PROCURADURÍA, PARA PARTIDOS AUSENTES DEL GOBIERNO

PROCURADURÍA, PARA PARTIDOS AUSENTES DEL GOBIERNO

Si el Partido Conservador quisiera para sí la conducción de la Procuraduría y la Contraloría -los dos principales órganos de control estatal- tendría que comenzar por renunciar a su participación en el Gobierno.

04 de abril 1995 , 12:00 a.m.

Esta posibilidad quedará formalmente planteada si el Congreso aprueba el proyecto de Estatuto de la Oposición, tal como ha sido concebido por la administración Samper.

La iniciativa propone que Procurador y el Control sean elegidos con base en ternas hechas con candidatos que pertenezcan a los partidos y movimientos políticos que no tengan representación en el Ejecutivo.

El proyecto precisa que se entenderá que un partido tiene participación en el Gobierno Nacional cuando alguno de sus miembros el cargo de presidente de la república, ministro o director de departamento administrativo.

La propuesta legal, conocida íntegramente ayer, busca también abrir las puertas para que partidos y movimientos de oposición tengan participación, además de los órganos de control, en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, en el Consejo Nacional de la Televisión, en el Consejo Electoral y en las mesas directivas del Congreso y de otros cuerpos colegiados.

En la exposición de motivos en ministro de Gobierno, Horacio Serpa Uribe, explica que el derecho de la representación política no se extendería al cargo de Registrador Nacional del Estado Civil, pues constitucionalmente éste no tiene funciones equiparables a las de un órgano de control.

Tradicionalmente, el registrador ha pertenecido al partido que le ha seguido en votos al del Presidente de la República.

Si prospera el proyecto, la composición de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Televisión, motivo de agrias controversias políticas durante los últimos días, sería ampliada para asegurar la participación de un delegado de la oposición.

Los delegados de la oposición al Consejo Televisión, lo mismo que a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, serían elegidos por los partidos y movimientos que no participen en el Gobierno.

La ley les reservaría también a estos partidos y movimientos dos puestos en el Consejo Nacional Electoral y dos en el Tribunal Nacional de Garantías Electorales.

En el Congreso serían Creadas las terceras vicepresidencia de Senado y Cámara y las segundas vicepresidencias de las Comisiones Constitucionales.

No solo burocracia Al sustentar las propuestas sobre la provisión de estos cargos, el Gobierno señala en su exposición de motivos que es consciente de la necesidad de fortalecer la función crítica y el control a la actividad del partido o partidos que ostentan el poder.

Si bien -agrega- los instrumentos que se establezcan a tal fin no deben estar fundamentados en concesiones de tipo burocrático, resulta apenas consecuente garantizar a los partidos de oposición su participación en cargos y dignidades que permiten y facilitan un adecuado y eficaz ejercicio de la función social que están llamados a cumplir .

Consultas sensibles Por primera vez se crearía en Colombia, a instancias de la ley, el derecho de consulta previa a la oposición respecto a temas especialmente sensibles.

En la práctica, el Gobierno oiría previamente a la oposición sobre estos asuntos: objetivos fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo y del Presupuesto General de la Nación; orientación general de la política de defensa nacional; orientación general de la política exterior; fechas y contenidos para la realización de plebiscitos, referendos y consultas populares y reformas y modificaciones a la legislación sobre partidos y movimientos políticos, estatuto de la oposición y sistema de calendarios electorales.

Para preservar las garantías establecidas en el estatuto, el proyecto propone además la creación de la Procuraduría Delegada para los Derechos de la Oposición y las Minorías Políticas.

...También deberes Además de la carta de derechos para la oposición, el Estatuto de la Oposición contendría un régimen de deberes para ésta.

Entre ellos estarían los de propender por el logro y mantenimiento de la paz; colaborar para el buen funcionamiento de las instituciones del Estado y no obstaculizar el normal desempeño de la actividad estatal.

El Consejo Electoral quedaría facultado para sancionar a los partidos y movimientos que no cumplan esos deberes.

Las faltas irían, de acuerdo con su gravedad, desde imposición de multas y suspensiones hasta la cancelación de la personería jurídica.

Réplica e información, entre las garantías El proyecto plantea que el derecho de réplica en los medios de comunicación social del Estado podría ser ejercido por la oposición frente a tergiversaciones o ataques graves, evidentes y públicos proferidos por altos funcionarios oficiales en uso de dichos medios .

El Consejo Electoral sería el encargado de conocer y evaluar las solicitudes de réplica.

El Estatuto consagraría también los siguientes derechos para la oposición.

1. Acceso a la información y documentos oficiales, que sería reconocido en condiciones preferenciales y con especial celeridad.

2. Acceso a las estadísticas económicas y sociales.

3. Acceso a los documentos sobre contratación administrativa.

4. Acceso a las ejecuciones presupuestales.

Las solicitudes serían resultas o respondidas dentro de los diez días siguientes a la fecha de su recibo.

En casos de fuerza mayor que impidieran resolver la solicitud dentro de ese lapso, el plazo podría prolongarse, pero no exceder el doble del previsto inicialmente.

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