DURA OFENSIVA DEL MINAMBIENTE

DURA OFENSIVA DEL MINAMBIENTE

El Ministerio del Medio Ambiente emitió una serie de resoluciones a través de las cuales sancionó con 50 millones de pesos al Instituto Nacional de Vías por los daños que ocasionó con la vía Sogamoso-Yopal, suspendió las actividades de Cementos del Caribe en un corregimiento del Atlántico y las actividades de montaje de la draga de Mineros El Dorado en el municipio de Ataco (Tolima).

06 de abril 1995 , 12:00 a.m.

Además, ordenó la repatriación de más de 17.000 kilos de caracol pala que la empresa Vikingos exportó a Puerto Rico sin las autorizaciones respectivas, por ser una especie en vías de extinción, y ordenó suspender las obras de la variante de Tunja porque necesita planes de manejo ambiental.

Finalmente, otorgó Licencia Ambiental a Termobarranquilla.

El Ministerio del Medio Ambiente busca organizar y sanear procesos de gestión ambiental.

El Ministerio del Medio Ambiente emitió seis resoluciones a través de las cuales otorgó Licencia Ambiental a Termobarranquilla, sancionó con 50 millones de pesos al Instituto Nacional de Vías por los daños que ocasionó con la vía Sogamoso-Yopal, suspendió las actividades de Cementos del Caribe en un corregimiento del Atlántico y las actividades de ensamble y montaje de la draga de Mineros El Dorado en el municipio de Ataco (Tolima).

Además, ordenó la repatriación de más de 17.000 kilos de caracol pala que la empresa Vikingos exportó a Puerto Rico sin las autorizaciones respectivas, por ser una especie en vías de extinción, y ordenó suspender las obras de la variante de Tunja porque necesita planes de manejo ambiental.

Según el ministerio del Medio Ambiente, se busca organizar y sanear procesos de gestión ambiental, y sancionar a algunas empresas particulares y del Estado por daños ocasionados a la naturaleza.

En primer término, se le otorgó a la Sociedad Termobarranquilla S.A.-Tebsa, la licencia ambiental ordinaria para el montaje y operación de la planta de repotenciación de energía eléctrica Termobarranquilla, ubicada en el municipio de Soledad, Atlántico.

La resolución 314, del pasado 30 de marzo, también obliga a la empresa beneficiaria a presentar, en un término de sesenta días, toda la información referente a tipos de impacto, sus efectos, medidas de mitigación, tecnologías recomendadas, requisitos de personal y formas de monitoreo, entre otros.

Para las etapas de construcción y operación, de acuerdo con un comunicado emitido por el Ministerio, Tebsa deberá poner en marcha planes de contingencia frente a situaciones de riesgo y calamidad, los cuales, junto con los manuales operativos y de mantenimiento, deberán ser entregados al Minambiente tres meses antes de entrar en operación la primera fase del proyecto. De igual forma, deberá avisar al Ministerio sobre la iniciación de las obras de repotenciación con veinte días de anticipación.

También ordenó a la empresa constructora formular un Plan de Gestión Social y recomendó incluir en él algunas de las peticiones formuladas por la comunidad en la audiencia pública que sobre el tema se llevó a cabo el pasado 10 de febrero.

Sanción al INV Otra resolución, la 199, sancionó al Instituto Nacional de Vías (INV) con una multa de 50 millones de pesos por los daños ambientales ocasionados por las obras de mejoramiento de la vía Sogamoso-Yopal.

La investigación que sustentó la resolución concluyó que el INV, por su conducta omisiva, ha producido contaminación y deterioro en agua, suelo, flora, paisaje y recursos forestales .

La resolución, que desvinculó del proceso contravencional a las sociedades Murillo-Lobo-Guerrero Ingenieros Ltda. y Construca Ltda., también le advirtió al INV que reincidir en los hechos conllevará a la aplicación de una sanción mayor. Y le impuso la elaboración del Plan de Manejo Ambiental para la construcción de la carretera Sogamoso-Yopal, sector Sogamoso Pajarito, en el departamento de Boyacá, y la contratación de una interventoría ambiental permanente que deberá presentar informes bimensuales al Minambiente.

A Cementos del Caribe La 235, suspende las actividades de construcción de trochas carreteables y todas las dirigidas a realizar explotaciones de piedra para de la empresa Cementos del Caribe S.A., en cercanías al corregimiento del Morro y la vereda Corral de San Luis, en jurisdicción del municipio de Tubará (Atlántico). Estas actividades carecían de permiso, concesión, autorización o licencia ambiental.

La resolución también prohibió la explotación de cualquier material hasta tanto no se realicen los estudios pertinentes de impacto ambiental, así como las medidas necesarias para mitigarlo. Estos estudios se harán de acuerdo con los términos de referencia elaborados por el Minambiente y deberán ser ejecutados y financiados por la empresa causante de este daño.

La medida es de carácter preventivo y transitorio y se levantará cuando se compruebe que han desaparecido las causas que la originaron.

Adicionalmente, con el fin de determinar su grado de responsabilidad, la resolución ordena abrir un proceso contravencional contra Cementos del Caribe, por los daños causados al medio ambiente y a los recursos naturales renovables en la zona en mención.

La resolución también ordena enviar una copia a la Fiscalía General de la Nación para que se abra un proceso penal por los posibles ilícitos que se hayan podido cometer en la explotación cercana a El Morro y El Corral de San Luis.

La draga de Ataco La resolución 027 ordenó a la Sociedad Mineros El Dorado S.A. suspender la ejecución de obras de montaje de una draga, además de equipos de extracción y adecuación de tierras para la extracción de oro, en el municipio de Ataco, en el Tolima.

La medida ordenó también la inmovilización de toda la maquinaria. Para ello comisionó a la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) para que lleve a cabo la diligencia de decomiso.

Esta decisión corresponde a la obligatoriedad de obtener Licencia Ambiental para proyectos, obras o actividades que pueden producir deterioro grave de los recursos naturales renovables o al medio ambiente. Como esta actividad es de gran minería, su otorgamiento es competencia privativa del Minambiente.

A Vikingos de Colombia La resolución 264 ordenó, a su vez, a la empresa C.I. Vikingos de Colombia S.A. la repatriación inmediata de un cargamento de 17.406, 36 kilogramos de caracol pala desde el puerto de San Juan de Puerto Rico a la ciudad de Cartagena.

También ordenó abrir una investigación administrativa contra C.I. Vikingos por la exportación de esta especie sin el respectivo permiso de exportación exigido por la Comisión para el Comercio Internacional de Especies en Peligro de Extinción (Cites) y expedido por el Minambiente.

Vikingos, de acuerdo con la medida, tendrá a su cargo los costos del cargamento durante el tiempo de decomiso preventivo, garantizando la integridad del embarque, hasta que se resuelva la investigación administrativa.

A la variante del Tunja La resolución 285 suspende temporalmente la construcción del tramo que falta de la variante de Tunja.

Ello, porque requiere del Instituto Nacional de Vías información complementaria morfológica e hidrológica, además de planes de manejo ambiental, permisos de explotación, planes de supervisión, programas de revegetalización, planes de contingencia e indicación de campamentos, entre otros.

Adicionalmente, dice la resolución, para la variable Combita, el INV debe sustentar técnica, económica y ambientalmente, la no utilización de la vía existente entre Colombia y el alto del Sote.

Por ello, de acuerdo con la resolución 285, el INV debe presentar un análisis detallado de la variante Combita, estudiando todas las características técnicas y ambientales del corredor previsto, y los planes de manejo en las etapas de construcción, operación y mantenimiento.

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