan
Pablo II y poner una canción de Rubén Blades que dice “tengan fe, que esto
no se acaba aquí”, mientras entrevistaban al presidente de ‘RCTV’, justo
tras el cierre del canal. Para la Fiscalía, esto constituyó una especie de
incitación a la violencia.
La apertura de una investigación al abogado y reconocido defensor de los
derechos humanos, Carlos Ayala Corao, por su supuesta participación en la
redacción del ‘decreto Carmona’, que concretó el golpe de Estado del 2002
contra Chávez. Dos años después, no se formuló ningún cargo contra Ayala,
pero tampoco se cerró el expediente, lo que lo dejó en un limbo jurídico.
helgon
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