SE HA PREJUZGADO A LA JUSTICIA PENAL MILITAR

SE HA PREJUZGADO A LA JUSTICIA PENAL MILITAR

Los argumentos que expusieron los cinco magistrados que declararon inconstitucional la presencia de militares activos en los consejos verbales de guerra son de pura conveniencia y no sirven de fundamento a una decisión de constitucionalidad.

05 de abril 1995 , 12:00 a.m.

Así lo expresaron los cuatro magistrados que salvaron el voto en el fallo de inconstitucionalidad del artículo del Código Penal Militar que se refiere a los consejos de guerra.

Los salvamentos de voto, uno conjunto de José Gregorio Hernández, Hernando Herrera Vergara y Vladimiro Naranjo Mesa, y otro individual de Jorge Arango, coinciden en calificar de infundada la decisión mayoritaria.

En el salvamento conjunto, los magistrados se preguntaron dónde está la norma constitucional violada por el precepto parcialmente declarado inexequible y cuáles son las razones de índole jurídica en que se apoya la trascendental decisión adoptada? .

Arango, por su parte, dijo que la declaración de inexequibilidad se ha hecho no por razones jurídicas fundadas en la Constitución, sino por razones de inconveniencia fundadas en la supuesta parcialidad de la Justicia Penal Militar, y en su incapacidad, también supuesta, para castigar los delitos cometidos por los militares en servicio activo .

Los magistrados expusieron dos argumentos fundamentales por los que creen que la norma no es inconstitucional.

En primer lugar, dicen que se está vulnerando el Fuero Militar consagrado en la Constitución y en la Ley y que se está presumiendo la mala fe de los militares.

Según los magistrados, los militares en retiro se vuelven, en la práctica, civiles en ejercicio de sus derechos y la Constitución establece que a los militares los juzgarán los propios militares.

No se puede pretender -dicen Hernández, Herrera y Naranjo- que el Fuero se haga compatible con el juzgamiento de militares por civiles, como resulta de la sentencia, ya que al fin y al cabo los militares en retiro vuelven a su condición de civiles .

Sobre este mismo aspecto se pronuncia el magistrado Arango, quien afirma que pretender que haya cortes marciales o tribunales militares formados exclusivamente por civiles es un contrasentido .

Arango dice, además, que si existe la clara prohibición de que los civiles sean juzgados por cortes marciales es precisamente porque éstas están conformadas por militares en servicio activo.

Los magistrados coinciden también en afirmar que el fallo presume la mala fe de los militares activos para administrar justicia.

Insistimos una vez más en que la obediencia debida -en que el fallo funda el vínculo de dependencia con los superiores jerárquicos- no puede confundirse con la obediencia ciega, que sí rompería la imparcialidad, pero que no puede presumirse , dice el salvamento.

Arango agregó: Ellos (los activos) como todos los colombianos, tienen derecho a que su buena fe, y en este caso concreto su imparcialidad, se presuman .

El argumento de la mayoría de que los militares no están preparados para administrar Justicia también fue controvertido por los magistrados que salvaron el voto.

Se ha dicho por la Corte que los militares en servicio no fueron formados para administrar justicia. Pero el fallo termina imponiendo que los consejos verbales de guerra se integren con oficiales en retiro. Cuál es el fundamento para sostener que éstos sí gozan de la formación que se echa de menos en el caso del personal activo? .

Arango concluye su salvamento de voto con una opinión contundente contra el fallo: Resulta irónico -dice el magistrado- que a los esfuerzos de los miembros de la Fuerza Pública en defensa del orden jurídico corresponda una actitud desconfiada y agresiva en su contra, que cada día más los convierta en ciudadanos de segunda clase, indignos ahora de juzgar a sus compañeros .

La sentencia de la Corte Los siguientes son los argumentos con base en los cuales la Corte Constitucional declaró inexequible la integración de los Consejos Verbales de Guerra por parte de oficiales en servicio activo: - No puede entenderse el fuero militar asociado, como en el pasado, a la idea de privilegio, prerrogativa, prebenda o gracia especial para el juzgamiento de los miembros de la fuerza pública por delitos que cometan con ocasión del servicio que cumplan.

- No se garantiza una administración de justicia independiente e imparcial, si quienes intervienen en el proceso de juzgamiento son oficiales en servicio activo.

- La situación de conflicto social que desde hace varios años afronta el país, en la cual son actores las fuerzas encargadas de preservar el orden público y los diversos grupos interesados en subvertir el orden institucional (guerrilla, paramilitarismo,etc), hacen que aquéllas, inmersas en la confrontación e interesadas en su solución, tengan que intervenir en las diferentes acciones represivas que para someter a los enemigos de dicho orden se requiere, y al mismo tiempo fungir como jueces de los excesos constitutivos de delitos que puedan cometerse en desarrollo de las referidas acciones.

- Lo anterior no quiere decir, en manera alguna, que la Corte presuma la parcialidad y la mala fe de los oficiales en servicio activo que ejercen la actividad concerniente a la administración de justicia, sino que objetivamente y sin dudar de su buena voluntad no se dan las circunstancias que interna y externamente aseguran dicha independencia e imparcialidad.

- La administración de justicia no sólo reclama un juez conocedor de la problemática sobre la cual debe emitir sus fallos, de juicio sereno, recto en todo sentido, con un acendrado criterio de lo justo, sino también de un juez objetiva e institucionalmente libre.

- Es claro que la Justicia Penal Militar y las normas que la regulan deben sujetarse a los principios de independencia, imparcialidad y objetividad, inherentes al debido proceso y al ejercicio de la función jurisdiccional.

- Corresponde al Congreso diseñar un modelo de Justicia Penal Militar que se halle acorde con los preceptos de la Corte.

- Esta sentencia tiene efectos hacia el futuro y sólo con respecto a los nuevos procesos que den lugar a Consejos Verbales de Guerra y que se inicien a partir de la fecha de ejecutoria.

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