CORTE PIDE RESPETO A SU INDEPENDENCIA

CORTE PIDE RESPETO A SU INDEPENDENCIA

La Corte Constitucional respondió ayer al ministro de Defensa, Fernando Botero, la carta que éste remitió censurando la sentencia sobre fuero militar y reclamó respeto a la autonomía e independencia de la justicia frente a las otras ramas del poder público.

05 de abril 1995 , 12:00 a.m.

Hernández advierte en su carta que la providencia de la semana anterior según la cual los consejos de guerra deben ser integrados por militares en retiro y no por activos, es una decisión definitiva y no un proyecto como lo expone el ministro Fernando Botero en su misiva del día anterior.

La oportunidad para que el Ministerio de Defensa expusiera ante la Corte las razones que, a su juicio, avalaban la constitucionalidad de la norma acusada venció, dentro del proceso correspondiente, el día 26 de septiembre de 1994 , agrega la carta de la Corte Constitucional.

El texto completo es el siguiente: 4 de abril de 1995 Señor doctor Fernando Botero Zea Señor Ministro: La Sala Plena de la Corte Constitucional, reunida en la fecha, ha conocido el texto de la carta remitida por usted el día anterior, relativa a la sentencia del 29 de marzo último, por la cual se declararon inexequibles las expresiones en servicio activo o , contenidas en el artículo 656 del Código Penal Militar (Decreto 2550 de 1988).

Debo manifestarle inicialmente que, al contrario de lo señalado en su comunicación, la Corte Constitucional sí adoptó una decisión definitiva, al resolver de fondo sobre demanda ciudadana instaurada contra la mencionada norma, razón por la cual lo divulgado ese mismo día no correspondía a un proyecto sino a la culminación de un proceso mediante fallo.

Así las cosas, resulta extemporánea e improcedente cualquier argumentación enderezada a modificar el sentido de lo resuelto. La oportunidad para que el Ministerio de Defensa expusiera ante la Corte las razones que, a su juicio, avalaban la constitucionalidad de la norma acusada venció, dentro del proceso correspondiente, el día 26 de septiembre de 1994, cuando precluyó el término de fijación en lista previsto por el artículo 11 del Decreto 2067 de 1991.

Por otra parte, debo recordar al señor Ministro que, según lo dispone el artículo 49 del mismo Decreto, contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno, lo cual desarrolla el principio consagrado en el artículo 243 de la Constitución Política, a cuyo tenor los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional.

La Corporación insiste en que sus providencias, proferidas en ejercicio de una función constitucional, y no por la voluntad de sus magistrados, dentro de procesos reglados por la Constitución y la ley, tienen por finalidad la defensa de la integridad y supremacía de los principios y preceptos fundamentales y que, para poder cumplir los altos cometidos que les corresponden, deben proferirse y acatarse dentro del más absoluto respeto a la autonomía judicial. Ello descarta cualquier posibilidad de influencia de otras ramas u órganos del poder público en el contenido de tales decisiones.

En el asunto al que se refiere su carta, la Sala Plena de la Corte resolvió en la fecha indicada, si bien el texto de la Sentencia se divulga tan sólo en el día de hoy, puesto que, habiendo sido negada la ponencia presentada por el h. magistrado Vladimiro Naranjo Mesa, la Sala designó al h. magistrado Antonio Barrera Carbonell para redactar la providencia que acogiera, como en efecto lo ha hecho, las consideraciones de la mayoría.

Cuatro magistrados hemos presentado salvamentos de voto, por cuanto nos apartamos de la determinación adoptada, lo cual no implica que pueda desconocerse el hecho incontrovertible de una decisión tomada en debida forma y oportunidad por la Corte, como organismo encargado de ejercer el control de constitucionalidad.

Es precisamente por ello que los términos de esta carta reflejan la posición de la unanimidad de quienes integramos la Corporación, sin perjuicio del criterio que orientó a cada uno de los magistrados al depositar su voto en el caso específico que era materia de juzgamiento.

Según puede verse, por la lectura del fallo, la Corte Constitucional no ha dejado sin vigencia el Fuero Militar, como erróneamente se ha afirmado en algunos medios, sino que, en ejercicio de sus competencias, ha señalado cuál debe ser, dentro del mismo, la composición de los consejos verbales de guerra, a la luz de la Constitución Política.

Cordialmente José Gregorio Hernández Galindo Presidente

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