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La justicia y la memoria

No las mataron primero. Las desmembraron vivas, con la ayuda de motosierras. Las torturaron hasta la saciedad, les arrancaban las uñas, las quemaron con hierros calientes.

NATALIA SPRINGER
Hablo de lo que tuvieron que padecer las víctimas de lo que se ha conocido
como “la masacre de Trujillo”, pero también les hablo de las 2.505 masacres
que, según el registro provisional del Grupo de Memoria Histórica, que
dirige Gonzalo Sánchez, han tenido lugar en Colombia entre 1982 y el 2007.
La descripción de los hechos es monstruosa, pero son aún más aterradoras las
conclusiones: igual que en Trujillo, las masacres en Colombia no cesan. La
tesis de Fernán González, S. J., para este caso es que los sucesos de
Trujillo son episodios dentro de un continuo de violencia marcado fatalmente
por dos variables explosivas: el acceso a la tierra y el ingreso del
narcotráfico a la región.
Estamos hablando del Valle, un departamento capital para los intereses del
narcotráfico y que literalmente le pertenece a no más que un puñado de
familias que, además, controlan todo el poder político, pero también
hablamos de condiciones que se replican en todo el territorio nacional. En
ese orden, los esfuerzos del padre Tiberio Fernández por continuar con una
tradición inspirada en la Doctrina Social al promover la creación de
cooperativas campesinas, fue tildado como subversivo y exterminado de la
manera más atroz.
El caso de Trujillo no solo sigue abierto, sino que no hay ni una sola
persona condenada por el asesinato de las 342 víctimas registradas. Yo les
voy a contar por qué: en este país de buenas maneras y excesos de cortesía,
la justicia tiene que operar sin molestar, importunar, ni ofender a los
responsables. Aquí, los asesinos, los que continúan ejecutando hechos tan
horrendos como estos exclusivamente con ánimo de lucro, tienen unos derechos
superiores, que jamás han tenido las víctimas. Aquí se inventan reformas
para no ofender a los asesinos, son los jueces y los fiscales los que deben
demostrar su inocencia. Y se reescriben diccionarios también.
Aunque Trujillo ha sido reconocido como tal, se sigue negando la existencia
de los crímenes de Estado. Y seguramente habrá quien diga que los campesinos
que huyeron por miles no son desplazados, sino paseantes, no lo abandonaron
todo para salvar su vida, sino que salieron de paseo y no volvieron.
Es urgente revisar el actual esquema que se detiene en la investigación de
casos individuales. Allí, un reto esencial para la Corte Suprema de Justicia
en particular y para la sociedad colombiana en general. La responsabilidad
por la producción masiva de violencia no solo está fuertemente centrada en
individuos que han hecho pactos o se han visto envueltos en situaciones
dudosas. Hay que preguntarse en qué medida esos individuos han operado
cubiertos, avalados, en representación y en beneficio de partidos políticos
que consistentemente han defendido unas agendas que esos afiliados se han
asegurado de imponer a sangre y fuego.
Colombia no puede seguir condicionando sus remedios a la tradición maldita
de no incomodar los intereses de los responsables, ni tocar estructuras,
porque eso es lo que hace que sigamos repitiendo la historia. Este proceso
pasa por desmantelar las instituciones que han creado y siguen creando esa
inseguridad, las estructuras que siguen permitiendo que en plena era de la
seguridad democrática, las masacres sigan pasando. ¡Duele mucho Colombia!
* El informe completo ya esta disponible en
http://memoriahistorica-cnrr.org.co.
desurasur@gmail.com
HELGON
NATALIA SPRINGER
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