La justicia y la memoria

La justicia y la memoria

No las mataron primero. Las desmembraron vivas, con la ayuda de motosierras. Las torturaron hasta la saciedad, les arrancaban las uñas, las quemaron con hierros calientes.

15 de septiembre 2008 , 12:00 a.m.

Hablo de lo que tuvieron que padecer las víctimas de lo que se ha conocido como “la masacre de Trujillo”, pero también les hablo de las 2.505 masacres que, según el registro provisional del Grupo de Memoria Histórica, que dirige Gonzalo Sánchez, han tenido lugar en Colombia entre 1982 y el 2007.

La descripción de los hechos es monstruosa, pero son aún más aterradoras las conclusiones: igual que en Trujillo, las masacres en Colombia no cesan. La tesis de Fernán González, S. J., para este caso es que los sucesos de Trujillo son episodios dentro de un continuo de violencia marcado fatalmente por dos variables explosivas: el acceso a la tierra y el ingreso del narcotráfico a la región.

Estamos hablando del Valle, un departamento capital para los intereses del narcotráfico y que literalmente le pertenece a no más que un puñado de familias que, además, controlan todo el poder político, pero también hablamos de condiciones que se replican en todo el territorio nacional. En ese orden, los esfuerzos del padre Tiberio Fernández por continuar con una tradición inspirada en la Doctrina Social al promover la creación de cooperativas campesinas, fue tildado como subversivo y exterminado de la manera más atroz.

El caso de Trujillo no solo sigue abierto, sino que no hay ni una sola persona condenada por el asesinato de las 342 víctimas registradas. Yo les voy a contar por qué: en este país de buenas maneras y excesos de cortesía, la justicia tiene que operar sin molestar, importunar, ni ofender a los responsables. Aquí, los asesinos, los que continúan ejecutando hechos tan horrendos como estos exclusivamente con ánimo de lucro, tienen unos derechos superiores, que jamás han tenido las víctimas. Aquí se inventan reformas para no ofender a los asesinos, son los jueces y los fiscales los que deben demostrar su inocencia. Y se reescriben diccionarios también.

Aunque Trujillo ha sido reconocido como tal, se sigue negando la existencia de los crímenes de Estado. Y seguramente habrá quien diga que los campesinos que huyeron por miles no son desplazados, sino paseantes, no lo abandonaron todo para salvar su vida, sino que salieron de paseo y no volvieron.

Es urgente revisar el actual esquema que se detiene en la investigación de casos individuales. Allí, un reto esencial para la Corte Suprema de Justicia en particular y para la sociedad colombiana en general. La responsabilidad por la producción masiva de violencia no solo está fuertemente centrada en individuos que han hecho pactos o se han visto envueltos en situaciones dudosas. Hay que preguntarse en qué medida esos individuos han operado cubiertos, avalados, en representación y en beneficio de partidos políticos que consistentemente han defendido unas agendas que esos afiliados se han asegurado de imponer a sangre y fuego.

Colombia no puede seguir condicionando sus remedios a la tradición maldita de no incomodar los intereses de los responsables, ni tocar estructuras, porque eso es lo que hace que sigamos repitiendo la historia. Este proceso pasa por desmantelar las instituciones que han creado y siguen creando esa inseguridad, las estructuras que siguen permitiendo que en plena era de la seguridad democrática, las masacres sigan pasando. ¡Duele mucho Colombia! * El informe completo ya esta disponible en http://memoriahistorica-cnrr.org.co.

desurasur@gmail.com.

HELGON

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